La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, Mirna Gallardo, destacó este miércoles la reglamentación del Poder Ejecutivo de la ley “Que regula la carrera profesional del personal de enfermería del sector público”, que busca mejorar sustancialmente la situación de los trabajadores del sector.
“A partir de esta ley se logra cinco niveles dentro de la carrera y se va avanzando a lo largo de la vida profesional, cumpliendo los requisitos para cada nivel. Cumpliendo con estos procesos la enfermera puede ir progresando con este escalafón”, explicó la presidenta del gremio en comunicación con la radio 780 AM.
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Mencionó que anteriormente las enfermeras que ingresaban a trabajar ganaban lo mismo que aquellas que tienen años de experiencia específica, formación y especialización, pero la promulgación y reglamentación de la normativa cambia considerablemente la situación de los profesionales del sector.
Gallardo indicó que en el sector seguirán fomentando los concursos de méritos y aptitudes para el ingreso de las enfermeras y los enfermeros al sistema de salud, siendo la meritocracia la única alternativa para los trabajadores para ser contratados y nombrados.
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“La puerta de entrada para esta carrera profesional es el concurso de títulos, méritos y aptitudes. A partir de este momento la meritocracia va a ser el norte para nuestra profesión. El resultado final es satisfactorio porque hemos trabajado desde la construcción del proyecto”, agregó la presidenta del gremio.
El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que regula la carrera profesional de enfermería. La normativa fue promulgada en el mes de octubre del año pasado, que contempla un sistema gradual y escalonado de mejoras salariales para el personal. También garantiza la permanencia en la carrera con base en la idoneidad demostrada.
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Gobierno llama al diálogo para fortalecer reforma de Caja Fiscal
El Gobierno nacional impulsa una instancia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consensos entre los sectores involucrados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, solicita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.
La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diálogo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.
“En conversación con el presidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reunión de trabajo con los distintos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fiscal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresidente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar eventuales ajustes al texto aprobado por Diputados.
REUNIONES CON INVOLUCRADOS
Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reuniones previas con los actores involucrados, antes del tratamiento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está convocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modificaciones o sugerencias, estuvimos coordinando eso”, indica.
La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciativas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sistema previsional estatal registra un déficit creciente desde hace más de una década, impulsado principalmente por regímenes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficiarios. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.
AJUSTES DE PARÁMETROS
El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, además de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han generado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efectos en derechos adquiridos.
En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.
El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercambio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.
La seguridad social debe ser sostenible, asegura diputado
“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.
“Esta reforma no los perjudica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afectados por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectivamente sus haberes. La seguridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.
A TIEMPO DE EVITAR QUIEBRA
“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero únicamente si tomamos decisiones responsables y estructurales”, advirtió el parlamentario en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.
Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legisladores opositores y disidentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.
A dichas afirmaciones se suman las amenazas provenientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para truncar el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.
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Reglamentación de APP busca acelerar inversiones y obras claves tras grado de inversión
Con la reciente reglamentación de la ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraestructura, con impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en el crecimiento económico y social.
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la normativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.
La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los procesos vinculados a obras de infraestructura con financiamiento privado, fortaleciendo la participación del sector privado y mejorando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas.
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El decreto es el resultado de un trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provistos al Estado.
Entre los principales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás entidades públicas.
La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idoneidad temprana de los proyectos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimentales, reglas para casos de oferente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desempeño y auditorías internacionales.
Desde el ámbito económico, la reglamentación llega en un momento clave. Con un mejor posicionamiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyectos de infraestructura prioritarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.
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Gobierno fija incentivos energéticos para atraer industrias convergentes
Mediante el Decreto N.º 5306, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión para el desarrollo de industrias convergentes y una tarifa especial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las empresas que integran el sector.
Al respecto, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, mencionó a la 1.000 AM que esta es una medida que tiene por objetivo impulsar la instalación y el desarrollo del país de industrias convergentes, orientadas a actividades de operadores de hiperescala, excluyendo a las actividades de minería de criptoactivos.
En el decreto se fijó una tarifa diferencial para las empresas que integran el rubro y en el cual se detalla que las industrias convergentes son aquellos ecosistemas productivos de alta sofisticación técnica. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como el Mitic, habían remitido un informe técnico, según el documento.
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A su vez, comentó que el decreto no vulnera los reglamentos de la Ande. “Uno tiene que mirar cuál es el excedente que se tiene y cuánto se transfiere al lado brasilero y cuánto nosotros dejamos de lado el potencial”, dijo Villate.
Atracción de industrias
Añadió que pensando en el crecimiento industrial de nuestro país, se debe aprovechar el excedente de energía que tenemos. “Lo que busca este decreto es justamente posicionar al país aprovechando la energía y la potencia para hacer la atracción de las industrias que ayuden lo que es la competitividad país y que ayuden a generar mano de obra”, resaltó.
En ese misma línea, destacó que la energía puede convertirse en un valor agregado para seguir exportando. “No solamente en lo que hace a los commodities como la soja, sino también lo que son los servicios manufacturados o por qué no, cómputos de inteligencia artificial”, dijo sobre lo que busca el decreto.
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Las industrias son aquellas que integran de manera intensiva el recurso energético estable y renovable como insumo crítico para la generación de valor, ya sea a través de infraestructura computacional de vanguardia, procesos de manufactura avanzada o síntesis físico química de vectores sostenibles.
Asimismo, se caracterizan por operar bajo estándares de calidad certificados, regímenes de producción continua y por generar encadenamientos productivos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para incorporar innovaciones tecnológicas disruptivas.
La medida tendrá validez por 15 años y establece una tarifa para el Grupo de Consumo de Energía Eléctrica para Industrias Convergentes en los niveles de extra alta tensión hasta 500 kV, muy alta tensión hasta 220 kV, alta tensión 66 kV y media tensión de 23 kV.
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Peña reglamenta la Ley de PGN 2026
El presidente de la República, Santiago Peña, reglamentó la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026 mediante el Decreto n.° 5311, estableciendo el marco normativo para la ejecución del gasto público y otorgando amplias facultades de control al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La reglamentación se da tras la promulgación del PGN 2026, realizada el pasado 31 de diciembre, que incluyó los USD 55 millones adicionales incorporados por el Congreso Nacional. El presupuesto final aprobado asciende a G. 149,6 billones, lo que representa un incremento de 12,3%, equivalente a G. 16,4 billones, en comparación con el presupuesto inicial del 2025.
Desde el MEF destacaron que la normativa se rige por criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, con énfasis en la protección social de los sectores más vulnerables, en línea con los objetivos económicos y sociales del Gobierno.
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La reglamentación consta de 17 capítulos, que abordan los ejes centrales de la administración financiera del Estado, entre ellos el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el sistema presupuestario, el régimen de remuneraciones del personal y el sistema de inversión pública.
El decreto define los lineamientos para la correcta implementación del PGN 2026 y orienta a las instituciones públicas en la gestión financiera, con el objetivo de garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales, así como el cumplimiento de las metas macroeconómicas y sociales.
En ese contexto, el MEF subrayó que este esquema de gestión responsable fue clave para que Paraguay alcanzara el grado de inversión, otorgado por Moody’s y Standard & Poor’s, un logro histórico que fortalece la confianza de los mercados, promueve la inversión y consolida las bases para un crecimiento económico sostenible.