Se dio inicio a la mudanza de la primera familia que estaba asentada en la zona de obras de la Costanera Sur. Este mes se prevé entregar los primeros 57 hogares temporales para los beneficiarios, refugios seguros y confortables para las fiestas de fin de año.
En total serán 127 las casas temporales a ser entregadas, cuyos ocupantes estarán completando la mudanza para los primeros meses del 2022, mientras se aguarda la construcción de las viviendas definitivas. En los próximos días llegarán las demás familias, según lo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y los beneficiados.
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Las viviendas estarán habitadas durante los próximos cuatro años, aproximadamente, mientras concluyan las obras de la futura avenida Costanera Sur y el nuevo Barrio Tacumbú. El barrio temporal está asentado en un terreno cedido por el ex RI 14, ubicado sobre la avenida Sebastián Gaboto c/ Urcisino Velazco. La culminación de las 70 viviendas restantes se prevé para los primeros meses del próximo año.
Son ocho tipologías de casas que son asignadas de acuerdo a la cantidad de miembros de cada familia y su actividad comercial. La mudanza se realizará de forma gradual, de acuerdo a un informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
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Los hogares están siendo construidos con materiales de primer nivel y seguridad. Los beneficiados, anteriormente vivían en la zona donde se lleva a cabo el refulado para el nuevo barrio, con miras a brindar una mejor calidad de vida a través del acceso a un refugio temporal adecuado con todos los servicios básicos y en una zona a cota no inundable.
Este proyecto abarca aproximadamente 3,5 hectáreas e incluye caminos internos enripiados, instalaciones sanitarias, eléctricas, sistema de prevención contra incendios y espacios recreativos como cancha multiusos y parque infantil. Una vez que se concluya la construcción del futuro Barrio Tacumbú, se entregarán las 1.500 viviendas definitivas.
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Itaipú: una obra que transformó la energía y la economía paraguaya
El desvío del río Paraná, realizado en octubre de 1978, marcó un hito en la construcción de la central hidroeléctrica. Hoy, Itaipú es estratégica para el abastecimiento eléctrico de Paraguay y un símbolo de desarrollo binacional.
Una proeza que cambió el rumbo. El 20 de octubre de 1978, el río Paraná cambió su curso para dar paso a una de las mayores obras de ingeniería de la región. La apertura del canal de desvío, de dos kilómetros de extensión, 150 metros de ancho y 90 metros de profundidad, permitió secar un tramo del lecho original y avanzar con la construcción de la presa principal de hormigón de la Central Hidroeléctrica Itaipú.
El acontecimiento representó un punto de inflexión en la historia de la entidad binacional y en la cooperación entre Paraguay y Brasil. La monumental operación hizo posible continuar las obras de la represa y sentó las bases de una infraestructura que transformaría la matriz energética de ambos países.
Energía para impulsar el desarrollo. Con una capacidad instalada de 14.000 megavatios (MW) y 20 turbinas, Itaipú produce electricidad a partir del caudal del Paraná y constituye un activo estratégico para la economía paraguaya.
La central suministra aproximadamente entre el 78 % y el 88 % de la energía consumida en Paraguay, mientras que en Brasil cubre alrededor del 7 % al 10 % de la demanda eléctrica. Esta participación evidencia su relevancia para garantizar el abastecimiento energético y sostener las actividades productivas.
La disponibilidad de energía constituye un factor crucial para el crecimiento industrial, la inversión y la competitividad, además de ofrecer condiciones para impulsar nuevos proyectos económicos en el país.
Una obra con impacto duradero. La construcción del canal de desvío requirió una planificación de gran escala. El contrato para su excavación y para las presas de enrocado, de tierra y las ataguías principales fue adjudicado el 6 de octubre de 1975. Posteriormente, el 17 de mayo de 1977, se firmó el contrato para otras obras civiles, incluidas las estructuras de hormigón.
A más de cuatro décadas de aquella proeza, Itaipú mantiene su relevancia como referente mundial en generación de energía limpia y renovable, con acciones socioambientales que complementan su aporte energético.
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Analizan desafíos del Presupuesto Público y alternativas de financiamiento para impulsar inversiones
La viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Teodora Recalde de Spinzi, participó en el panel “Presupuesto y sostenibilidad fiscal”, desarrollado en el marco del 6.º Foro y Exposición de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa). Durante el encuentro, se analizaron los desafíos del presupuesto público, la capacidad de financiamiento del Estado y las alternativas para impulsar nuevas inversiones.
Durante su intervención, señaló que la infraestructura constituye uno de los motores del desarrollo de un país, mientras que el crecimiento económico sostenible requiere estabilidad, conectividad y, fundamentalmente, mejores condiciones de vida para la población.
En ese contexto, se refirió al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que asciende a aproximadamente G. 166,3 billones (USD 28.900 millones), lo que representa un incremento del 11,2 % respecto al presupuesto vigente.
Del monto total, unos G. 9,2 billones (USD 1.600 millones) están previstos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de los cuales G. 6,1 billones (USD 1.060 millones) se destinarán a inversión física para impulsar obras de infraestructura y fortalecer la conectividad del país.
En cuanto al fortalecimiento de la gestión pública, la viceministra explicó que el MEF trabaja en un sistema que se interconectará con el Sistema de Información de Certificación de Obras Vía Electrónica (SICOE) del MOPC. Esta herramienta permitirá optimizar los procesos de gestión y mejorar la articulación entre ambas instituciones.
Asimismo, reafirmó el compromiso del MEF de continuar trabajando para optimizar el uso de los recursos públicos, generar condiciones que permitan ampliar el espacio fiscal y garantizar la continuidad de las obras actualmente en ejecución.
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Fase B de la Defensa Costera de Pilar avanza con trabajos en planta de tratamiento
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) avanza en Pilar como parte de la Fase B de la Defensa Costera. Las labores se desarrollan con intervenciones que preparan una infraestructura clave para mejorar el saneamiento de la ciudad y beneficiar a sus habitantes.
Las tareas de adecuación del terreno incluyen relleno, nivelación y compactación, con un movimiento de suelo cercano a los 10.000 metros cúbicos. A lo mencionado, se suma la habilitación del camino de acceso a la planta, que incorpora 15 metros de alcantarillado de 1,00 x 1,00 metros de sección, con sus respectivas cabeceras.
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Para acompañar los trabajos, se instaló un obrador de 70 metros cuadrados, equipado con galpón y sanitario para oficina y depósito. Esta infraestructura permite disponer de espacios operativos para el desarrollo de los distintos frentes de trabajo.
Servicios básicos
Con relación a los servicios básicos, la cartera de Estado reportó que se ejecutó una extensión de 122 metros lineales de tubería de polietileno de 63 milímetros para el abastecimiento de agua, además de una red interna de distribución de 180 metros, con cañería de tres cuartos de pulgada.
Adicionalmente, la infraestructura eléctrica contempla la extensión de 303 metros lineales de una línea de media tensión hasta un puesto de distribución de 200 kVA, como parte de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la planta.
Fundaciones
Las fundaciones profundas avanzan con el corte, doblado y armado de varillas metálicas, así como la excavación, armado y carga de pilotes de hormigón de 80, 60 y 50 centímetros de diámetro, a profundidades que oscilan entre 8 y 22 metros.
Estas intervenciones se desarrollan conforme al cronograma previsto para los componentes sanitarios y estructurales de esta etapa, que permitirá continuar con la construcción de la infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales.
Los trabajos están a cargo del Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., con fiscalización de CIALPA S.A. y supervisión del MOPC.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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