Este sábado, la Policía Nacional informó que de las más de 5.400 llamadas que ingresaron al sistema de emergencias en un día, apenas el 22 % correspondió a urgencias reales. Los datos revelan que 8 de cada 10 personas que marcan lo hacen de manera irresponsable, saturan las líneas y ponen en peligro a los que realmente necesitan.

Durante la jornada de ayer viernes, recibieron un total de 5.430 llamadas, de las cuales 1.188 fueron intervenidas con éxito representando al 22 % de los pedidos ingresantes y, el resto, 4.242 contactos fueron de personas que no requerían de asistencia, representando a más del 80 %.

El informe también señala que fueron intervenidas más de 1.100 llamadas de emergencias, que fueron: 228 por polución sonora, 170 por violencia familiar, 142 perturbación a la paz pública, 102 accidentes de tránsitos con daño material, 83 pedidos de auxilio y 463 por otros códigos.

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El desglose de las 4.242 llamadas de no emergencia muestra que 3.266 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.352 llaman y cortan de inmediato; 582 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 332 ingresan al sistema involuntariamente.

En tanto que, 278 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 209 contactos fueron de niños jugando, 202 personas llamaron para pedir información, 111 juzgamiento inadecuado, 109 llamadas equivocadas, 31 operativas, 26 fue por dispositivo automático, insultos/obscenas fueron 9 llamadas y 1 mensajerías.

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Vecinos de los barrios Virgen de Fátima y Tablada Nueva de Asunción presentaron una acción de amparo constitucional ante el Poder Judicial, contra frigoríficos de la zona, por el faenamiento de ganado bovino y operaciones conexas, alegando contaminación ambiental y riesgos a la salud. Se sumaron al pedido, algunas empresas.

Según explicación de los afectados, el amparo busca proteger los derechos constitucionales a un ambiente sano, a la salud, a la calidad de vida y a la integridad de las personas que viven, trabajan o estudian en estos barrios densamente poblados.

Los vecinos aseguran sufrir, desde hace años, olores nauseabundos, contaminación de arroyos, especialmente el Mburicao. Asimismo, la invasión de moscas y otros insectos, generando malestares como dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos y problemas respiratorios.

Aseguran que estos problemas están vinculados al faenamiento de ganado y a las actividades relacionadas con procesamiento de vísceras, graserías, curtiembres y quema de huesos, que se realizan en plena zona residencial, cerca de viviendas, escuelas y centros de salud.

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“La acción está basada en que estas actividades generan un daño ambiental continuo, acumulativo y de difícil reparación, que afecta a miles de personas y resulta incompatible con el carácter residencial de la zona y con los derechos constitucionales vigentes”, señala el documento. A esto se suma el peligro de incendios y fugas de gases tóxicos, como los ocurridos en 2021 y 2023.

A pesar de la prohibición vigente de circulación de camiones de ganado en pie en la zona (Ordenanza N° 197/25), las actividades continúan. Según el amparo, esto ocurre en un área donde el Estado está invirtiendo en proyectos de “corredor verde” y mejoras urbanas.

Los vecinos y organizaciones presentaron reiteradas denuncias y reclamos ante la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público. También se realizaron audiencias públicas en el Congreso Nacional (Cámara de Diputados) y en la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, hasta la fecha no se logró una solución efectiva ni un control técnico integral, continuo e independiente que detenga la contaminación y proteja a la población. Por eso recurrieron a la vía judicial.

Ante dicha situación, piden el cese de la faena de ganado y de todas las actividades conexas de los frigoríficos demandados. Suspender la circulación de camiones de transporte de ganado en pie por la zona. La mudanza definitiva de las instalaciones, con un plazo máximo de seis meses y el cierre de los establecimientos conexos que procesan subproductos animales (vísceras, huesos, grasas, etc.).

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Vecinos de Fernando de la Mora denunciaron que están siendo víctimas de amedrentamiento de parte de la Municipalidad por haber colocado algunos carteles relacionados con el pésimo estado de las calles. En tanto, el equipo periodístico de Nación Media (GEN y Universo 970AM) también fue víctima de censura de parte de algunos funcionarios.

El camarógrafo Rodrigo Benítez fue agredido cuando intentaba realizar algunas filmaciones en la oficina de la Secretaría General. “Nos amedrentaron, específicamente a mi compañero Rodrigo Benítez. Vino una persona y agarró nuestra cámara, quiso obligar a mi compañero a que abandone el edificio”, relató el cronista Joel Corvalán.

En tanto, la candidata a intendente por la Alianza Despertar Ciudadana, María Stela Invernizzi, llegó hoy hasta la comuna local, en representación de los afectados, acompañada de una delegación, a pedir explicaciones al respecto.

“Venimos a conversar con el intendente, y lastimosamente, no está en su oficina. Hemos solicitado audiencia con la secretaria general Nilza Sánchez, y tampoco se encuentra”, comentó Invernizzi en declaraciones al programa Arriba hoy de canal GEN y Universo 970AM.

Ante la ausencia de ambas autoridades, solicitaron audiencia con el director jurídico. “Para que nos den alguna explicación, qué normativa estamos quebrantando con los carteles que hemos puesto a media cuadra, en vista de que están recibiendo las propietarias amenazas, hostigamiento, desde la Municipalidad para que retiremos los carteles”, indicó.

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Por su parte, Alejandro Fernández, responsable de la cartelería y candidato a concejal, confirmó el amedrentamiento. “Los dueños nos expresaron que desde el mismo día que amanecieron los carteles de “Bienvenidos a Fernando de la Mora, la capital del bache”, estuvieron siendo hostigados, tanto por la secretaria general Nilza Sánchez como por el asesor jurídico de la Municipalidad”, refirió.

Asimismo, las amenazas fueron varias. “Estuvieron recibiendo amenazas todos los días con que iban a ser notificados, multados, se les iba a poner trabas en cuanto a su patente comercial, se les iba a hacer problemas con el pago de impuestos también”, añadió.

En ese contexto, cuestionó la actitud de las autoridades municipales. “A nosotros nos parece ridículo tener que estar discutiendo sobre dos carteles que no hacen daño a nadie, siendo que en vez de poner tanto esfuerzo en tapar los carteles, deberían tapar los baches”, expresó.

“Nos amedrentaron, específicamente a mi compañero Rodrigo Benítez. Vino una persona y agarró nuestra cámara, quiso obligar a mi compañero a que abandone el edificio”, relató el cronista Joel Corvalán.

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Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.

La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.

La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.

Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.

En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.

El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.

Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.

En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.

Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.

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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.

Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.