La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaezken participó del programa “Fuego cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media, para debatir sobre el pedido de intervención de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que desde la oposición es calificada como una persecución político, evadiendo las denuncias de graves irregularidades. El legislador expresó que este pedido de intervención es “inconstitucional y un garrote político”.

“Nosotros, desde la oposición ya tenemos una postura bien definida, creemos que es inconstitucional la solicitud que hace la Contraloría General de la República, que está siendo utilizada como un garrote político, esa es nuestra visión, eso es lo que vemos y lo que sentimos”, refirió el legislador.

Con relación a la conformación e integración de la comisión de intervención en la Cámara de Diputados, indicó que, como bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), decidieron no participar. “Mi bancada y la bancada PL, del Partido Liberal, hemos decidido no integrar las comisiones de intervención, porque en primer lugar creemos que es inconstitucional y, segundo, porque funciona como un garrote político”, expresó.

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Por otra parte, sobre el caso nepotismo, admitido públicamente por el intendente esteño en una entrevista televisiva, el legislador excusó: “Están en cargos de confianza, son nueve puntos (en el informe de la Contraloría), en los puntos más importes no pone como punto relevante el tema de nepotismo. Yo estuve investigando y son cargos de confianza, los cargos de confianza él (el intendente) lo puede disponer”.

El parlamentario también cuestionó que la Contraloría General de la República presuntamente no realizó una auditoría previa para presentar el informe y realizar la solicitud de intervención, tanto de la Municipalidad de Ciudad del Este y de Asunción, mediante el Ministerio del Interior por el Poder Ejecutivo.

“¿Dónde Miguel Prieto cometió lesión de confianza? La Contraloría no explica, y algo peor, la Contraloría se basa en informes no le hicieron una auditoría como corresponde. La auditoría es pedir los documentos, se encuentra ciertas irregularidades. Hoy la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad de Ciudad del Este, para cometer este garrote político, se basaron en informes”, sentenció.

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El jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa, remarcó en el programa “Fuego cruzado”, que se emite los domingos por canal GEN/Nación Media, remarcó que la comuna tiene las puertas abiertas a todos los órganos de control para esclarecer las irregularidades que son señaladas por la Contraloría General de la República (CGR).

“Todos los documentos que hacen al motivo principal, que tiene relación a los bonos, fueron remitidos a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, con más de 100 biblioratos. Lo solicitado por la Contraloría General de la República se le facilitó absolutamente toda la documentación, estrictamente a lo que solicitado”, precisó.

Mencionó que básicamente son dos los puntos del dictamen por el cual la CGR solicita la intervención de la Municipalidad de Asunción, señalan que hubo una falta del deber de colaboración; y que la aplicación de la cuenta única no puede ser utilizada dentro de las municipalidades.

No obstante, Armoa explicó que desde la comuna consideran que no debe prosperar la intervención solicitada por la Contraloría General de la República (CGR) para los municipios de la Capital y Ciudad del Este por carecer de legitimación para activar el mecanismo de control ante irregularidades en el manejo de fondos públicos.

El abogado se refirió al artículo 165 de la Constitución Nacional establece que será el Poder Ejecutivo, quien debe remitir el pedido de intervención a la Cámara de Diputados, que deberá otorgar su acuerdo para la intervención, previo dictamen de la CGR.

Armoa dijo que el citado artículo igualmente está en consonancia con el artículo 111 de la Ley 3966, la Carta Orgánica Municipal, que establece que el único órgano competente para solicitar la intervención es la Junta Municipal.

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“El dictamen de la Contraloría es un documento técnico, que debe ser puesto a consideración, en este caso de la Cámara de Diputados para que ellos, de manera objetiva, puedan tomar la decisión oportuna que corresponda. Este dictamen debe munirse de toda la información suficiente que requiere para la toma de decisiones como primera medida. Como segunda medida está el mecanismo de la intervención”, explicó.

Por tanto, señaló que la postura institucional que mantiene el municipio de Asunción es que la Contraloría General de la República no posee la justificación suficiente para activar esos mecanismos, porque es atribución de la Junta Municipal presentar el pedido de intervención.

“Consideramos que esto está atentando contra el estado social del derecho, porque aquí fue puenteada la Junta Municipal de Asunción. Porque, a nuestra consideración, la Contraloría General dentro de sus facultades constitucionales puede solicitar la auditoría, emitir los informes que requiera y eventualmente remitir a los órganos de control, que en este caso podría ser el Ministerio Público y otras cuestiones para la investigación pertinente. Pero no se hizo la solicitud a la Junta”, explicó.

Por tanto, señaló que el mecanismo correcto debería ser a solicitud de la Junta Municipal al Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, para la remisión del pedido al Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados.

Respecto a la cuenta única, el abogado Armao indicó que es otra cuestión de fondo de la CGR, que hace relación a la normativa conocida como Ley Borda y que se trata de la Modernización de la Administración Financiera del Estado, donde se crea dicha cuenta y los títulos de deuda del Tesoro Público.

