La cantidad de trabajadores que perciben ingresos por debajo del salario mínimo se redujo en 76.200 personas en los últimos años. Mientras tanto, el número de quienes hoy ganan al menos el salario mínimo aumentó en un 34 %, según datos presentados por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en Universo 970 AM/Nación Media.

Estos indicadores forman parte de un análisis realizado por el Ministerio de Trabajo sobre la evolución del salario mínimo desde 2017 hasta la actualidad. La meta es disponer de insumos técnicos para establecer los cambios que se harán en el mecanismo de reajuste salarial y poder cuantificar el impacto real que esto tendrá sobre los ingresos de la población.

Según explicó Recalde, la reducción de trabajadores por debajo del salario mínimo refleja que más personas lograron alcanzar ese umbral de ingresos, lo que permite dimensionar el efecto de las políticas laborales y del crecimiento económico en el mercado de trabajo.

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A partir de estos datos, el gobierno evalúa distintas alternativas para modificar la fórmula de ajuste, que actualmente se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entre las propuestas se encuentra incorporar el crecimiento económico o analizar mecanismos complementarios que permitan recuperar el poder adquisitivo de forma más efectiva.

También se plantea la posibilidad de establecer salarios mínimos diferenciados por sector o región, considerando que el costo de vida y la capacidad de compra no son iguales en todo el país. Esta opción se encuentra en discusión junto con el sector empresarial y los trabajadores.

La ministra advirtió que el debate no debe centrarse únicamente en el porcentaje de aumento, sino en el efecto real que tendrá en los ingresos. “No se trata solo de recuperar la pérdida del poder adquisitivo, sino de lograr que el salario alcance”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el ajuste del salario mínimo no puede analizarse de forma aislada. Indicó que existen otros factores que afectan el ingreso disponible, como el alto nivel de endeudamiento de las familias y los descuentos legales que pueden alcanzar hasta el 50% del salario.

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Conductores de plataformas se movilizan este miércoles en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este y Bajo Chaco, lo que motivará la escasez del servicio.

La marcha nacional incluirá a choferes de tres plataformas. Aclaran que la medida no es contra los pasajeros, sino para mejorar las condiciones laborales y garantizar un servicio más seguro.

El motivo principal de la movilización es la solicitud de modificación de la tarifa, atendiendo el desajuste entre ganancias y costos, según explicaciones de Carlos Alvarez, vocero de la Asociación de Motociclistas de Plataforma (Amopla).

“Estamos pidiendo que se revise la tarifa, ya que el costo operativo para nosotros está siendo muy pesado y se nos hace difícil el trabajo”, manifestó esta mañana en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pedido obedece a que las plataformas aumentaron su comisión, no así las tarifas en cuanto a ganancias para el conductor, sumado a la suba del combustible y otros gastos, precisó. “Nos vemos obligados a realizar esta marcha para que las plataformas puedan ir revisando ese punto”, precisó.

Ante el “paro” de servicio previsto entre las 9:00 y las 13:00, realizó una advertencia para los usuarios sobre la posible aparición de conductores no habilitados. “Quiero advertir que va a haber personas con cuentas ‘mau’ que van a querer aprovechar esta situación, lo que genera inseguridad a los pasajeros”, indicó.

Otro reclamo son las penalizaciones en caso de rechazo de viajes, establecido por una de las empresas de plataformas móviles.

“Pedimos que seamos reconocidos como conductores independientes, ya que el control algorítmico hace que no seamos independiente real en cuanto a este rubro. Es decir, no tenemos la posibilidad de decidir qué viajes tomar y cuáles rechazar”, explicó el conductor.

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De no hallar respuestas, tomarán medidas más severas, adelantó el vocero de Amopla. “Esto es una antesala a lo que vamos a estar realizando durante estos meses”, acotó.

Cuestionan además el proyecto de ley que regula a los prestadores de servicios y usuarios, debido a que “afectaría solamente a los conductores y a los usuarios, no a las plataformas, deslindándose de toda responsabilidad jurídica dentro del territorio paraguayo”, sentenció.

Por dicho motivo, rechazan la propuesta legislativa argumentando que no sería equitativa para todos los sectores. También se oponen atendiendo que fue tratado solamente con representantes de plataformas, no así con ningún conductor de ninguna organización, mencionó el entrevistado.

“Entonces, lo que nosotros queremos es que la ley de por sí se modifique desde el título. Que sea, ley que regule a las plataformas digitales, prestadores de servicios y usuarios, que sea de forma integral”, puntualizó.

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Representantes del gremio de docentes solicitaron al presidente de la República, Santiago Peña, el veto parcial del proyecto de reforma de la caja fiscal, sancionada ayer martes por la Cámara de Diputados. El sector, mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo, alega que la iniciativa atropella los derechos adquiridos relacionados a la jubilación.

