Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.

Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.

El Ministerio de Justicia comunicó este domingo el traslado de 109 mujeres privadas de libertad desde el Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral “Juana de Lara” de Ciudad del Este (Alto Paraná) hasta el Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada (Comple), en Cordillera, en el marco del denominado Operativo Umbral 2.5.

“El Ministerio de Justicia informa que se encuentra en pleno desarrollo el Operativo Umbral 2.5, procedimiento estratégico de reorganización penitenciaria ejecutado en el marco del fortalecimiento y modernización del sistema penitenciario nacional”, expresa el anuncio publicado en redes sociales.

El informe agrega: “El operativo contempla el traslado planificado, seguro y ordenado de todas las mujeres privadas de libertad al Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada (Comple). La operación es llevada adelante mediante un trabajo articulado con el Consejo de Defensa Nacional (Codena)”.

Este traslado marca el cierre del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral “Juana de Lara” en el marco de la eliminación de las penitenciarías mixtas, siguiendo al proceso realizado en octubre de 2025, con el cierre definitivo de la cárcel del Buen Pastor, tras un siglo de funcionamiento en Asunción. En el país solo funcionarán dos penitenciarías de mujeres y serán el Comple y la prisión de Coronel Oviedo.

El procedimiento fue comunicado por la Comisaría Primera de Ciudad del Este, que informó sobre un amplio despliegue interinstitucional iniciado alrededor de las 2:00 y cuya salida se concretó a las 3:05. Las internas fueron trasladadas en cinco ómnibus de la empresa Guaireña SRL, bajo estricta custodia de unidades de Prevención y Seguridad, Táctico GEO, Grupo Lince y del Departamento de Unidad Motorizada. También acompañaron militares de la Primera División de Infantería “Campo Vía”.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia impulsó una serie de actividades conmemorativas por el Día de la Madre en diversos establecimientos penitenciarios del país. En el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), las celebraciones se destacaron por el trabajo articulado con organizaciones civiles, como “Kuña Mimbi”, que ofreció música cristiana en vivo, entrega de regalos y tortas.

Además, se brindaron servicios de estética que incluyeron corte de cabello y bar de cejas para todas las internas. Asimismo, el grupo RTM (Mujeres de Esperanza) entregó obsequios en los módulos 3 y 4, mientras que la producción del programa “El Conejo” ofreció mini conciertos en los módulos 1, 5 y 6, brindando momentos de distracción y alegría.

En la última actividad del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres “Juana María de Lara” hubo un almuerzo especial, presentaciones de danza y poesía, una feria de manualidades, un desfile de modas, la elección de “Miss Mamá” y el testimonio motivacional de una mujer ya reinsertada en la sociedad.

En el Centro Penitenciario “Serafina Dávalos”, se llevó a cabo un día festivo que incluyó un almuerzo especial y la entrega de obsequios, permitiendo que las internas compartan un momento emotivo con sus hijos. Esta actividad fue posible gracias a la gestión de la directora del centro, Irma Ortiz, en coordinación con el director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Jorge Torales. La jornada contó además con el valioso apoyo de la primera dama distrital, Shirley Santos, quien contribuyó con regalos para las madres, y la colaboración de las Hermanas Menonitas de Campo 9.

Asimismo, en la Penitenciaría Regional de Villarrica, las MPL festejaron su día en un ambiente festivo rodeado de premios y regalos, donde también se llevó a cabo un desfile de modas con la participación de las internas. Finalmente, en el Centro Nacional de Prevenidos, el Departamento de Cultura y Deporte organizó una serenata dedicada a las madres y esposas de las personas privadas de libertad (PPL) en su día de visita. El grupo musical Fénix, integrado por los propios internos, puso música a la jornada, utilizando el arte como puente de conexión familiar.

El Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de un proyecto de código de organización penitenciaria para establecer la carrera del servidor penitenciario. El anuncio fue hecho por el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, quien explicó que se apunta a ser cada vez más rigurosos en la selección de guardiacárceles.

Mencionó que ya se están implementando controles toxicológicos y polígrafos a los funcionarios penitenciarios. Asimismo se impulsa la fiscalización del patrimonio para verificar si su crecimiento económico es acorde a su salario.

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“Realmente es una batalla dura, pero creemos que de a poco estamos elevando el nivel. Y estamos en un proceso de elaboración de un anteproyecto de un código de organización penitenciaria donde vamos a establecer una carrera al servidor penitenciario”, señaló a Unicanal.

Recordó que el sistema ya se está implementando exitosamente en los países de la región, que establecieron carreras, mecanismos de promoción y evaluación de desempeño que les permitió mejorar la calidad de su personal penitenciario.

El viceministro también fue consultado sobre el caso de la empresaria Dalia López capturada tras varios años de búsqueda y ahora es beneficiada por la justicia con reclusión domiciliaria mediante el uso de la tobillera electrónica. Aclaró que en esta jurisdicción judicial el Ministerio de Justicia “no tiene ninguna intervención”.

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