Los Agentes Especiales del Departamento Regional N° 3 de la Senad, en coordinación con la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Itapúa, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Paraíso de la ciudad de San Juan del Paraná.

Durante el procedimiento fueron detenidos Rigoberto Quiroga Benítez, de 42 años, quien contaba con medidas cautelares de arresto domiciliario por infracción a la Ley 1340/88 y su modificatoria, y César Aníbal Aldana Silvero, de 27 años, declarado rebelde y con orden de captura por hurto agravado y otros hechos.

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En el lugar fueron incautadas drogas equivalentes a más de 30 dosis de cocaína y pasta base, además de dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de estupefacientes, aparatos celulares y otros objetos vinculados a la actividad investigada.

El operativo fue acompañado por el agente fiscal Enrique Forneron, de la Unidad N° 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Itapúa. El representante del Ministerio Público deberá seguir investigando el presente caso y a su vez ya presentó la imputación contra los dos detenidos.

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Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales y coordinador del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), confirmó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Remarcó que esta investigación, que continúa abierta, no solo es una prioridad para la Fiscalía paraguaya, sino que para toda la comunidad jurídica internacional penal.

Brindó estas declaraciones durante el acto de homenaje que se llevó a cabo este sábado frente al busto del fiscal Pecci en el Ministerio Público de Asunción, en el marco del cuarto aniversario de su asesinato en Colombia, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como Maricel Albertini, madre de Pecci, y los fiscales Francisco Cabrera, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, que integran el ECI.

“Este equipo está en permanente contacto con sus pares de Colombia, y toda información que surja respecto al caso debe ser compartido por los dos equipos de la fiscalía paraguaya y colombiana”, manifestó Rolón ante la prensa, puntualizando que la carpeta fiscal que aún sigue vigente y que su contenido es “altamente confidencial”.

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A su turno, el fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que, a partir de las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Correa Galeano, se formó una carpeta fiscal el 9 de octubre del 2023, en la cual se han registrado muchísimas actividades de cooperación internacional que ya fueron divulgadas.

Recordó que el 21 de octubre del 2024 se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación como una herramienta de vanguardia en materia de cooperación internacional que permite desplegar investigaciones conjuntas, coordinadas y estratégicas con las autoridades competentes de la investigación penal en Colombia.

Como novedad, el fiscal Doldán informó que este mismo equipo conjunto mantuvo una reunión presencial en Panamá, como territorio neutral, en marzo pasado, que no se dio a conocer mediáticamente, sobre la base de guardar sigilo de las diligencias investigativas.

“Los equipos conjuntos de Paraguay y Colombia nos reunimos en la ciudad de Panamá, una ciudad neutral bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de Naciones Unidas, y hemos estado trabajando en ese lugar donde se afianzaron las capacidades investigativas de ambos países, se concentraron las diligencias investigativas y se exploraron aspectos que fueron dejados de lado a lo largo de la investigación, principalmente en territorio colombiano”, precisó.

“Desde luego, por cuestiones de sigilo y confidencialidad judicial sobre todo en la necesidad de preservar los actos investigativos y diligencias sensibles no podemos contar las particularidades y especificaciones muy claras”, expresó.

Remarcó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales responsables de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. “Sí, podemos decir que bajo la necesidad del sigilo que nos impone el instrumento de cooperación técnica, así como la investigación de la envergadura como esta, que es transnacional, vinculada sin lugar a dudas al crimen organizado, esto nos exige celo absoluto de parte de los fiscales y una prudencia investigativa en la que estamos comprometidos en mantenerla hasta el final”, aseguró.

“Este caso va a terminar cuando todas las personas, todos los participantes del hecho tengan una condena ejemplar”, remarcó. En cuanto a la hipótesis de que la orden de asesinar al fiscal Pecci habría salido de Paraguay, Doldán señaló que es una variable positiva, lógica y que está siendo manejada desde el Ministerio Público.

Mencionó que se ha formalizado una cooperación con los Estados Unidos, también es de carácter reservado. Doldán señaló que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia y aguardando que se levante el recelo judicial en Virginia para comenzar a compartir información en el marco de la detención de Sebastián Marset. Precisó que el ECI está llevando adelante el trabajo de rastreo de fuentes financieras.

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La derechista Laura Fernández asumió ayer viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América. En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico. “Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, dijo, al señalar como inaceptable que “el narcotráfico encuentre grietas” en el sistema democrático costarricense.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador. “Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad. Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. “Ya no más alcahueterías”, subrayó.

Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado “gobierno de la continuidad”. Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.

“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar”, dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.

Opositores y analistas consideran que su proyecto apunta a una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, criticada por grupos de derechos humanos.

“Vamos a revisar nuestra institucionalidad (...) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría”, aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.

Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá “una diarquía (gobierno compartido)” y riesgo de una “concentración de poder” en un expresidente “con tentaciones autoritarias”.

Constantino Urcuyo, doctor en sociología política de La Sorbona, cree que el “modelo Bukele no tiene cabida en Costa Rica”, pese al giro a la derecha y rasgos de “autoritarismo” en el gobierno saliente.

Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.

Al ser nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda, mantendrá inmunidad frente a investigaciones que lo señalan de corrupción y de hacer campaña a favor de Fernández, lo cual tenía prohibido por ley.

Aliada, como Chaves, de Donald Trump, la segunda mujer en gobernar Costa Rica afianza a la derecha en Latinoamérica, tras recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras. En su giro a la derecha, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos, acepta 100 deportados mensuales desde Estados Unidos y se adhirió al Escudo de las Américas, una alianza antidrogas continental liderada por Kristi Noem.

A la investidura asistieron el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, Noem, el rey Felipe VI y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Dominicana. Bukele se ausentó.

Washington ha retirado visas a críticos al gobierno y hace poco a los directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Chaves llama “prensa canalla”.

Costa Rica retrocedió en libertad de prensa y derechos sexuales, según oenegés humanitarias.

Hija de agricultores, católica y madre de una niña pequeña, Fernández se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Eligió llamarse presidente, sin “a”. Aunque la pobreza bajó del 23% al 15% en cuatro años, Costa Rica es el sexto país latinoamericano más desigual y el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaja más -tras México-, pero cuyos empleados ganan menos.

Fuente: AFP.

El gobierno de Colombia dispuso la suspensión de las órdenes de captura de “Chiquito Malo”, jefe del mayor cartel del narcotráfico y 28 miembros más de la organización, pese a que se había comprometido con Estados Unidos a redoblar su persecución, según un documento oficial divulgado el viernes.

“Chiquito Malo” lidera el poderoso Clan del Golfo, considerado terrorista por Washington, que negocia su desarme en Catar a cambio de beneficios penales desde septiembre del año pasado. Los diálogos forman parte de la agonizante política de paz del izquierdista Gustavo Petro, quien intenta alcanzar algún acuerdo con los principales grupos armados del país, antes de dejar la presidencia en agosto.

En un documento fechado el 29 de abril, el consejero presidencial de paz Otty Patiño pide a la fiscalía la suspensión de las órdenes de captura a favor Jobanis de Jesús Ávila, nombre real de Chiquito Malo, y otros miembros del Clan.

La intención es que puedan ingresar a una zona del noroeste del país designada por el gobierno para seguir con las negociaciones de paz, según un comunicado en X de la oficina del Alto Comisionado de Paz.

El abogado del grupo criminal dijo a finales de abril que veía “imposible” lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato de Petro el 7 de agosto.

En febrero, Petro acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, redoblar la persecución de los principales capos narco colombianos, entre ellos Chiquito Malo, durante una visita a la Casa Blanca que puso fin a meses de tensión diplomática entre los aliados históricos.

Washington retiró el año pasado a Colombia la certificación de aliada antidrogas al considerar insuficiente su lucha contra el narco.

El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga y sus lucrativas rentas, que están en el foco de la ola violencia en el país.

Chiquito Malo, un criminal hermético de baja estatura, dirige desde 2021 la banda criminal que opera bajo un modelo de franquicias en reemplazo de Otoniel, capturado ese año y extraditado a Estados Unidos. El grupo ha aumentado sus filas bajo su mando, según cifras de las autoridades.

Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro. El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).

En el área operan disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo. Petro aseguró en X que el responsable del crimen es un líder guerrillero llamado Jhon Edison Chalá Torrejano.

“La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, dijo el mandatario. La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que Pérez era “una voz fundamental para la comunidad local”.

“Enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, según la organización que defiende al periodista en Colombia.

Pérez era director del medio digital El Confidente de Yarumal, donde reportaba sobre el crimen, orden público, la política y la corrupción.

La región donde fue asesinado es una “zona de disputa” entre el mayor cartel del narcotráfico conocido como el Clan del Golfo y una disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz del 2016, indicó la FLIP.

Petro frenó el 21 de abril las negociaciones de paz con este grupo rebelde por incumplimientos a los acuerdos.

Desde septiembre el gobierno negocia la paz en Catar con el Clan, considerado un grupo terrorista por Washington.

A cuatro meses de dejar el poder, el presidente enfrenta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz.

Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.

La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encarga de proteger los derechos humanos, había informado el jueves que Pérez viajó “para realizar cubrimiento periodístico sobre los recientes hechos de confrontación armada”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó un operativo militar para ubicarlo. Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP.

Fuente: AFP.