El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Un escenario de política monetaria neutral, menor confianza de los consumidores por dificultades en la productividad y la variación de precios, podría incidir en el comportamiento del sistema financiero como respuesta ante tales situaciones, con una posible suba en la tasa de interés.

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), compartió un análisis acerca del sistema financiero paraguayo, que está demostrando un crecimiento sostenido durante los primeros meses de este 2025, pese a un contexto de mayor cautela. El reporte indica que la demanda de financiamiento y el ahorro depositado en las entidades bancarias mantienen un dinamismo creciente a febrero del 2025, similar al cierre del 2024, según los registros del Banco Central del Paraguay (BCP).

La Asoban destaca que el hecho, debido a las dificultades de los últimos meses del sector productivo, a raíz de la última sequía y la volatilidad en los precios de los alimentos, factores que se reflejan a la vez en la confianza de los consumidores. Es así que los bancos de plaza se encuentran utilizando las herramientas de refinanciación de deudas, incluidas las medidas transitorias de flexibilización que dispuso el BCP, a fin de evitar que afecten a la solvencia del sistema financiero.

En cuanto a la política monetaria, esta se mantiene y no se vislumbran factores que fundamenten una reducción de tasas de interés desde el Banco Central en el corto plazo. Es aquí que las entidades bancarias estarían respondiendo con ajustes en las tasas de interés para el público, aunque sin que vayan a incurrir en un incremento significativo, se vuelve a aclarar. Hay que mencionar que en su tercera reunión de este 2025, el Comité de Política Monetaria (CPM) decidió mantener su tasa de referencia en 6 %, luego de haber realizado su último recorte en marzo del 2024, y desde entonces el instrumento monetario permaneció sin modificación alguna.

Con relación a los créditos, totalizan USD 21.623 millones al cambio actual hasta febrero, según el informe de la Superintendencia de Bancos, en tanto que los depósitos sumaron USD 21.255 millones. En tales cifras al segundo mes del año, se obtuvo un crecimiento de 22,8 % y 13,6%, respectivamente. Un dato importante es que los préstamos en guaraníes tuvieron un mayor nivel de crecimiento interanual, de 20,1% al ser 52 % de la cartera, frente al 16 % de expansión los créditos en dólares que representan el 48 % del total.

Sectores. Al desglosar por sectores, se destaca el crecimiento de la financiación a la producción agrícola, con una variación de 27 %, aunque los de mayor incremento fueron las actividades inmobiliarias, los servicios, el sector financiero y la administración pública, aunque la participación en la cartera total sigue liderando el comercio. El otro indicador que muestra una mayor cautela es el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), ya que en febrero registró un nivel de 50,51; por debajo del valor del mes previo y del registrado en febrero de 2024, ubicándose al borde del nivel considerado de optimismo o por encima de 50, cuando no había descendido a la zona de pesimismo desde noviembre del 2022.

Este sábado, desde la Policía Nacional informaron que durante el viernes 28 de marzo recibieron un total de 1.732 llamadas al sistema de emergencias y que de este número el 80 % fueron de personas que no requerían de asistencia. El mayor número de casos es de personas que contactan y no responden una vez que las operadoras toman las llamadas.

Según el reporte dado por la institución, durante la jornada de ayer recibieron un total de 1.305 llamadas de no emergencias, lo que equivale al 80 % de los contactos que ingresaron al sistema 911. Los casos más relevantes fueron de las personas que llaman y no contestan con 951 casos, 61 fueron de ciudadanos que requieren información general, 44 fueron contactos operativos.

Como siempre no pudieron faltar los niños que llaman jugando con 68 casos, desde la Policía instan a los padres a educar a sus hijos sobre la importancia del uso del sistema solo para casos de emergencias. También, 33 personas llamaron equivocadamente, tres contactos de mensajería, 3 ciudadanos marcaron para decir obscenidades a las operadoras y 142 casos fueron por otros casos particulares.

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Los agentes policiales lograron asistir un total de 427 llamadas de emergencias reales de los cuales 59 casos fueron por violencia intrafamiliar, las denuncias fueron hechas por las propias víctimas en algunos casos y otros por sus vecinos. Hubo 36 reportes por polución sonora, 33 por perturbación a la paz pública, 20 accidentes de tránsito y 12 casos de robo.

Desde la Policía Nacional recordaron la importancia del buen uso del sistema de emergencia 911, ya que ante la gran cantidad llamadas que no requieren de ayuda retrasan la asistencia a las personas que realmente necesitan, entre ellas las víctimas de violencia familiar que pueden tener consecuencias fatales. Las autoridades hicieron un llamado a la conciencia y el buen uso del medio.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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