Desde el Ministerio de Salud informaron este lunes sobre tres jornadas de promoción de la salud y atención médica que reunieron a unas 593 personas en comunidades indígenas de Itapúa. Las actividades pusieron especial atención en los adolescentes, con espacios de diálogo sobre salud mental, sexualidad, identidad y los desafíos que surgen durante esta etapa de la vida.

Más allá de las consultas médicas, los encuentros buscaron abrir conversaciones sobre temas que muchas veces generan dudas entre los jóvenes y que resultan fundamentales para su bienestar. A través de charlas y dinámicas participativas, se abordaron:

• los cambios propios de la adolescencia
• las relaciones de noviazgo
• la planificación familiar
• y la construcción de la identidad.

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La propuesta también incluyó atención médica para los pobladores, mediante el traslado de equipos de salud hasta las comunidades. De esta manera, las familias pudieron acceder a prestaciones sanitarias sin que las actividades se limitaran únicamente a la orientación y la prevención.

Las jornadas se desarrollaron en nueve comunidades indígenas de los distritos de San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López e Itapúa Poty. En el primero, participaron pobladores de Pykasu Ygua; en Carlos Antonio López, de Arasa Poty, Makitutinga, Y Aka Marangatu y Ka’avy Porã; mientras que en Itapúa Poty, las actividades llegaron a Ka’aguy Poty, Agosto Poty, Ka’avy Porã y Arroyo Claro.

La iniciativa fue impulsada por la VII Región Sanitaria de Itapúa, mediante la Coordinación Regional de Salud Indígena y con el apoyo de los equipos distritales de Atención Primaria de la Salud (APS), cuyos integrantes participaron tanto en las charlas como en las atenciones médicas.

La Fundación de Religiosos para la Salud colaboró con la provisión del desayuno y el almuerzo para las personas que asistieron a las jornadas.

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• Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa

Un operativo de búsqueda se lleva adelante en aguas del río Paraná, tras el naufragio de una canoa en la que viajaban dos hombres que habían salido a pescar en la zona de Ita Cajón, barrio San Antonio, distrito de Carlos Antonio López, Itapúa.

El desaparecido fue identificado como Eriberto Esteche Carmona, de 46 años, quien salió de su vivienda durante la mañana del domingo 18 de octubre acompañado de Porfirio Javier Azcona, de 40 años. Por causas que todavía se investigan, la embarcación volcó mientras ambos se encontraban en el agua.

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Según los datos reportados, Azcona logró salir del río, mientras que Esteche Carmona desapareció y desde entonces se desconoce su paradero. La situación fue comunicada a la Policía por la pareja del hombre, lo que permitió activar los procedimientos correspondientes.

En el lugar trabajan efectivos policiales y personal de la Prefectura Naval del destacamento de Puerto 7 de Agosto, con el objetivo de localizar al desaparecido.

El caso también fue comunicado al Ministerio Público, mientras continúan las tareas de búsqueda y las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

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• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo / Gentileza

Derribar aquello de que el hombre manda/mujer obedece es clave para enfrentar el flagelo del feminicidio. La violencia de género tiene en estos crímenes su desenlace más extremo, la punta del iceberg. Subyacen allí controles cotidianos, humillaciones, aislamiento, amenazas, dependencia económica, miedo, celos naturalizados, violencia psicológica, golpes, acoso, persecución, silencios familiares e instituciones que llegan tarde. Aquí el análisis de tres especialistas.

El cuadro social determina comportamientos, coinciden las especialistas consultadas para este informe. El machismo estructural es la respuesta principal al por qué se sigue matando de la manera aberrante que se vio en el profusamente televisado caso de Deisy Giménez.

Entendiendo esto, se preguntó por qué el duro castigo previsto no detiene estas acciones, a qué se debe la insuficiencia de lo punitivo. Raquel Samudio, del departamento de Psiquiatría y Psicología Forense del Ministerio Público, explica que “la mayoría de los feminicidas no tienen una enfermedad mental que anule su comprensión o su voluntad, saben lo que hacen. Entonces, atribuir esto a un trastorno desplaza la responsabilidad y además estigmatiza a las personas que tienen un sufrimiento mental que en la mayoría de los casos son víctimas y no victimarios”.

“El agresor no hace un cálculo racional de los costos, actúa desde una lógica “si no es mía no es de nadie”. Entonces, la pérdida de control sobre la mujer lo vive como algo intolerable. Por esto es que no es raro que después se autoeliminen porque no es que les importe el castigo, sino que su objetivo es eliminar ese objeto que perdieron. Entonces esto también es muy importante porque la respuesta no puede ser solo penal, tiene que ser preventiva y tiene que ser temprana”, señala.

De su experiencia, describe que en los feminicidas suelen verse rasgos como “posesividad extrema o celos, baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional que muchas veces se disfraza como de dominio, como la necesidad de dominar en realidad porque dependen emocionalmente de la otra persona y creencias rígidas sobre los roles de género”. También se dan “antecedentes de violencia previa, en algunos casos hay consumo de sustancias, que no es en sí misma la causa de la violencia, pero sí la agrava”, agrega.

