Este lunes, la Policía Nacional dispuso más personal para cubrir las inmediaciones y la propia Estación de Buses de Asunción (EBA) durante los días santos en donde esperan que al menos 150.000 personas pasen por las instalaciones. La idea es que los viajeros se sientan seguros y se puedan evitar contratiempos durante la Semana Santa.

Según el comisario Juan Agüero, director de la Policía en Asunción, desde tempranas horas de hoy se inició el “Operativo Semana Santa Segura” para las personas que lleguen a la estación se sientan seguras. Los efectivos están desplegados en varios puntos alrededor de la terminal y dentro del predio.

“Es un despliegue para que la ciudadanía se sienta segura, tanto los que lleguen al país, los que van a ir al interior o exterior. Tenemos cubierto el 100 % de la zona, con una importante cantidad de personal que está desplegado para asistir a cualquier tipo de situaciones”, expresó Agüero, en entrevista con la 1020 AM.

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Indicó que en días normales las inmediaciones de la terminal siempre está cubierta, porque todos los días recibe a viajeros con una cobertura del 50 %. “Tenemos personal siempre en este lugar, trabajamos con los comerciantes de la zona para ofrecer un mejor servicio. Este operativo se extenderá hasta el martes 7 de abril”, refirió.

Confirmó que tienen personal táctico y técnico de la Policía Nacional, así también efectivos de prevención y el del grupo motorizado ALDO, como también al grupo Lince que recorren los alrededores. Instó a la ciudadanía a recurrir a los oficiales ante cualquier situación de emergencia.

Desde este miércoles se tiene prevista la liberación de buses dentro de la terminal y esta se mantendrá hasta el lunes 6 de abril. Se espera que por la estación de buses pasen unas 150.000 personas en lo que sería el Operativo Semana Santa.

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El gobierno de Uruguay presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en la lucha contra el narcotráfico, que prevé ampliar las competencias de las fuerzas armadas y aumentar la presencia militar en las fronteras. Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.

Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.

“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi. También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense. “Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.

El ministro destacó que, desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.

Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.

Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.

La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano, Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

El gobierno de Oris pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.

También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo. Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.

Fuente: AFP.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó que el grupo de adultos mayores que llegó este lunes hasta la institución para realizar una serie de reclamos, lo que plantearon en la reunión han sido cuestiones que son imposibles de aplicar.

En conversación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el ministro Rojas ratificó que todos los programas sociales son prioridad del Gobierno Nacional encabezado por el presidente Santiago Peña.

Explicó que, indudablemente la interpretación de la “universalidad de la pensión para los adultos mayores” cuando se planteó la ley fue con el objetivo de eliminar aquel concepto de anteriores legislaciones, respecto la franja de pobreza y el estado de vulnerabilidad, que por algunos aspectos contemplados en el censo, hacía que quedaran excluidos del programa social.

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“La universalidad abrió la posibilidad para que ingresen adultos mayores que cumplen con los requisitos que contempla la ley. Desde noviembre del 2024 y a estas alturas ya hemos incluido a 58.000 nuevos adultos. Esta gente que representa a la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, nos plantea que las personas de 65 años que son casi 85 mil, sean incluidas en el programa, yo explique que la ley no nos habilita para hacerlo”, comentó.

Insistió que la propia ley habla de un critrio de inclusión de mayor a menor, que en este mes de marzo está alcanzando a la edad de 69 años, con lo que están alcanzando a unos 360 mil adultos mayores beneficiados. Además, informó que desde este lunes, el Estado está pagando 261 mil millones de guaraníes, lo que representaría mas o menos 40 millones de dólares.

“Si ahora se pretende incluir a los 81 mil adultos mayores pendientes, necesitaríamos aproximadamente 130 millones de dólares más; y nuestro presupeusto se estaría yendo a los 625 millones de dólares por año. Porque hoy el presupuesto anual que tenemos es de 495 millones de dólares. Es imposible prometer lo que uno no tiene y fue lo que les expliqué”, mencionó.

Señaló que inmediatamente la siguiente propuesta que le hicieron fue elevar al 50 % del salario mínimo la pensión que reciben los adultos mayores. Indicó que esta propuesta fue totalmente incoherente, porque si por un lado piden incluir a los que faltan, y a la vez les exigen elevar el porcentaje de la pensión resulta imposible de sostener en el tiempo.

“Parecería que vinieron a propósito a plantear cuestiones que son de imposible cumplimiento. Porque además plantearon que el sistema de inscripción vuelva a pasar por las municipalidades, lo que sería un retroceso enorme, porque ahí se les humilló a los adultos mayores, se les maltrató, coaccionó, chantajeó y se le metió quien quiso. Por eso, había abuelos de 80 y 90 años que no tenían pensiones, pero con esta nueva ley fueron incluidos”, precisó.