Los educadores requieren el veto parcial del artículo 4 en lo correspondiente al aumento del 19 % del aporte obrero dispuesto en el inciso (a) numeral 2, para que el docente no aporte más del 16 %.

“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, alegan.

También requieren el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, segundo párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias. Esta medida solicitada, dice la nota, es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del magisterio nacional, las universidades públicas, los institutos de educación superior, magistrados y fuerzas públicas.

A la vez, solicitan el veto parcial del artículo 21 que elimina los cargos vacantes de los fondos de la Caja Fiscal. El mismo dispone que sea derogado el “umeral 5 del artículo 246 de la Ley ”De organización administrativa", del 22 de junio de 1909. Los cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.

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También piden el veto del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación (año 2027). “La Intersindical de la Educación permanece en alerta permanente y vigilante, sin descartar medidas de fuerza para defender nuestros legítimos derechos. Asimismo, recurriremos a instancias internacionales si fuese necesario”, refiere el comunicado.

El comunicado se encuentra firmado por Gabriel Espínola de la OTEP-A, Rafael Resquín de la UNE-SN, Silvio Piris de la FEP, Blanca Ávalos de la OTEP-SN, Abundio Duarte de ADOFEP y APE SN, Elisio Olmedo de ADP-SN, María Velázquez de SITRAFUMEC, José Ayala de MAS SP SN, Juan Argüello de SINTE.

La lista sigue con Miguel López de SITRAFACSO-UNA, María del Carmen Piris de FENOB-UNA, Diego Stalder de SIUNA, Miryam Franco de SIDUNPI, Mario Toñánez de SIDFUBA, Rolando Candia de SIDFISE, Mario Vázquez de SPD UNVES, Teresita Cortese de SIDOFUNI, Eugenia de Kratsh de ADOHUMA, Claudio Mongelós de FECI y Jaime Torales de SINDIPROD-UNCA.

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La Cámara de Diputados inició la sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con las modificaciones incluidas en el Senado tras una larga negociación y consenso con los sindicalistas y gremialistas de los sectores afectados. Mientras tanto, docentes se encuentran apostados en inmediaciones del Congreso Nacional a la espera de una sanción del proyecto con las modificaciones acordadas.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, realizó las argumentaciones y presentación de las modificaciones incluidas por la Cámara Alta, versión que sería sancionada en esta sesión extraordinaria.

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“Este proyecto de ley que establece las medidas para la reforma del sistema jubilatorio y pensiones del sector público, de la reforma de la Caja Fiscal, remitido por la Cámara de Senadores, busca fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal que actúa en frente a una situación delicada, afectando a más de 150.000 aportantes de los diferentes sectores, entre ellos el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales y las fuerzas públicas”, presentó.

• Se aumenta el aporte estatal del 5 % al 10 % con aplicación inmediata.
• Se disminuye la edad jubilatoria ordinaria de 57 años a 53 años para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, Instituto de Educación Superior y magistrados judiciales, con una tasa de sustitución del 78 % al 90 %.
• Se introduce el beneficio de maternidad para las docentes, un año adicional de servicio por cada hijo hasta un máximo de dos.
• Se establece una jubilación ordinaria transitoria para docentes y magistrados judiciales donde podrán optar por jubilarse de acuerdo a las disposiciones previstas en esta ley o con reglas anteriormente vigentes.
• Para el sector de fuerzas públicas, se disminuye la edad de jubilación ordinaria de 57 años a 55 años y se establece que la tasa de sustitución será del 75 al 90 %.

Tras presentar los cambios incluidos en la Cámara Alta, la diputada Villalba citó algunas observaciones realizadas por la Comisión de Presupuesto en esta versión. Hay que señalar que la Cámara Baja ya no puede incluir modificaciones en el documento, por lo que se deja constancia de estas observaciones.

“En el artículo 14 que dejemos una constancia desde la Comisión de Presupuesto, que tuvo un error el dictamen del Senado, incluye como requisito para acceder a la jubilación transitoria la edad de 58 años a los magistrados judiciales”, detalló la diputada.

Otra observación señalada en el dictamen es el artículo 12, “donde mujeres docentes en general, se contempló un año adicional de servicio por cada hijo hasta un máximo de dos y no así para las mujeres de otros sectores, desde la comisión que presido no acepta esta inequidad y dejamos constancia y nuestro desacuerdo”.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, citó el impacto del escenario en la reducción proyectada del déficit, señalando que con un estudio donde sin esta reforma el déficit sería de USD 800 millones, aprobando la versión del Senado queda en USD 600 millones. “Es un paso importante lo que estamos dando hacia la sostenibilidad de la Caja Fiscal con un ahorro de 200 millones de dólares”, destacó.

“La Comisión de Presupuesto acepta las modificaciones introducidas por el Senado, resaltando que esta caja ya es insostenible, y por lo cual, es muy importante que hubo una actitud asumida por un Gobierno, ya que ha sido postergado por varios gobiernos sucesivos”, concluyó.

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