La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.

Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.

Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.

“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.

Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).

Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.

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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.

Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.

Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.

Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.

En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.

• Fuente: AFP

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Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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La Expo Empleo ARP 2026 pondrá a disposición 678 vacancias laborales en empresas de diversos rubros en su nueva edición, según anunció el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (METSS), en alianza con la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

La feria laboral se realizará el jueves 16 de julio, a partir de las 8:00 en el salón social “Germán Ruiz” de la ARP, ubicada en Mariano Roque Alonso.

La actividad busca conectar a empresas con personas que se encuentran en búsqueda de empleo, ofreciendo oportunidades en sectores como industria, comercio, retail, alimentos, gastronomía, telecomunicaciones, salud, servicios y seguridad.

Las vacancias disponibles abarcan perfiles técnicos, operativos y administrativos, con opciones laborales adaptadas a distintos niveles de formación y experiencia.

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La cartera de Trabajo señaló que las oportunidades laborales ya se encuentran habilitadas en la plataforma Emplea Py, donde los interesados pueden revisar los perfiles requeridos y postularse previamente para agilizar su participación durante la jornada.

Desde la institución destacaron que la Expo Empleo constituye un espacio de vinculación directa entre empresas y trabajadores, facilitando el acceso a nuevas oportunidades laborales y fortaleciendo la intermediación de empleo formal en el país.

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El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) abrió una investigación tras la muerte de cinco personas en la explosión de una barcaza en el río Paraguay para determinar las condiciones laborales en las que se desempeñaban sus funciones las víctimas. Las diligencias continuarán este lunes y se solicitará una orden de inspección en la empresa Líneas Panchita G.

“Nosotros iniciamos una inspección de oficio, al tomar conocimiento fuimos al lugar siniestrado y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público, Criminalística, que son los que están haciendo la investigación de las razones o inicios de la explosión y nosotros verificando las condiciones laborales de salud y seguridad en el trabajo”, dijo la directora de Fiscalización de la institución, Jessica Duarte.

En comunicación con C9N, la funcionaria dijo que todavía quedan muchos aspectos por analizar tras el percance ocurrido el sábado en zona de la Costanera Sur. “Si se cumplieron esas condiciones laborales, si tenían órdenes de trabajo, capacitaciones para realizar esa labor, si se hicieron las verificaciones previas para empezar a hacer la limpieza, eso está en una etapa reciente e inicial”, explicó.

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Duarte mencionó que las diligencias continuarán este lunes en la empresa afectada y se solicitará una orden de inspección. “Estaremos esta semana nuevamente en la empresa, ya en su oficina administrativa y también en el predio solicitando información, requerimos los documentos que ya le estábamos pidiendo” el día en que se registró la explosión de la barcaza.

Las víctimas tenían como tarea la limpieza de la barcaza que se encontraba vacía y que había traído combustible. “Ellos lo que tenían que hacer era la limpieza de la barcaza, pero antes de eso se debía hacer una desgasificación, que es lo que ahora se está verificando, con la Marina, con la Prefectura y con la Fiscalía, para ver si se realizaron esos procedimientos como debían haberse hecho”, acotó.

Sostuvo que la intención es determinar si las personas contaban con los equipos necesarios para el trabajo y si se hicieron las mediciones antes de ingresar a realizar la tarea de limpieza.

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