Myrian González desde hace más de 20 años es redactora del capítulo “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” para el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Describe entonces que el feminicida “se ciega ante lo que considera una afrenta a su hombría. Muchas veces le da vergüenza que otros hombres le consideren inútil, débil, por permitir que la mujer sea ‘juru guasu’, no baje la cabeza, no se calle, denuncie, le abandone”, describe.

“Según mi análisis, no es que sufre por amor, porque le dejaron, ni porque tiene algún descontrol psíquico. Lo que le pasa es que ve en peligro su hombría, él no puede actuar como un pelele, el mandato cultural masculino le dicta que él es el que manda sobre su novia o mujer. Siente que se le rompe el mandato tradicional del macho, del hombre de la casa”, dice describiendo el cuadro.

González, que es directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), entiende que “un problema principal es la ausencia, la falta de una educación igualitaria, que es responsabilidad del Estado”.

Agrega que la “educación machista es resultado de esa cultura que valora de manera diferenciada a mujeres y hombres. El Estado, con sus ministerios y políticas públicas, es responsable de no promover la educación igualitaria. Esto es, mirando la realidad con perspectiva de igualdad de género”, describe.

“Se debe visualizar, comprender y aceptar que esas diferencias entre mujeres y hombres generan discriminación y desigualdades y que estas se traducen en que las niñas tienen que portarse bien y no “tentar” a los varones, las mujeres deben obedecer a sus esposos para que no se enojen, las jóvenes no tienen que provocar sexualmente a los hombres vistiéndose de x forma, ni salir solas o a la noche. Esta es la cadena que somete a mujeres y envalentona a los hombres”, apunta llamando a la transformación de esta matriz.

Monserrat Fois es antropóloga social y preside la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF). Considera que una de las dimensiones más graves del problema “es la abrumadora irresponsabilidad del Estado porque no estamos frente a un fenómeno desconocido ni mucho menos inexplicable. Existen décadas de investigación en estudios de género, en sociología, antropología, en derecho y en políticas públicas que permiten comprender cómo se producen y reproducen las violencias contra las mujeres”.

Yendo a los datos, recuerda que “en Paraguay, solamente en 2025 hubo 37 feminicidios y más de 37 mil víctimas registradas de violencia familiar. En lo que va de 2026, ya van 20 feminicidios y 28 tentativas de feminicidios. Es decir, detrás de los casos extremos que llegan a los medios existe un universo muchísimo mayor de violencia cotidiana”, describe.

“Entonces, no me estoy refiriendo solamente a que una institución haya actuado mal ante una denuncia concreta, sino a gobiernos que, teniendo evidencia disponible, deciden escuchar a sectores políticos y religiosos que cuestionan sistemáticamente las políticas de género basados en prejuicios, supersticiones, odio o miedo y desoyen el conocimiento acumulado generado por investigadoras, académicas, funcionarias públicas y organizaciones feministas”, apunta.

Explica entonces que hay estudios e informes internacionales que permiten generar una trazabilidad sobre eventuales agresores: “Esto no significa, por supuesto, que podamos saber con certeza qué agresor va a matar ni en qué momento. Pero sí nos está diciendo que existen trayectorias y señales de riesgo que pueden ser identificadas y que deberían activar respuestas estatales diferenciadas”.

Insiste en que “antes que hablar de ‘combatir el feminicidio’, el Estado necesita construir capacidad para identificar trayectorias de violencia antes de que se vuelvan letales”.

Apunta entonces que “en el corto plazo, debemos evitar que una trayectoria de violencia tenga a la muerte al final de la historia. Y en el largo plazo, transformar las condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales que producen, permiten y las legitiman. El problema es estructural y, por lo tanto, la respuesta también tiene que tener esa categoría”.

Es hora de actuar.

Lo mediático juega un papel clave en la reproducción del modelo que incuba los feminicidios, pero puede también convertirse en factor de reversión. Todo depende de los ejercicios profesionales y empresariales, entienden las especialistas.

Para la psiquiatra Raquel Samudio, “una cobertura con muchos detalles morbosos del método, de fotos de la víctima, de relatos que romantizan al agresor como que la amaba demasiado o fue un crimen pasional o que terminan culpabilizando a la mujer, revictimiza a las familias. Además, también hay evidencia de que la difusión masiva de estos casos puede asociarse a un efecto dominó en otras personas que ya estaban predispuestas a cometer un crimen”, recuerda.

Apunta a su vez que “los medios también pueden funcionar como un factor protector muy grande cuando nombran el hecho como feminicidio, cuando contextualizan la violencia como un problema social y no como un caso individual, como un hecho privado, cuando muestran las señales de alerta y cuando informan dónde pedir ayuda. El periodismo responsable salva vidas”, recuerda.

Para la antropóloga social Montserrat Fois, “tanto los medios como las autoridades públicas producen sentidos y categorías a través de las cuales interpretamos la realidad. Contribuyen a decirnos qué es grave, qué es normal, qué es excepcional, qué es tolerable y hasta dónde una determinada violencia merece ser considerada un problema público”.

