Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

En el marco del juicio oral que se desarrolla contra Héctor Iván Grau, acusado por la agresión contra Benjamín Zapag, el odontólogo que integra la junta médica confirmó que la víctima tuvo graves consecuencias estéticas y funcionales por el brutal ataque que se registró en noviembre del 2022 en un local nocturno del barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.

Ante el Tribunal de Sentencia, que preside la jueza Laura Ocampo e integran por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, declararon testigos y, entre ellos, el odontólogo Juan Carlos Zárate, quien integró la junta médica que evaluó a la víctima y confirmó que tuvieron que realizar una reconstrucción, por lo que se puede determinar que las lesiones fueron severas.

El profesional detalló en sus declaraciones que los golpes que el joven recibió en el rostro tuvieron consecuencias no solo estéticas sin que en las funciones anatómicas, por lo que se debió reconstruir el hueso malar en zona del ojo con una placa y malla de titanio. Tras la intervención que recibió, Zapag necesitó unos dos meses para una recuperación total.

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Afirmó que tuvieron que realizar la restitución del hueso que se encarga de dar forma al rostro, además de proteger al ojo y que integra el proceso de masticar. En su declaración agregó que, si no se realizaba la intervención, el hueso podía soldarse nuevamente, pero que no iba a quedar con la misma anatomía y que podría presentar hundimiento en la zona.

El abogado defensor Álvaro Arias también interrogó al médico, quien afirmó que no evaluó personalmente a Benjamín Zapag tras el ataque y que tuvo en cuenta lo que hizo otro médico para llegar a su conclusión. Situación que fue cuestionada por la defensa, alegando que al no ser participe del tratamiento no pueden dar fe de la gravedad de lo que sucedió hace tres años.

El juicio oral contra Héctor Grau se inició en marzo pasado y, hasta la fecha, ya se presentaron los testigos y la conclusión de la junta médica que evaluó el caso. El joven está acusado de golpear a Benjamín Zapag en la discoteca Morgan Warehouse en la madrugada del 6 de noviembre del 2022.

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Desde el Ministerio Público informaron este viernes que inició dos investigaciones paralelas contra un joven de 27 años por presunta violencia familiar y crueldad animal, y en ambos casos dictó órdenes de detención contra el presunto responsable.

Según indicaron, los hechos denunciados formalmente este jueves 16 de abril de 2026, exponen un ciclo de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja, de 33 años.

Agregaron que, según antecedentes, el sindicado habría utilizado violencia extrema hacia un animal doméstico como mecanismo de coacción y control emocional para infligir mayor sufrimiento a la víctima.

La causa por violencia familiar es impulsada por el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal n.° 1 de Presidente Franco, y se centra en las agresiones sufridas por la mujer.

También expresaron que como parte de las diligencias, la víctima prestó declaración testifical, además de ser inspeccionada por un médico forense del Ministerio Público. Asimismo, recibió contención psicológica integral por parte de profesionales especializados del Centro de Atención a Víctimas, a fin de evaluar el impacto de los maltratos psicológicos.

El mismo joven de 27 años se encarga de la investigación por parte de la fiscal Viviana Sánchez en el caso por crueldad animal, a partir de la reciente viralización de un video del hecho, ocurrido en diciembre de 2025.

La Fiscalía refirió que el documento fiscal detalla que, tras una discusión y bajo los efectos de estupefacientes, el sospechoso habría ahorcado a un gato para luego arrojarlo violentamente al suelo.

“Esta acción, que habría provocado la muerte inmediata del felino, está tipificada como hecho punible con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión”, informaron.

Finalmente acotaron que ante la gravedad de los hechos y el peligro latente para la denunciante, ambos agentes fiscales emitieron órdenes de detención preventiva contra el joven.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal también intervino formalmente en el proceso, solicitando el cumplimiento estricto de la Ley 7513/25.

Este jueves, se hizo viral un video en el que se ve cuando un docente amenazó a su colega con un arma blanca y luego lo golpeó en plena sala de clases en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. La denuncia fue realizada ante la Policía Nacional y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Según el reporte policial, el hecho se registró en una escuela ubicada en la Colonia Nacional del citado distrito, donde se vieron involucrados dos maestros. Hasta el momento se desconoce lo que motivó a que el profesor Manuel Rojas Mereles, del sexto grado, realizara este acto, que quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad.

En el video se puede ver que Rojas estaba sentado en una silla en la sala del segundo grado y que también estaban dos alumnos, que esperaban al profesor Alexis Fabián Godoy. El presunto autor ya tenía el cuchillo tipo navaja con el que estaba realizando movimientos extraños.

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Segundos después ingresa Godoy y va directamente junto a su colega como para saludarlo, pero ve que este tiene el cuchillo en la mano y se asusta, aparentemente recibió una amenaza, situación que alarmó a los dos niños que estaban en la sala y salieron corriendo muy asustados.

Al quedar ambos docentes solos en la sala, uno de ellos se sentó y el otro se le acercó para propinarle varios golpes a la altura del rostro y lo amenazó. La víctima no reaccionó ante el grave hecho y el agresor se retiró de la sala. Las denuncia fue realizada ante la Policía Nacional y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los padres de familia piden la destitución del agresor.

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