En el departamento de San Pedro, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social permitió avanzar en el monitoreo de 11 instituciones educativas del distrito de Itacurubí del Rosario, con un enfoque centrado en el fortalecimiento de la calidad educativa y las condiciones de aprendizaje.

La intervención fue ejecutada por el equipo de la Unidad de Salud de la Familia (USF) San Alfredo, en el marco de la estrategia Escuela Saludable, priorizando no solo la salud de los estudiantes, sino también el entorno educativo como factor clave para el desarrollo académico. La jornada contó con la participación de autoridades escolares, docentes y referentes sanitarios de la región.

Durante las visitas, se puso especial énfasis en la infraestructura edilicia, considerando que espacios adecuados, seguros y funcionales inciden directamente en el rendimiento escolar. Aulas en condiciones óptimas, accesos adecuados y áreas comunes bien mantenidas fueron algunos de los aspectos evaluados para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje.

Asimismo, se realizó el seguimiento de los proyectos pedagógicos y preventivos, analizando su implementación y alcance dentro del calendario escolar. Estas iniciativas son consideradas fundamentales para fortalecer la formación integral de los estudiantes, incorporando contenidos que promueven hábitos saludables y valores comunitarios.

Otro punto abordado fue el control del Programa Hambre Cero, entendiendo que una alimentación adecuada es determinante para el desempeño académico. La supervisión del servicio alimentario buscó asegurar que los estudiantes reciban una nutrición que favorezca su concentración y desarrollo cognitivo.

Las instituciones alcanzadas por este monitoreo incluyen colegios y escuelas emblemáticas del distrito, como el Colegio Nacional Jacinto Colarte, la Escuela Básica Augusto Roa Bastos y el Colegio Nacional Don Bosco, entre otras, consolidando un abordaje integral en distintos niveles educativos.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la calidad del sistema educativo, al integrar salud, infraestructura y pedagogía en un mismo enfoque. Subrayaron además que una escuela en condiciones adecuadas no solo impacta en el aprendizaje, sino también en la permanencia y el bienestar de los alumnos.

La estrategia Escuela Saludable se consolida así como una herramienta clave para transformar las instituciones educativas en espacios que favorezcan el desarrollo pleno de niños y niñas, articulando esfuerzos entre sectores para garantizar una educación de calidad en todo el país.

Padres de un alumno del tercer grado de una escuela de Obligado, departamento de Itapúa, denunciaron a una maestra luego de que se viralizara un video en el que se escucha cuando maltrata a un menor. Desde el Ministerio de Educación (MEC) ordenaron que la docente sea apartada del cargo en tanto dure la investigación.

Según el reporte, el hecho se registró el lunes 16 de marzo y el miércoles la Supervisión Departamental intervino la institución para poder activar el protocolo correspondiente y apartaron del cargo a la profesional. La misma era docente del tercer grado y encargada de despacho de la institución.

“Aparentemente fue un llamado de atención por parte de la docente. Como Ministerio estamos llamados a aplicar las medidas cautelares y a comunicar a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni). Nuestra normativa penal establece como un hecho punible el maltrato a menores“, dijo Liz Barboza, asesora de la Dirección Departamental de Educación, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que será el Ministerio Público el que determinará si existió o no un hecho punible por parte de la docente. “No podemos permitir que la profesional tenga contacto con niños durante el proceso y la apartamos del cargo en tanto dure la investigación en cumplimiento de la resolución 203 y en concordancia de la resolución 784 que nos autoriza a aplicar medidas cautelares”, refirió.

Afirmó que hasta este evento no habían recibido quejas u otro tipo de denuncias de maltrato por parte de las maestras. “La primera vez que tomamos conocimiento fue con el vídeo. En el que la docente hizo un llamado de atención constante al estudiante y fue muy cuestionable el tono de voz y la forma”, puntualizó.

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“Se realizó un trabajo articulado de muchas semanas y se hizo un acuerdo muy interesante para los docentes”, sostuvo el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, en torno al proyecto de reforma de la caja fiscal que será analizado este miércoles por el Senado.

Señaló que ante ese escenario no existe “un elemento” que justifique el paro total de actividades aplicado por los docentes desde ayer martes y que seguirá este miércoles. “El inicio de la movilización tuvo un acatamiento entre el 80 al 90 %, es bastante alto”, expresó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Se estima que el poder de convocatoria en la fecha será el mismo o que incluso aumentará. Los educadores de diferentes puntos del país nuevamente se aglomerarán en la Plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional, para seguir el tratamiento de la propuesta que será modificada por los senadores ante el rechazo del proyecto aprobado en febrero por los Diputados.

