Un lote de poco más de un millón de vacunas pediátricas contra el COVID-19 arribará al país de manera gradual a partir de mediados de febrero próximo, para proseguir con la campaña de inmunización a los niños que se inició este lunes. Los antivirales son del laboratorio Pfizer de Estados Unidos y fueron adquiridos por el Gobierno paraguayo a través de un acuerdo firmado la semana pasada con los responsables de esa farmacéutica estadounidense.
Los inmunizantes llegarán al país en lotes de 72.000 dosis semanalmente desde el 18 de febrero y se prevé contar con unos 504.000 antivirales para el 31 de marzo próximo. Entretanto, para los meses de abril, mayo y junio se aguardará el arribo de otras 498.000 dosis, para completar un total de 1.002.000 dosis, según detalló a la radio 780 AM el empresario Norman Harrison, cuya empresa colabora con el Gobierno en la conservación y distribución de esos medicamentos.
Vacunación a niños
Este lunes arrancó a nivel nacional la vacunación masiva contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años y en su primera etapa beneficiará a unos 250.000 niños, gracias a las 500.000 dosis de la plataforma Coronavac recibidas el jueves último en donación por parte del gobierno de Brasil.
Lea más: Arrancó la vacunación anti-COVID para niños de 5 a 11 años
Las autoridades sanitarias confirmaron que hasta la fecha, unos 210.000 niños se encuentran inscriptos para recibir las vacunas. Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que acompañará ese proceso para resolver obstáculos jurídicos que se puedan presentar. La titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, instó a los padres a inscribir a sus hijos y acercarse a los puestos de vacunación instalados en varias zonas del país para que las niñas y niños puedan ser inoculados.
Lea también: Velázquez dispone de Itaipú pese a acusación de entreguista
Dejanos tu comentario
Adultos mayores y menores de 2 años concentran el 53 % de las internaciones por virus respiratorios
Este viernes, el Ministerio de Salud informó que la carga de internación por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) se concentra fuertemente en las edades extremas como adultos mayores de 60 años y niños menores de 2 años, que representan el 53 % de las hospitalizaciones. En lo que va del año reportan 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios.
Según el reporte de Vigilancia de la Salud, las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves en las semanas epidemiológicas (SE) 40 a la (SE) 43, un total de 1.079 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias en los centros centinelas. De este número, el 18 % ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“Las personas de 60 años y más lideran los ingresos hospitalarios con el 28 %, seguido por la franja de niños de menos de 2 años, que representa el 25 %, totalizando el 53 % de los internados. En la última semana se observa un descenso de internados”, resaltaron en el reporte.
Lea también: Falleció la mujer que había “resucitado” en funeraria de Pedro Juan Caballero
Afirmaron que la proporción de hospitalizados por infecciones respiratorias agudas se ubica por encima de la curva promedio. Siendo el rhinovirus el predominante entre los pacientes en un 57 %. Le siguen en frecuencia
- el metapneumovirus
- el virus sincitial respiratorio (VSR)
- influenza B,
- SARS-CoV-2
- adenovirus
- y parainfluenza e influenza A (H3N2).
En lo que va del 2026, se mantienen en 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios. En estas últimas cuatro semanas se confirmaron 19 decesos asociados a la enfermedad. Desde la cartera sanitaria se recuerda no enviar a los niños con síntomas respiratorios a la escuela, colegio ni a la guardería, en cumplimiento de los filtros escolares.
Dejanos tu comentario
Hospital de Itapúa: urgencias pediátricas atendieron a más de 26 mil pacientes desde su inauguración
Este jueves, el Ministerio de Salud informó que el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital General de Itapúa brindó asistencia a más de 26.000 niños y adolescentes que llegaron a la urgencia desde su inauguración, en el 2025. En lo que va de este año superaron las 18.000 atenciones.
Según el reporte dado por la cartera sanitaria, el servicio de Urgencias Pediátricas del centro asistencial registró 18.064 consultas entre enero y octubre de este año y sumadas a las 8.392 atenciones realizadas durante 2025, alcanzando un total de 26.456 consultas en ambos períodos.
Resaltaron que las atenciones fueron para niños y adolescentes de 0 a 15 años, áreas diferenciadas desde cuadros respiratorios, gastroenteritis y afecciones dermatológica.
Además, de emergencias de alta complejidad como: insuficiencias respiratorias, deshidrataciones severas, cetoacidosis diabética, quemaduras graves, intoxicaciones y lesiones por accidentes de tránsito.
El servicio está dirigido por un profesional médico especialista en emergentología pediátrica para organizar la atención, el servicio cuenta con un sistema de Recepción, Acogida y Clasificación (RAC), que funciona mediante triaje pediátrico, en el que cada paciente es evaluado al llegar y clasificado según la gravedad de su condición.
Este sistema permite establecer prioridades y brindar atención inmediata a quienes presentan riesgo vital. La organización incluye un área de urgencias menores, un sector de observación y una sala de reanimación o choque para pacientes que requieren intervención inmediata.
Este circuito se complementa con el Sistema de Información en Salud (HIS), una herramienta digital que permite registrar las atenciones y actualizar la información clínica de forma eficiente.
Te puede interesar: Pdte. Franco: en asalto domiciliario roban G. 20 millones y joyas varias
Dejanos tu comentario
Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
Dejanos tu comentario
Plantean hasta 20 años de cárcel para quienes alteren la identidad biológica de niños
Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.
Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.
El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.
En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.
Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.
En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.
Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.
Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.