La fiscala Pamela Pérez solicita a la ciudadanía que comunique si reconoce a Juan Agustín Bogado, un hombre que había sido asistido por una ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital General de Barrio Obrero ubicado en Asunción por complicaciones de salud.
Según los datos colectados en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Bogado nació el 17 de febrero de 1963 en Quiindy, por lo que se da mayor énfasis acerca del pedido para los pobladores de esta ciudad ubicada a 109 kilómetros de la capital, en el departamento de Paraguarí.
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Desde el Ministerio Público se ruega a la ciudadanía que se comunique con la comisaría más cercana si reconoce a esta persona, ya que se encuentra con el alta médica y presumiblemente está en situación de calle, por lo que precisa de ayuda de sus allegados.
El hombre no se encuentra en condiciones de explicar su situación, por lo que la fiscala del caso realizó el pedido en el marco de la causa Nº 4.061/21 que trata de “personas innominadas s/ abandono”. La agente Pérez pertenece a la Unidad Nº 2 del sector 1 de Asunción.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Candidata de Lista 1 no objetará mesas del PLRA en Capiatá pese a vencer plazo electoral
La candidata a intendenta municipal de Capiatá por la Lista 1 de la Asociación Nacional República (ANR), Laura Gamarra, anunció que su equipo político no presentará objeciones y acompañará las gestiones para que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por la Lista 2, pueda contar con representantes en las mesas de votación durante las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.
Mediante una conferencia de prensa que brindó este domingo desde su residencia, ubicada en el barrio Santo Domingo de Capiatá, Gamarra explicó que el PLRA no habría presentado dentro del plazo establecido la nómina de sus funcionarios de mesa y apoderados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), situación que lamentó y calificó como una sorpresa.
De hecho, de los 19 distritos del departamento Central, el PLRA no presentó su nómina para la integración de mesas en siete municipios. Además de Capiatá, están en la misma situación Areguá, Guarambaré, Itá, Itauguá, Luque y San Antonio. Plazo que feneció el pasado lunes 14 de septiembre, conforme al acta de audiencia del Juzgado Electoral de Central. Desde el PLRA señalaron, el pasado viernes, que la situación se está subsanando.
No obstante, la candidata colorada Laura Gamarra, acompañada del apoderado general Julio Ledesma, sostuvo que, por encima de los intereses partidarios, debe prevalecer la participación de los distintos sectores políticos y la voluntad ciudadana.
“Fue una sorpresa muy grande que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no presentó en tiempo estas nóminas de funcionarios de mesa como así también para apoderado y no han participado del sorteo correspondiente. De todo corazón lo digo, lamento muchísimo esa desidia y ese desinterés que han demostrado en esa circunstancia para todos demasiado importante”, comentó.
Gamarra aclaró que se puso en contacto con los apoderados nacionales del Partido Colorado, como también con los diferentes candidatos a concejales de la Lista 1, y aseguró que harán todo lo que sea necesario para acompañar las correspondientes gestiones ante la Justicia Electoral, para facilitar la representación liberal en las mesas electorales de Capiatá.
“Por encima de cualquier interés partidario, para nosotros está nuestra querida ciudad de Capiatá. Como candidata de la Lista 1 y el equipo político el Partido Colorado, en la ciudad no pondremos ninguna objeción con respecto a esa situación para que se pueda encontrar y subsanar esa situación. Teniendo en cuenta que la democracia, la voluntad del pueblo tiene que prevalecer siempre. Hemos tomado esta decisión incluso de acompañar la solicitud y las gestiones que en estos momentos están realizando el PLRA para que puedan contar con la representación de su partido en cada mesa de votación” enfatizó.
En favor de elecciones transparentes
La ciudad de Capiatá cuenta para este año con más de 150.000 electores, distribuidos en 26 locales de votación y más de 450 mesas electorales, según los datos mencionados durante la conferencia de prensa que fue transmitido por las redes sociales de Capiatá Press PY. Gamarra afirmó que la Lista 1 ya tiene organizado y capacitado a su equipo electoral para la jornada.
Por su parte, el apoderado general de la Lista 1 en Capiatá, Julio Ledesma, manifestó que acompañarán el proceso y sostuvo que la presencia de los distintos sectores políticos contribuirá a unas elecciones transparentes. Durante la conferencia se informó que Cruzada Nacional presentó en tiempo y forma su nómina de funcionarios de mesa y que su representación será definida conforme al procedimiento electoral correspondiente.
“Realmente existe un proceso todavía legal y existen instancias, en el cual el PLRA está apelando, en el cual nosotros vamos directamente allanarnos a lo que ellos están solicitando por el lado de la ciudad de Capiatá, entonces se va a facilitar mucho más rápido de que esa resolución sea favorable para el pueblo capiateño, para que todos estén representados en unas elecciones transparentes y que todos los partidos que hoy pugnan con una candidatura tengan su representación en todas las mesas”, acotó Ledesma.
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