El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que iniciarán una auditoría combinada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Jorge Brítez. Los resultados de la fiscalización serán publicados en julio del 2026.

Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubilados y las inversiones financieras realizadas por la previsional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.

“Ya tenemos un plan de auditorías para el 2025 que empezará mañana y que formará parte del informe del 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja", sostuvo en una conferencia de prensa.

Benítez acotó: “vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley“. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el liberal Dionisio Amarilla.

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Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administrativas y contables, que podrían constituirse en hechos punibles. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de sinceridad de los estados contables”, comentó.

Benítez siguió argumentando que “todas las instituciones del Estado deben presentar un plan de mejoramiento. Se hará una mesa de trabajo con la asesoría jurídica para ver si estas observaciones tienen indicios de hechos punibles para que sean remitidos al Ministerio Público“.

Benítez citó como ejemplo de una grave irregularidad administrativa el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que carece de una falta de planificación en adquisición de medicamentos. “En Paraguay es extremadamente desesperante la situación de las personas que sufren por estas enfermedades, especialmente de cáncer, y no vemos una buena planificación”, indicó.

El contralor detalló que en la institución se realizó una licitación para comprar un medicamento que precisaba un enfermo oncológico, pero al momento de la adquisición ya la persona había fallecido y el monto que se invirtió fue más de G. 5.000 millones.

“El Incan no pudo encontrar otra persona a quien destinar este medicamento, por lo que venció. También vemos una metodología con las medidas judiciales a través de amparos. No hay una planificación de compra de medicamentos. Muchas veces se compran medicamentos que están a punto de vencer”, lamentó.

Benítez agregó que “al momento de comprar un medicamento y vence, es un perjuicio para el Estado paraguayo directamente. Siendo que hay miles y miles de personas que de alguna manera sufrimos o padecimos por este tipo de enfermedades, es muy irresponsable en cuanto a los administradores no prever o no planificar“.

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Este viernes se reanuda la reunión tripartita en la que negociarán la suspensión del paro del servicio de transporte anunciado para el lunes. Cetrapam confirmó que recibieron el pago de mayo ayer, pero existen dos reivindicaciones pendientes. César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, dijo esta mañana que el panorama está igual que ayer: con 50 y 50 % de probabilidades de que el paro se realice y que se evite.

“Ellos han honrado parte de mayo, les falta la de junio -y me estoy basando en lo que hicimos como petitorio- y la actualización de la tarifa. Veremos hoy en la discusión sobre la mesa cómo eso se puede dirimir”, dijo Ruz Díaz.

Empedrados y asfaltados serán financiados con el Plan 1.000, que incluirá a departamentos de todo el país, anunció ayer el presidente Santiago Peña. Durante el inicio de obras de pavimentación y de la construcción del viaducto ruta PY02 del Km 10 en Alto Paraná, el jefe de Estado se refirió al plan.

Se trata de un proyecto de infraestructura que abarca a puntos de todo el territorio nacional y será coordinado con gobernaciones y municipios. Esto demandará una inversión de 100 millones de dólares e incluirá la construcción de empedrados y asfaltados en todo el país, razón por la cual se trabajará en coordinación con las gobernaciones.

En la Costanera de Asunción, en Limpio y San Lorenzo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recibió a personas en situación de calle, hombres, mujeres y una menor.

Desde la Dirección de Comunicación de la institución informaron que el albergue de la Costanera de Asunción recibió a 30 personas, cuatro mujeres, entre ellas, una adolescente de 14 años acompañada por su tía. Además, 26 hombres. Durante la jornada de guardia recibieron 8 denuncias telefónicas, todas fueron atendidas y asistidas.

El propietario de la empresa The Rent emitió un comunicado en el que niega su vinculación con el asesinato de un tortolero en Villa Morra, quien fue ultimado dentro de un auto alquilado en ese local.

Maglio Manuel Chávez López expresó su indignación por los comentarios que lo vinculan con el asesinato de Dax Dimitri Fridrikson Martínez (44). “Manifiesto no tener participación alguna en tales hechos, me siento agraviado en mis derechos constitucionales: presunción de inocencia, del derecho a la intimidad”, dijo Chávez.

La Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por el exmandatario Horacio Cartes, impulsó una feria de empleos dirigida a madres recicladoras del Bañado Norte de la ciudad de Asunción. La actividad fue realizada en la zona conocida como Banco San Jorge.

De un total de 78 mujeres que forman parte de una organización de reciclaje, ocho ya lograron acceder a un puesto laboral en el rubro de limpieza de acabado de obras en la construcción.

“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente opositor Miguel Prieto.

“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo este viernes en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, dio su parecer respecto a los detalles que está brindando el interventor de la municipalidad de Ciudad del Este. Al respecto, indicó que es evidente que hay una instrucción a los directores de la municipalidad para no facilitar el trabajo del interventor.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que es la impresión que está teniendo al escuchar al interventor Ramón Ramírez señalar que no está accediendo a muchos documentos. Indicó que es lo mismo que ellos han sufrido estando ahí con los funcionarios de la municipalidad.

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“Es evidente que hay directrices para que los funcionarios y los directivos no colaboren con la intervención. Es lo mismo que manifestó el interventor”. comentó Montiel.

Asimismo, señaló que existen hallazgos referidos por el interventor, como el uso de combustible y caja chica. Ellos, como Contraloría Ciudadana, no tenían información al respecto, por lo que son hallazgos de irregularidades nuevas.

“En el tema del uso irregular de combustible, indicó que en un solo día se le cargó al minibus una cantidad excesiva de combustible para uso de 50 km. Lo otro, el uso de la caja chica que, así como mencionó el interventor, unos 200 millones de guaraníes mensuales en efectivo, para uso de gastos menores, realmente es una cuestión bastante irregular”, comentó.

No obstante, Montiel señaló que entienden que el interventor Ramírez está llevando adelante un trabajo técnico que por lo general lleva tiempo, pero al tener en cuenta que el plazo de la intervención es solo de 60 días, entonces el interventor está optimizando su tiempo para corroborar aquellos puntos que fueron objetados por la Contraloría y que dieron origen a la intervención.

“Creemos que está haciendo bien su trabajo, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, ya que por un lado está administrando la institución a la par de llevar adelante el trabajo de control”, precisó.

Montiel, explicó que los datos que está brindando el interventor ahora, son informaciones puntales que ellos como Contraloría Ciudadana, no estaban manejando.

“Nuestras denuncias se basaron en obras, con empresas de maletín o empresas fantasma. Así como el tema de transferencia de capital que daba a comisiones vecinales, ninguna de las denuncias que hicimos nosotros guarda relación con el informe que brindó el interventor durante la conferencia de prensa sobre las irregularidades halladas, que son aspectos absolutamente nuevos para nosotros”, mencionó.

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