Con un pasacalles dirigido a Carlos Palacios, intendente interino de Limpio, funcionarios exigen el pago de los salarios atrasados. Hace una semana cobraron lo correspondiente al mes de setiembre y se les dijo que octubre no cobrarían porque no hay plata.
Guardias de seguridad, trabajadoras de aseo urbano, son algunos de los jornaleros que se manifiestan este viernes para exigir una vez más el pago del salario de octubre. Señalan que cobran G. 50.000 por día y se les adeuda G. 1.000.000. Tampoco se paga a los funcionarios contratados y nombrados, a quienes se les debe entre 2 a 3 meses, según señalaron en contacto con canal GEN.
“¿Cómo no va a haber plata si ellos se compran camionetas?”, reclamó una de las manifestantes. Así también, un señor de 84 años, se desempeña desde hace 16 como sereno del cementerio y comentó que nunca se le nombró, así como también destacó que lo único que quiere es cobrar porque tiene que comer y familia que atender, además de cuentas.
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Los manifestantes cerraron media calzada de la Avda. San José en la mencionada ciudad y trabajadoras de aseo urbano decidieron encadenarse como medida de protesta. Señalan que el tesorero, Ángel Amarilla, dijo que ya no hay plata. “Nosotros queremos que venga alguien a decirnos que sí nos van a pagar”, expresó.
Aseguran que tienen familias que mantener y que se les hace insostenible esta situación. Así también, argumentaron que uno trabaja para ganar su salario.
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Bancada de HC aguardará pedido formal sobre senadora Cabrera
El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna indicó que desde la bancada de Honor Colorado aguardarán primero el pedido formal del eventual de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera, en el caso de los sobrinos acusados de planilleros. Refirió que primero se debe presentar el pedido para analizar en bancada.
“Si llegamos a la conclusión de que la senadora Noelia es la responsable, veremos qué postura tomamos. Vamos a ver el resultado del sumario, vamos a esperar, vamos a analizar en bancada y vamos a actuar de acuerdo a la decisión de la mayoría de los colegas de la bancada”, adelantó en conversación con los medios en el Senado.
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El senador señaló que hasta el momento solo se trata de una hipótesis por parte de la senadora Celeste Amarilla y la bancada Democrática, ya que aún no existe una presentación formal del pedido para aplicar el retiro de la investidura de la parlamentaria.
“Vamos a estar atentos a lo que expresó la senadora Celeste Amarilla, que dijo en diferentes medios de prensa que estarían presentando un pedido de pérdida de investidura, hasta el momento es una hipótesis, pero si eso se llega a concretar vamos a estudiar y vamos a analizar con la seriedad que corresponde y luego sacar una definición”, fueron las expresiones del legislador.
Cuestionó este tipo de prácticas en el Congreso, que termina por exponer a toda la institución y al presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez. “Creo que es una situación que expone a toda la Cámara y en especial al presidente del Congreso, que siempre está atendiendo a todos los colegas de la mejor manera, entonces yo desprecio esta situación”, sentenció.
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Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
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Supuestas “víctimas” de la dictadura atacaron la casa del defensor del Pueblo
Protegidos por las sombras de la noche, un grupo de supuestos representantes de víctimas de la dictadura decidió manifestarse frente a la vivienda del defensor del Pueblo, Rafael Ávila.
Lo que comenzó como una protesta pacífica en pocos minutos de transformó en una violenta manifestación, cuyas imágenes lapidarias quedaron registradas mediante el circuito cerrado instalado frente a la casa particular.
Tras reunirse y detonar bombas pirotécnicas sin importar que pudieran dañar incluso a los vehículos que transitaban por enfrente, los agresivos asistentes también arrojaron objetos contundentes que cayeron dentro de la propiedad del defensor, poniendo en peligro a los residentes del local.
Las bombas dieron paso a palos y piedras arrojadas con fuerza contra la vivienda.
Según informaciones recabadas, uno de los protagonistas de la agresiva jornada fue supuestamente el secretario de la organización, un abogado que representaría los intereses de los familiares de víctimas de la dictadura.
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Piden licitación ante paro y transportistas califican de ilegal servicio de bus eléctrico
- Ciudad del Este. Agencia regional
El conflicto entre la Municipalidad de Hernandarias y las empresas de transporte público continua, sin aparente viso de solución. La Junta Municipal recomendó al ejecutivo municipal iniciar trámites para la licitación de los itinerarios urbanos que dejaron de ser cubiertos por las empresas de transporte público.
La medida es como protesta por la incorporación de tres ómnibus eléctricos dentro del sistema de servicio interurbano de ómnibus que cubre Hernandarias/Ciudad del Este. Son buses donados por el gobierno de Corea.
Esto fue señalado por el titular del cuerpo legislativo comunal, concejal Celestino González, quien indicó que, si las empresas no cubren el itinerario, deben dar una solución a la ciudadanía y para ello, una licitación en busca de nuevos servicios, es lo que corresponde. Las empresas dejaron los itinerarios barriales y siguen cubriendo la conexión con Ciudad del Este.
En contrapartida, la presidente de la la Asociación de Transporte de Pasajeros del Este, Carolina Coronel, refirió que los itinerarios barriales que dejaron de cubrir en Hernandarias, nunca tuvieron una ordenanza de funcionamiento y se venía operando sin respaldo documental.
En cuanto a los buses eléctricos, manifestó que el servicio que está haciendo la institución municipal es ilegal porque no disponen de autorización de la Dirección Nacional de Transporte Público (Dinatran), para operar dentro del sistema de transporte público de pasajeros. Mencionó que la autorización que dice tener la comuna, no es para operar con pasajeros del servicio público, sino para coberturas especiales.
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“No podemos dejar un mal presente, en qué quedan las inversiones de las empresas de transporte, es una competencia desleal, ingresaron al sistema sin ninguna ley, ni marco legal, el funcionamiento ilegal”, expresó la titular del gremio de transporte de Alto Paraná.
Agregó que, ante esta situación, lo que hicieron las empresas es dejar de cubrir itinerarios que no tienen habilitación, ni respaldo municipal. La empresaria Carolina Coronel dijo que, desde el Viceministerio del Transporte se aclaró que los buses eléctricos recibidos hasta ahora, no están en condiciones para ser usados como transportes de pasajeros.
Pésimo servicio de transporte público
El concejal Celestino González, volvió a decir a La Nación/Nación Media que las empresas de transporte público de Hernandarias tienen un pésimo servicio, muy deficitario en varios aspectos. El incumplimiento de itinerarios urbanos, deficitaria condición técnica de las unidades de transporte, la falta de previsibilidad de salidas porque, el usuario no tiene la seguridad de contar con ómnibus en determinados horarios, son algunas de las falencias citadas por el titular de la Junta.
El concejal anunció que mañana se hará una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, para el tratamiento de la ordenanza tributaria que contemple la operación de los tres buses eléctricos, que se incorporan al transporte público.
En tal sentido, se cumplió un mes de la incorporación de los transportes eléctricos y se dejará la gratuidad para empezar a cobrar a los usuarios 5 mil guaraníes como pasaje, al igual que en los demás transportes convencionales. El concejal González, dijo que es por tasa de mantenimiento.
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