Citando a Rita Segato en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, recuerda que no es correcto presentar esta violencia como “algo disperso, anómalo o episódico. Un crimen acá, otro crimen allá, una pareja que discutió, un hombre que perdió el control”, sin reflejar “la estructura que conecta fenómenos que aparentemente no tienen relación entre sí”.

Otro elemento que pone en discusión es la espectacularización de la violencia. “Vimos circular por todas partes el video del feminicidio de Deisy y amanecimos a los días con la noticia de otro feminicidio ocurrido en Canindeyú. Quiero ser muy cuidadosa acá porque no puedo ni pretendo afirmar que exista una relación causal directa entre la difusión de un feminicidio y la comisión de otro. Pero Segato plantea algo muy importante para pensar este fenómeno y es que la propia violencia puede funcionar como una forma de comunicación”.

Agrega entonces que “la violencia no solamente actúa sobre la víctima concreta, puede comunicar poder, mostrar de qué es capaz el agresor, hasta dónde puede llegar, qué capacidad tiene de controlar, castigar o disponer sobre el cuerpo de otra persona. Y cuando los medios o las redes espectacularizan esa violencia pueden, potencialmente, convertirse en parte de la circulación de ese mensaje, ampliar su audiencia”.

Expone ante el caso que “esa exhibición reiterada puede ofrecer repertorios de acción y modelos de potencia con los cuales otros agresores pueden llegar a identificarse. No estoy diciendo que alguien que vea un feminicidio en televisión o en Tiktok automáticamente salga a cometer otro. Sería irresponsable afirmarlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que debemos preguntarnos qué efectos sociales produce mostrar una y otra vez el momento exacto en que una mujer es violentada o asesinada, convertir al agresor en protagonista y hacer circular su acto de poder millones de veces”, apunta.

Entiende que en esa situación el medio deja de ser solamente un canal que informa sobre un crimen corriendo el riesgo de transformarse, “aun sin proponérselo, en parte del dispositivo mediante el cual ese crimen adquiere visibilidad, audiencia y capacidad de comunicar poder. Para mí, ahí está la enorme responsabilidad de los medios y también de las plataformas digitales: informar sin convertir la crueldad en espectáculo”.

Una mujer presuntamente mató a golpes a su padre durante una discusión y luego intentó ocultar lo ocurrido, pero cayó en contradicciones y terminó confesando a la Policía lo que hizo.

El parricidio ocurrió ayer, alrededor de las 5:00, en la compañía Colonias Unidas del distrito de San Pedro del Paraná, Itapúa. Fue apresada como autora confesa del crimen Pastora Sotelo Bustamante (46).

Inicialmente, la mujer dijo a los intervinientes que su papá salió de la casa cerca de las 7:00 para hacer reparaciones de alambrada, mientras ella fue a la chacra.

Luego, alrededor de las 11:00, volvió y no encontró a su padre. Entonces, pidió a su hija de 16 años que vaya a buscarlo y la menor lo encontró muerto.

Posteriormente, cayó en contradicciones y confesó que había vuelto de la ciudad de Santaní, con sus hijos de 3,4, 10 y 16 años, a vivir con su papá.

El conflicto se habría originado cuando el anciano le dijo que podía quedarse un tiempo, pero que luego debía buscar otro rumbo. Hasta que en la mañana del viernes se registró una pelea en la que la mujer mató a golpes a su padre y luego lo arrastró el cuerpo unos 200 metros de la casa.

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“Fue un arma contundente, específicamente palo, el que cegó la vida de este hombre. No fue arma blanca ni de fuego”, refirió este sábado el fiscal Egidio Borja en declaraciones a Más Encarnación.

Sobre las circunstancias del hecho, mencionó que la víctima mantuvo una discusión con la supuesta autora. “En un momento dado, reacciona contra el papá, propinándole golpes en la cabeza y dejándolo en el piso con el resultado de la muerte del señor”, detalló el representante del Ministerio Público.

Añadió que con el correr de la investigación, se definirá el origen de la discusión. Asimismo, levantaron evidencias que vinculan a la hija con la muerte del anciano, indicó el agente fiscal. “Existen elementos serios de sospecha”, subrayó el investigador.

La Comisaría 48° de San Solano, distrito de San Pedro del Paraná, comunicó a la Dirección de Policía de Itapúa sobre el supuesto hecho de homicidio doloso.

Personal de esa comisaría asistió al establecimiento en respuesta a una llamada telefónica recibida en la oficina de guardia.

En el lugar fueron recibidas por Pastora Sotelo, quien manifestó que en horas de la mañana había acudido a la chacra en tanto su padre acudió a realizar reparaciones de alambrada de la propiedad.

Posteriormente, siendo las 11:30 aproximadamente, la mujer regresó a la vivienda no encontrando a su padre, pidió a su hija, una adolescente, que fuera a buscar a su abuelo. Alrededor de 200 metros a la redonda la menor encontró a su abuelo ya sin signos de vida.

Inmediatamente, acudieron al lugar los intervinientes. Se convocó al fiscal de turno y al personal de Criminalística de la Policía Nacional.

En horas de la tarde, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva de la hija del difunto.

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