Asesinan a excapataz de una estancia en Paso Barreto
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El excapataz de una estancia ubicada en la ciudad de Paso Barreto, departamento de Concepción, fue asesinado a balazos por desconocidos durante la noche del sábado. Los delincuentes se llevaron dos revólveres, una escopeta y un rifle. La Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran investigando el caso.
La víctima fatal fue identificada como Eliodoro García, de 54 años de edad. El hombre fue asesinado en su vivienda ubicada en la comunidad conocida como Estribo de Plata de la ciudad de Paso Barreto. Los autores del hecho dejaron maniatada a la esposa del fallecido.
De acuerdo a un informe de la Policía Nacional, el cuerpo de la víctima fue encontrada a unos 200 metros de su vivienda, debajo de un alambrado y con varios disparos de arma de fuego, presumiblemente calibre 7,62. Hasta el momento nada se sabe de los autores de este nuevo crimen en la zona norte del país.
El fallecido trabajó durante 25 años en la estancia Agüero Cué y hace un mes aproximadamente renunció tras ser denunciado por un hecho de abigeato. Los investigadores no descartan que el caso guarde relación a este tipo de hechos, atendiendo que habría recibido amenazas en su momento.
El pasado miércoles, un trabajador de la estancia La Blanca fue asesinado a balazos y el caso también tendría relación al abigeato. El hombre se encontraba haciendo un rastrillaje por el establecimiento cuando fue asesinado por desconocidos, quienes posteriormente se dieron a la fuga.
La víctima fue identificada como Pelagio Antonio Escolar, de 58 años de edad, ultimado en la estancia La Blanca, ubicada en la colonia Jorge Sebastián Miranda (ex-Hugua Ñandu) de la ciudad de Paso Barreto. Los delincuentes no llevaron la motocicleta y el celular del sujeto.
El temporal afectó a gran parte del país con intensas lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento, dejando numerosos daños materiales. Foto: Gentileza
Defensa Animal denuncia ante Fiscalía el caso de caballos expuestos durante el temporal en Caapucú
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La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animalintervino en el caso de los caballos expuestos a la intemperie durante un fuerte temporal registrado en la localidad de Caapucú, departamento de Paraguarí.
Al respecto, esta dirección presentó una denuncia ante el Ministerio Público, remitiendo todos los antecedentes del caso, estableciéndose una posible comisión de hechos punibles de maltrato y crueldad animal, según las disposiciones fijadas en la Ley n.º 7513/2025.
Igualmente, la dirección solicitó la realización de las diligencias investigativas correspondientes, a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables de los animales y determinar las responsabilidades que correspondan.
Fotografías y videos que se viralizaron a través de las redes sociales y difundidas por los medios de comunicación, mostraban a unos caballos que acusaban -por varios minutos- el impacto de la granizada en la ciudad paraguariense.
Hoy miércoles, se registraron lluvias intensas y granizadas en varias localidades de los departamentos de Misiones y Paraguarí.
En Villa del Rosario, del departamento de San Pedro, la caída de granizos se prolongó durante varios minutos y encendió la alarma entre los vecinos. El episodio estuvo acompañado por precipitaciones intensas y ráfagas de viento.
Presunta estafa en Asunción: pagó G. 8 millones por un mueble que costaba menos de la mitad
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Una mujer denunció que compró un mueble a crédito por G. 3.906.000, pero terminó pagando G. 8.060.000 tras recibir presuntas amenazas y exigencias de dinero por parte de un supuesto abogado de la firma comercial.
El caso involucra al local Torres Comercial, que fue allanado por la Fiscalía, según informó Universo 970/Nación Media.
Según la denuncia, un hombre que se habría presentado como abogado la intimidaba con publicaciones en redes sociales y amenazas relacionadas con el colegio de su hija.
Durante una entrega vigilada, la mujer entregó G. 5.828.000, dinero que posteriormente fue recuperado por los intervinientes.
La Fiscalía incautó celulares y documentos para la investigación, mientras que una mujer fue detenida por presunta agresión a la fiscala y a un policía. Además, se emitió una orden de detención contra el hombre denunciado.
Buscan a adolescente que se perdió a la salida del CTN
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El hijo de un concejal de Fernando de la Mora se encuentra desaparecido. Se trata de un joven de 16 años identificado como Juan Bautista Núñez Martínez, de quien no se tiene información desde su salida del Colegio Técnico Nacional (CTN).
Según datos manejados por la Policía, el estudiante fue visto por última vez este martes, aproximadamente a las 13:00, cuando abandonaba el CTN y se desplazaba hacia las calles Fortín Toledo casi Fortín Camacho, en la ciudad de Fernando de la Mora.
Los investigadores apelan a la colaboración de la ciudadanía que pueda aportar datos que permitan localizarlo en la brevedad.
Los familiares y vecinos del joven también se movilizan para dar con su paradero. Los padres están muy preocupados y piden avisar si logran verlo.
Las personas que puedan aportar datos sobre su ubicación pueden comunicarse con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 0986 760 083 o al 0986 780 924.
Según la información difundida en redes sociales, el joven es de contextura física delgada, estatura alta, tez blanca y cabello negro.
Al momento de su desaparición, vestía una remera blanca con logo, un jean azul, zapatillas blancas y llevaba una mochila negra.
La Agroganadera Pindó S.A. rechazó haber presentado un amparo judicial y pidió que cualquier proceso de regularización respete los títulos de propiedad y los procedimientos legales vigentes. Foto: Gentileza
Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Margarita Colmán, representante legal de la firma, señaló que las acciones civiles y penales vinculadas con la ocupación se iniciaron hace aproximadamente catorce años y siguen ante la Justicia. Foto: Gentileza
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La Senad y organismos de seguridad detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó. Foto: Gentileza
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.