La fiscal Lourdes Bobadilla ordenó el allanamiento del hangar PZ Flight, donde ayer martes se incautó una avioneta a nombre de Francisco Bracho Espínola, de 34 años, funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJT) y contratado con un salario de G 2.300.000.
La avioneta está vinculada al clan Insfrán en el marco de la investigación del mega operativo A ultranza Py, que investiga el lavado de dinero proveniente del narcotráfico en nuestro país. El hombre cuenta con 14 años de antigüedad y niega que la aeronave sea de su propiedad, pese a que figura a su nombre.
Bracho argumentó que no cuenta con condiciones económicas para ser dueño del aparato. Además, relató que extravió su cédula de identidad en mayo del año pasado, por lo que presentó una denuncia en una comisaría en ese mismo mes de 2021.
La fiscal del caso le solicitó que presente este documento en la audiencia en sede fiscal ante el fiscal Deny Yoon Park, esta mañana. “Soy una persona con salario mínimo, no tengo nada a mi nombre, ni siquiera poseo casa propia. En mayo pasado perdí mi cédula en zona de Fernando de la Mora”, afirmó Bracho.
Señaló que este año cumple 15 años en la institución y que no cuenta con padrinos políticos y aseguró que nunca firmó ningún contrato sobre ninguna avioneta. Espera que las autoridades verifiquen su historial financiero, donde figura como moroso en diversas entidades financieras.
“Ayer me enteré por mi jefa que me envió un enlace de Twitter sobre la noticia. En ese momento me preparo para presentarme en la Fiscalía. Lastimosamente no estaba presente el fiscal y me piden que vuelva hoy. Ni G. 500.000 no me van a dar de crédito”, dijo Bracho, esta mañana, en contacto con C9N.
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Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.
Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.
Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.
La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.
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Liberan a conductor y entregan camioneta por no estar vinculado con A Ultranza Py
El pasado 12 de abril, en un operativo de control fue detenida una camioneta Toyota Hilux de color blanco en poder de un hombre, que presumieron que estaría vinculado con el operativo A Ultranza Py. El conductor afirma que no quedó detenido y que el rodado no fue incautado, como se informó.
Se trata de Fermín Daniel Parra Gamarra, quien estaba al mando del rodado que pertenece a la empresa donde trabaja y que le fue designado ese día para su uso. Esta camioneta está a nombre de un diputado procesado, pero que no estaría vinculado al operativo. Posterior al control Parra fue liberado.
“Esa camioneta no tiene ninguna orden de captura o de intervención, tampoco está en la Fiscalía o una comisaría en carácter de incautado. Mucho menos yo, incluso no se nada del caso a Ultranza, soy solo un empleado a quien designaron ese vehículo ese día”, detalló Parra en entrevista con La Nación/Nación Media.
El trabajador contó que fue detenido sobre la avenida Eusebio Ayala, en un control policial y que le solicitaron que acompañe a los agentes hasta la dirección de Automotores de la Policía para confirmar la situación del rodado. “Les expliqué que solo era el chófer y que estaba llevando algunos materiales a una obra”, confirmó.
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Agregó que luego de unas horas se corroboró que el rodado no tiene nada que ver con la investigación de A Ultranza Py y que nuevamente fue liberado del control. “El comisario me pidió que firme un acta de que se intervino el rodado y que yo estaba manejando, pero que el fiscal ordenó la liberación”, aseguró.
Parra indicó que esta camioneta aún está a nombre del diputado y que no se puede transferir mientras dure su proceso, pero que ya fue entregado a la empresa en la que trabaja. “Ese día se corroboró que el rodado está inscripto del año 2014 y que la investigación comenzó en el 2019, por lo que nada tienen que ver con el operativo A Ultranza. Entonces terminó ahí”, detalló.
Lamentó que se haya filtrado su nombre y que lo hayan relacionado con la investigación de este caso. “Salió mi foto y mi nombre, dijeron que yo estaba detenido y eso no es cierto. Me está afectando en el trabajo, mi familia y mi nombre, porque al buscarme en redes sociales o google sale que estoy ligado con el narcotráfico y lavado de dinero”, puntualizó.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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