Una carga de 27 mil kilos de cal viva sin documentación fue incautada durante un procedimiento de control realizado por una comitiva fiscal policial anticontrabando en zona de Vista Alegre, en el distrito de Villa Hayes, del departamento de Presidente Hayes.
Las 27 toneladas de cal fueron llevadas a un depósito de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central, para mejor revisión. El producto era transportado en un tractocamión que también fue retenido por los intervinientes.
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El operativo fue realizado por agentes de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) y del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en el marco de la denominada Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC).
Se desconoce, hasta el momento, a dónde iba a ser destinada la carga de 27.000 kilos del valioso producto cuyo valor aún no fue divulgado por parte de las autoridades que intervinieron en el hecho. El conductor fue demorado por los agentes para realizar las correspondientes averiguaciones.
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Dalia López ya fue trasladada a la Fiscalía y descartan derivarla a centro asistencial
Tras su detención en el barrio Herrera de Asunción, Dalia López presentó un cuadro de inestabilidad, por lo que una ambulancia acudió en su asistencia.
La detenida padece diabetes y al ser inspeccionada no presentó problemas de salud, por lo que se decidió trasladarla a la Fiscalía barrial número dos, descartando que vaya hasta un centro asistencial.
Al respecto, el fiscal Federico Leguizamón indicó que López se encuentra estable y lúcida. Y que la misma manifestó que su fuga se debió a que temía por su vida ante presuntas amenazas.
“Ella va a ser puesta a disposición del Juzgado Penal de Garantías y ya dependería de lo que el juzgado determine”, dijo el agente fiscal a los medios de prensa.
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Confirmó que fueron incautados documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero. “Son documentaciones sobre la empresa y sobre propiedades que le corresponderían”, indicó.
No descartó incluir en la causa a la pareja de Dalia. Dijo que ambos se exponen a un proceso por lavado de dinero, si no pueden justificar los USD 220.000 y los G. 400 millones que fueron hallados en la residencia.
“Ella se mostró muy predispuesta desde un comienzo, dijo que estaba amenazada. No dijo por parte de quien, pero que su rebeldía se debió a que ella temía por su vida porque se sentía amenazada. En cuanto a su salud está estable, está lúcida”, remarcó.
El agente del Ministerio Público aclaró que su participación se limita a la aprehensión, mientras que la causa principal por crimen organizado está a cargo de otros agentes.
“El procedimiento de hoy es al solo efecto de la aprehensión, yo no soy el titular de la causa, es Crimen Organizado. Yo le pasaré todos los antecedentes a mis colegas de Crimen Organizado”, expresó.
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Fiscalía analiza denuncia por intervención equivocada en IPS Ingavi
Una denuncia penal por presunta negligencia médica fue presentada tras un grave hecho ocurrido en el IPS Ingavi, donde una paciente con diagnóstico de cáncer habría sido sometida a la extirpación de la mama incorrecta durante una intervención quirúrgica.
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la familia de Nancy Elizabeth Franco, de 62 años, señaló a la 1020 am que la denuncia apunta contra la médica María Paredes y su equipo, cuestionando tanto el procedimiento realizado como las condiciones profesionales en las que se habría llevado a cabo la cirugía.
Según indicó la representante legal, se tomó conocimiento de manera extraoficial de que la profesional habría obtenido recientemente su título de mastóloga, lo que, de confirmarse, abriría el debate sobre la responsabilidad institucional en la contratación y supervisión del personal médico.
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Por su parte, el fiscal Armin Echeguren, quien interviene en la causa, confirmó a la misma emisora que se trata de un caso en investigación por presunta mala praxis, y que actualmente se están analizando documentos y antecedentes para determinar posibles responsabilidades.
El agente del Ministerio Público también informó que, tras detectarse el error, se procedió a una segunda intervención quirúrgica inmediata con el objetivo de corregir la situación, en medio de un escenario de alta tensión para la paciente.
De acuerdo con los reportes, la mujer habría confrontado a la médica tratante al percatarse de lo ocurrido, evidenciando el impacto emocional y físico derivado del procedimiento.
El fiscal confirmó que la paciente ya fue dada de alta, mientras la investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer eventuales sanciones penales o administrativas en el caso.
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Causa Berilo: condenan a funcionarios y exagente fiscal a dos años de cárcel con suspensión
En el marco de la causa denominada Berilo, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución penal, los funcionarios fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, así como el exagente fiscal Gustavo Ramón Yegros.
El informe del Ministerio Público destaca que los mismos fueron hallados responsables de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y soborno agravado.
En el caso de Gustavo Ramón Yegros, además, fue condenado por cohecho pasivo agravado.
El incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas implicará la revocatoria de la suspensión y la ejecución de la pena privativa de libertad.
El juez penal de garantías n.º 7, Miguel Ángel Palacios Méndez, dictó la condena luego de que los acusados admitieran los hechos atribuidos en su contra.
La causa guarda relación con el denominado Operativo Berilo, que investiga un esquema criminal vinculado al tráfico de drogas desde el departamento de Alto Paraná.
En este proceso también se encuentran acusadas otras 22 personas, entre ellas un exdiputado, quienes deberán enfrentar juicio oral y público.
Yegros, quien se desempeñaba como fiscal en Ciudad del Este, fue acusado de haber recibido la suma de USD 20.000 en concepto de coima durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de las reglas de conducta impuestas, los condenados deberán realizar donaciones a las fundaciones Guadalupe, Asoleu y Rocío Róga, respectivamente, en concepto de reparación social. Asimismo, tienen prohibido cambiar de domicilio, salir del país y deberán comparecer ante el Juzgado en forma trimestral.
La investigación se inició el 5 de abril de 2018, a partir de la interceptación de llamadas, lo que permitió comprobar la existencia de una organización criminal dedicada al acopio y envío de drogas al Brasil.
En este caso, entre estas 22 personas, están procesados Reinaldo “Cucho” Cabaña, y el exdiputado Ulises Quintana, quienes recuperaron su libertad con medidas sustitutivas y aguardarán el juicio oral fuera de la Penitenciaría de Tacumbú.
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Minga Guazú: Fiscalía dictó charlas a estudiantes en prevención de ciberlitos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Diferentes tipos de ciberdelitos fueron abordados en charlas de orientación realizadas ayer a estudiantes del Colegio Salesiano Don Bosco, ubicado en el kilómetro 16 de Minga Guazú. Forma parte del programa del Ministerio Público denominado “Fiscalía en escuelas y colegios”, que realiza a nivel país y, en esta oportunidad, una institución de Alto Paraná recibió la actividad.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Alto Paraná, dirigió la charla junto a la abogada Lisa Aguilera, asistente fiscal de la citada unidad, quien también fue expositora.
La actividad contó además con la participación de los oficiales Jorge Ibarra y Pedro González, pertenecientes al Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
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Durante la jornada, los especialistas abordaron temas relevantes como el acoso escolar (bullying), el ciberbullying, el sexting y el grooming. Asimismo, los disertantes destacaron la importancia de la protección de la privacidad y del uso responsable de las redes sociales en el contexto digital actual. Respondieron igualmente a las inquietudes sobre los temas abordados.
La capacitación reunió a estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa, y tuvo como objetivo principal brindar herramientas preventivas y conocimientos técnicos que permitan a los alumnos identificar situaciones de riesgo, promoviendo conductas seguras y responsables en el uso de internet, según el fundamento del programa.
Según el Ministerio Público, las charlas tienen un enfoque preventivo, con la intención de evitar que los menores de edad sean víctimas o victimarios de los principales delitos ante los que podrían encontrarse expuestos.
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