La bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados analizará el lunes 16 de marzo el pedido de interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. La solicitud es impulsada por el sector de la oposición y la disidencia colorada.

“Siempre y cuando tenga la confianza del presidente de la República, Santiago Peña, nosotros depositamos la confianza también en el titular de IPS, pero sí va ser un tema a tratar en la próxima reunión (de bancada) del próximo lunes”, manifestó el diputado Miguel Ángel Del Puerto, en conversación con los medios de prensa.

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Del Puerto, quien ejerce el liderazgo de la bancada oficialista, acotó: "Por supuesto que existen fallas, existen falencias, hay que invertir más en la parte de la atención médica, fortalecer los hospitales, las unidades sanitarias en el interior del país, hay mucho por hacer, por eso queremos analizar en bancada cuáles son las respuestas o las decisiones que está tomando el presidente del IPS para mejorar las condiciones".

El pedido de interpelación que se tratará el martes 17 de marzo también va dirigido al gerente de Salud, Derlis León. “Queremos analizar serena y responsablemente en bancada, pero acá hay que entender también que influye mucho el tema político, hay sectores que insisten en la destitución, son posiciones políticas, es por eso que se debe analizar como un todo”, dijo.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Una comitiva del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se trasladó hasta el departamento de Concepción para brindar asesoramiento técnico a funcionarios de registros electorales, con miras a los próximos comicios municipales.

El mismo director del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti lideró el equipo de trabajo. Estuvo acompañado por el coordinador de la Dirección General de Oficinas Distritales, Reinaldo Delvalle.

Ambos funcionarios de la Justicia Electoral, encabezaron una serie de encuentros de trabajo con sus pares de los Registros Electorales de los distritos de Azotey, Yby Yaú, Arroyito, Horqueta y Concepción.

Durante el encuentro se definieron acciones operativas en el marco de las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas previstas para el domingo 7 de junio, así como para las elecciones municipales, programadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

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Se busca orientar sobre el resguardo de las máquinas de votación en lugares seguros y las divulgaciones en general, así como también al fortalecimiento de los servicios electorales que se ofrecen a la ciudadanía en el interior del país.

Participaron del primer encuentro los jefes regionales Víctor Rivarola y Reinaldo Medina, junto a funcionarios de los Registros Electorales de Azotey, Yby Yaú y Concepción.

En tanto la segunda reunión convocó a los jefes Amado Elizeche, Dalvina Arzamendia y María González, involucrando a las oficinas de Registros Electorales de Arroyito y Horqueta.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Asociación de Pacientes Oncológicos de Alto Paraná (Apoap) se movilizó esta mañana frente al Pabellón de Oncología “Bilal Esgaib” del Hospital Regional por la no falta de medicamentos, ampliación del pabellón prometida por la gobernación y la instalación del acelerador lineal para radioterapia para Alto Paraná, anunciada por el Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a los medicamentos que están faltando en el Hospital Regional, según la encargada del pabellón oncológico, la doctora Sandra Orrego, son: Leucovorina, Tramadol, Bortezomib y Morfina en comprimido. Esta misma lista fue confirmada por el presidente de la asociación de pacientes, Venancio Vázquez, quien manifestó “por suerte para Ciudad del Este llegaron los medicamentos más costosos”.

“Para este mes estamos cubiertos, esperemos que se normalice a nivel nacional y que no afecte a los pacientes del Alto Paraná en los próximos meses”, agregó el titular de la Apoap.

“Desde la Asociación de Pacientes Oncológicos de Alto Paraná del Hospital Regional exigimos a todas las autoridades una mejor coordinación e implementación de los mecanismos necesarios para la provisión continua y oportuna de los insumos y medicamentos oncológicos”, expresa el comunicado emitido por la asociación.

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Solicitaron que la planificación para la adquisición “se realice con la debida anticipación y no llegar a stock cero o crítico, que atrasa los tratamientos y lastimosamente, en muchos casos, llevan a la muerte a los pacientes”.

También reclamaron por el compromiso de autoridades sanitarias para la provisión de un acelerador lineal, equipo utilizado para radioterapias, cuya compra había sido anunciada mediante recursos que el estado paraguayo recuperó del mecanismo Covax.

Otro pedido fue a la Gobernación de Alto Paraná para que haga el llamado a licitación para la ampliación y remodelación del pabellón, tal como se había comprometido.

En el comunicado, reiteran la necesidad de un gran Hospital del Este que contemple una unidad oncológica con toda la infraestructura edilicia y en equipamientos para estudios complementarios cerca de sus familiares.

La doctora Sandra Cardozo informó que el pabellón de oncología está teniendo un flujo mensual de 450 pacientes que realizan diferentes tipos de terapias, sin contar las consultas, los pacientes con transfusiones y otras atenciones. Proporcionó a La Nación/Nación Media una lista de 22 medicamentos para diferentes tipos de patologías oncológicas que sí cuenta el servicio.

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