Mencionó que el otro cuestionamiento fue el bloqueo de cuenta, que hace el Banco Nacional de Fomento cada 2 meses, si no cobran sucesivamente las personas, lo cual es una garantía para proteger los recursos del Estado.

Finalmente, mencionó que con mucha paciencia les escuchó a cada uno, y les fue explicando los motivos por los que hacía de imposible cumplimiento sus exigencias; que luego finalmente se levantaron en su contra, recibió insultos y exigieron incluso su renuncia, lo cual señaló que está a dispoción de jefe de Estado desde el primer día que fue nombrado como ministro.

“Yo les pedí disculpas y me retiré de la reunión, lastimosamente no se podía continuar con la reunión con ese ambiente. Yo tengo la mejor predisposición de cooperar, trabajar y buscar solución. Hay cosas que se pueden, y hay otras cosas que no se pueden”, acotó.

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En pleno centro histórico de Sao Paulo, un “prisionómetro” -contador de personas presas- marca la entrada a la central de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la megalópolis en pantallas. Con 40.000 cámaras en la ciudad más rica y poblada de Brasil, Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial de América Latina, un programa de vigilancia pública que las autoridades exaltan, aunque aún muestra un considerable margen de error.

Frente a una inseguridad urbana que alarma a sus ciudadanos, Sao Paulo implementó a fines de 2024 esta tecnología que ya encarceló a casi 3.000 fugitivos detectados mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judiciales. Apresó, además, a casi 4.000 personas por delitos en flagrante.

“Con los fugitivos que atrapó el sistema, podemos llenar siete cárceles. Hoy ya no puedo imaginar a Sao Paulo sin Smart Sampa”, se felicita en el centro de monitoreo el secretario municipal de Seguridad, Orlando Morando, por este programa que cuesta unos dos millones de dólares mensuales.

A modo de ejemplo, carga una foto de sí mismo y en un instante consigue ver todos los momentos y lugares de Sao Paulo -con unos 12 millones de habitantes- en los que su cara pasó por alguna cámara. “Me recuerda al libro ’1984′ (sobre un régimen totalitario, de George Orwell), con todo ese control de personas: me encanta, apruebo 100 %”, dice Sonia Ferreira Silva, una jubilada de 68 años, frente a un camión de Smart Sampa, un puesto de vigilancia móvil en la emblemática avenida Paulista.

Informes oficiales de transparencia analizados por la AFP muestran que más del 8 % de personas arrestadas el primer año después de que Smart Sampa las reconociera como fugitivas debieron ser liberadas por tratarse de errores. Al menos 59 detenidos fueron sueltos porque el sistema los confundió con otros ciudadanos.

En diciembre, un jubilado de 80 años estuvo horas arrestado porque Smart Sampa lo confundió con un violador. Un mes antes, un grupo de pacientes psiquiátricos hacía terapia en un centro de salud mental cuando irrumpieron policías armados y se llevaron esposado a uno de ellos. Tras horas en la comisaría, el detenido fue liberado. Según las autoridades, su orden judicial de arresto ya no tenía vigencia.

El sistema no sólo se nutre de cámaras en las calles sino también en edificios públicos -incluyendo centros de salud- y privados que lo admiten. Al menos 141 personas fueron detenidas por órdenes de arresto desactualizadas, pero el gobierno paulista argumenta que esos equívocos no son culpa suya sino del poder judicial. “Nadie quedó preso por error: las personas fueron liberadas” en esos casos, dice Morando, en nombre del gobierno del alcalde conservador Ricardo Nunes.

Sao Paulo sufre altos índices de delitos patrimoniales: en 2024, cerca de uno de cada cinco robos de celulares en Brasil -incluyendo asaltos violentos- ocurrieron en la ciudad. Entre los fugitivos atrapados por Smart Sampa, casi la mitad cayeron por casos tipificados como “otros” en datos oficiales. Casi todos ellos corresponden a deudores de pensiones alimenticias, un delito civil “que poco tiene que ver con la seguridad pública”, según el informe “Smart Sampa: ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia de qué?”.

“Smart Sampa se presenta como solución al crimen, pero se usa para control civil”, advierte Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade y coautora del informe junto a otras ONG. El gobierno denuncia intentos de “desacreditar” a Smart Sampa e insiste con números: anunció una caída de robos de casi 15 % en 2025.

Por otro lado, los datos oficiales no registran la identidad racial de más de la mitad de los presos, una “laguna de información” que impide saber si Smart Sampa peca de “racismo algorítmico” en un país con una de las mayores poblaciones negras del mundo, según Costa. Estudios en distintos países han sugerido que el reconocimiento facial por IA suele equivocarse más con personas negras.

El gobierno aduce que la falta de datos es responsabilidad de la justicia. “Smart Sampa no tiene ningún prejuicio, aquí no arrestamos por color”, asegura Morando. La mayoría de los presos por Smart Sampa cayeron en barrios periféricos y una buena parte son inmigrantes del interior pobre brasileño.

Fuente: AFP.