El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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Escalofriante relato de hechos en el que el sospechoso para cubrir sus abusos amenazaba de muerte a sus sobrinos de 13, 11 y 8 años.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños cometido supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos puni­bles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma siste­mática desde principios de 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la colonia San Isi­dro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fis­cal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexual­mente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicar­las en las redes sociales y le entregó como regalo un apa­rato celular.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, el sos­pechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la pri­mera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza, la niña reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocu­rrido, hechos que se repitie­ron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien pro­metió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo suce­dido. Finalmente, las vícti­mas contaron las agresiones que sufrieron y la familia for­malizó la denuncia.

Villeta es el distrito con mayor extensión territorial de Central y es conocida como el polo de desarrollo industrial y portuario más importante del país. Pero en 15 años de gestión liberal, el distrito fue quedando de lado en cuanto a las inversiones en infraestructura, por lo que urge un plan de mantenimiento de rutas y caminos vecinales. Al respecto, el candidato ganador por la Lista 1 del Partido Colorado, Juantri Gamarra, sustenta sus proyectos electorales en el músculo económico de la ciudad.

En una comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que Villeta cuenta con más de 80 industrias de alto nivel. Mencionó ejemplos como Puerto Seguro, que emplea a más de 400 personas, y otras plantas que manejan entre 500 y 1.000 funcionarios. Por ello, su propuesta de gobierno se enfoca en coordinar de forma directa el municipio con el sector privado y el Gobierno Nacional para llevar inversiones importantes y de ese modo mejorar la ciudad.

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Gamarra comentó que se presenta ante los villetanos como una opción renovadora para el municipio, ya que con solo 39 años de edad, se considera como una “una figura nueva y joven” con un pensamiento diferente para romper la fatiga política del electorado.

“Nuestra idea es recuperar el municipio, tenemos un gran desafío, que es después de 15 años volver a la intendencia con el Partido Colorado. Por ello, estamos trabajando con el equipo ya unificado por la Lista 1, con tres propuestas fundamentales para nosotros. Primero, el mantenimiento de las rutas y caminos, hace muchísimo tiempo se dejó de hacer y hoy están destrozados. Queremos trabajar con Obras Públicas", comentó.

Como segundo eje de su propuesta electoral, Gamarra señaló que está trabajando en un plan para implementar buses internos administrados por la propia municipalidad “Mi Bus Municipal”, que conecten las compañías internas y acerquen a los trabajadores hasta los puntos de trasbordo en Ypané y Guarambaré, enlazando con el transporte metropolitano.

Mientras que como tercera propuesta ya está trabajando en un proyecto que le permita crear una Dirección del Empleo municipal que funcione como puente de tres vías: Municipio + Industrias + SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional). Indicó que el objetivo es capacitar a los villetanos según la demanda real de las empresas para que la mano de obra local cubra las vacantes.

“Queremos que los villetanos puedan tener sus espacios laborales dentro de Villeta; acá tenemos más de 80 industrias que hoy tiene entre 500 a 1.000 funcionarios. Por eso, pensamos en un departamento o dirección del empleo que conectará el municipio, la industria y el SNPP. Capacitar a la gente y pueda lograr un puesto laboral dentro de la comunidad. Contaremos con la información de qué necesitan las industrias, la municipalidad va a contactar a los que necesitan trabajo", indicó.

Juantri Gamarra se quedó con la candidatura oficial de la Lista 1 por la Asociación Nacional Republicana, tras cosechar 5.001 votos durante las internas partidarias por el movimiento Honor Colorado. Destacó que en las internas del pasado 7 de junio casi el 65 % del padrón colorado local, que está por el orden 16.000 electorados habilitados, se constató que pasaron por las urnas aproximadamente de 11.000 votantes.

A esta destacada participación, Gamarra la califica como un hito histórico para la ANR en Villeta. Igualmente, mencionó que se siente muy confiado en su campaña con miras a las elecciones generales del 4 de octubre, ya que está logrando una fuerte aceptación por fuera de la ANR, sumando a personas sin afiliación partidaria que buscan un cambio de timón en la ciudad.

“La gente quiere acompañar a gente nueva. Soy una persona joven, tengo 39 años, pido una oportunidad para trabajar por la ciudad. La gente está con la idea de buscar gente nueva, que tenga otro pensamiento y tenemos una gran aceptación, no solamente dentro del Partido Colorado, sino también personas que no están afiliadas a ningún partido, que hoy se están acoplando y al equipo van a poder acompañar", concluyó.

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La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.

“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.

Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.

“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.

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Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.

La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.

La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.

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