Ramírez también consideró prudente que los Diputados se tomen el tiempo suficiente para analizar las modificaciones que serán aprobadas en el Senado. “Puede ser que ellos necesiten más tiempo para interiorizarse y creo que es justo para que puedan compartir la información en sus respectivas bancadas, creo que esto se puede dar y es legítimo que eso ocurra”, puntualizó.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, encabezado por Silvio “Beto” Ovelar dictaminó ayer martes por la aprobación de la iniciativa con modificaciones luego de mantener una reunión conjunta con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos y representantes del MEC.

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Los cambios planteados por dicho órgano asesor serían planteados al plenario en la fecha para su consideración, todo apuntaría a que los mismos serán acompañados, teniendo en cuenta que también fueron consensuados con los sectores afectados, especialmente el gremio docente.

Entre los puntos acordados se fijo que el aporte estatal será del 10 % y que los sectores deficitarios deberán aportar un 19% al cierre de cada año, en lugar del 16% actual.

En relación con la jubilación ordinaria, la tabla establecida en el proyecto contempla la posibilidad de acceder al beneficio a partir de los 53 años de edad con 25 años de aportes, como requisito mínimo, aunque el trabajador puede optar por continuar en actividad. La escala se extiende hasta los 58 años de edad y más de 30 años de aportes.

Cuanto mayor sea la edad y los años de servicio, mayor será el porcentaje de la jubilación, que oscilaría entre un mínimo del 78 % y un máximo del 90 %. La denominación de jubilación extraordinaria quedará restringida a situaciones vinculadas con enfermedades o incapacidades, las cuales estarán reguladas conforme a lo establecido en la ley.

Aquellas personas que, al momento de la sanción de la nueva ley, cuenten con más de 20 años de aportes podrán optar entre acogerse al sistema vigente o al nuevo régimen, atendiendo a uno de los pedidos planteados por los gremios.

El cálculo del haber jubilatorio se realizará sobre un periodo de cinco años, excepto en los casos en que el funcionario haya tenido un aumento en el número de turnos cubiertos, situación en la que el cálculo se realizará sobre un periodo de diez años. Precisó que esta disposición afectará principalmente al sector docente, a docentes universitarios y a magistrados. La reforma entrará en vigencia desde el momento de su promulgación.

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El secretario general de la Organización de Trabajadores y Educadores del Paraguay (OTEP-A), Gabriel Espínola, informó que el sector docente irá a un paro total de actividades a nivel país, este martes 10 y miércoles 11 de marzo, razón por la cual no habrá clases como medida de presión contra una eventual sanción de la versión de Diputados del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“Las movilizaciones inician mañana martes y se extenderán a todas las instituciones de la República, en todos los niveles y modalidades. Los puntos de concentración ya están previstos y, el día miércoles, un número importante se trasladará hasta la capital“, refirió el gremialista, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Pese a las diversas reuniones con las autoridades para llegar a un consenso, el sector docente sigue especulando que la Cámara de Senadores pretendería acompañar la versión de Diputados, tras haberse postergado el estudio de la iniciativa ejecutiva, sin plazo establecido (sine die).

“El hecho de que se haya levantado el tiempo del tratamiento del proyecto, que iba a ser el 25 de marzo, nos genera a nosotros de vuelta la desconfianza si en realidad lo que estamos tratando en las mesas técnicas con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tiene encaminamiento o no”, refirió Espínola.

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal, aprobado en Diputados y rechazado por los gremios afectados, establece que el aporte patronal o estatal será del 5 %, el cual será aplicado de forma gradual, iniciando desde un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir, en el 2030. Mientras que el aporte personal, de sancionarse la versión Diputados, seguirá en un 16 % para funcionarios con superávit y un 19 % para los sectores deficitarios, en este último caso corresponde a docentes, magistrados y fuerzas públicas.

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Respecto a la edad para acceder al beneficio para los docentes y magistrados se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %.

Mientras que para la extraordinaria se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, además de una tasa de sustitución de 70 %. El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas se propone una edad mínima de 57 años, 25 años de aporte y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.

Por su parte, Carlos Silvero, de la Asociación de Suboficiales Retirados, indicó que hoy prevén una mesa de diálogo entre los miembros con el fin de emitir una sola postura. “Desde el Estado se dice que nuestros derechos adquiridos no serán tocados, pero hay algunas pequeñas lagunas en el proyecto de ley que podrían convertirse mañana en un océano, no están claras las reglas en algunos de los artículos”, comentó.

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