“Esta ley es una herramienta de la Ley 1535 de la Administración Financiera del Estado, que, a su vez, la Carta Orgánica Municipal autoriza a la Municipalidad de Asunción a utilizar de manera supletoria todas las disposiciones contenidas en esta legislación. Entonces, la cuenta única al ser autorizada por la carta orgánica y al ser una herramienta de la Administración Financiera del Estado, estamos autorizados como municipalidad de Asunción a poder utilizar como cuenta única”, explicó.

Finalmente, señaló que ya la CGR, en un dictamen del 2020. recomendó la reglamentación de la cuenta única en base al funcionamiento institucional; pero ahora, en el dictamen 2024, cuestiona su aplicación porque dicen que no corresponde y se debe remitir al Ministerio Público a los efectos de las investigaciones pertinentes.

“Al aplicarse la cuenta única se está respetando lo que establece la Ley de Administración Financiera y al mismo tiempo la carta orgánica autoriza su uso. Entonces, no está prohibido el uso de la cuenta única, es más se tiene que reponer como la misma ley exige, cuando se utiliza el dinero. Lo cual, entiendo que sí se está cumpliendo con esos parámetros. Existe una importante cantidad de obras culminadas y otras en proceso”, mencionó.

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La situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fue debatido por Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, y el economista Daniel Correa, ayer domingo en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media. El sector es considerado como un importante motor en materia económica y en la generación de empleo, pero sigue tropezando con innumerables dificultades.

Pobreza, desprotección social y menor capacidad de recaudación tributaria son algunos de los costos de la informalidad en la que se desenvuelve este sector de la economía paraguaya. ¿Cómo ir superando esta situación que afecta a las Mipymes? ¿Cómo blanquear lo que hoy está en negro en un mercado que, además, está mostrando signos de deterioro en los ingresos reales de sus ramas más dinámicas?

“En el último boletín de formalización que estuvimos presentando hace unos meses, encontramos que hay 450.000 mipymes. La Ley de Mipymes define que vos sos formal con tres cuestiones básicas, el Registro Único del Contribuyente (RUC), estar inscripto tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess)“, dijo el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Giménez.

Detalló que, de 450.000 mipymes, que representa un 98 %, solo 40.000 son formales. “Tenemos una brecha enorme, pero yo siempre quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos que darle realmente herramientas a todas esas mipymes para que puedan percibir de que ser formal les conviene“, comentó.

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Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 650 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con una facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El 2 % son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

“Buscamos que la formalidad sea ágil, sea sencilla, no costosa y que sea digital para que no tenga que trasladarse a hacer trámites en entes públicos. Por el otro lado, tenemos el tema del acceso a financiamiento. El 60 % de esas 450.000 Mipymes no tienen una cuenta bancaria. Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar la forma de incluirlas financieramente para que puedan recibir el financiamiento oportuno", refirió.

Giménez siguió manifestando que “si te ayudo a formalizarte, te doy acceso a financiamiento, el objetivo también debe ser que puedas facturar más, queremos darte negocios. Y ahí tenemos varias herramientas que estamos empezando a experimentar".

Añadió que una de ellas guarda relación con las compras públicas. “En la nueva ley de compras y suministros públicos, las mipymes tienen una reserva de mercado del 20 %. La primera experiencia, quizás, que estamos haciendo en la implementación de esto, tiene que ver con el programa Hambre Cero, donde logramos que aquellas 25 empresas ganadoras de licitaciones, obligatoriamente tienen que comprar a las mipymes y a productores de la agricultura familiar”, puntualizó.

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Por su parte, el economista Daniel Correa sostuvo que “el primer dato que se debe tener en cuenta es que 3 de cada 4 empleos creados en Paraguay, están en las micro, pequeñas y medianas empresas. El empleo puede ser tanto formal o informal",

Manifestó que el sector continua enfrentando “una maraña demasiado grande de procesos administrativos” que impiden su formalización. Aproximadamente el 60 % de las mipymes no tienen una cuenta bancaria, lo que les priva de financiamiento.

“A pesar de que hay hoy una cuenta básica, todavía el impedimento administrativo para que puedan acceder, ya sea con procesos administrativos todavía presenciales o de papeles, impiden a que rápidamente uno pueda crear y formalizar una empresa. Y ni qué decir, pasar al segundo paso que es el tema de la obtención del crédito. Que ahí hay todo un tema a través de cuán especializado están hoy los el sistema financiero para poder atender a esta a este a este segmento”, comentó.

Ante esta situación, Correa manifestó que la banca pública que arbitra y abre las puertas al mercado, no puede ser el gran financiador del sector. “¿La banca pública puede hacer su trabajo? Creo que puede hacer su trabajo, pero es limitado en términos de lo que debe atender y lo que debe hacer para que el sistema les atienda”. mencionó.