El peritaje sobre los daños ocasionados y el comprometimiento de estructuras adyacentes, por el desprendimiento de azulejos en el quinto piso de la estructura exterior del edificio de la Cámara de Diputados, estaría listo en los próximos días.

El director del área de mantenimiento y recursos físicos del Congreso Nacional, Sebastián Romero, indicó que la acción primaria es la de aislar el área afectada, la acción preventiva y la seguridad de los funcionarios que utilizan ese sector.

“Vamos a realizar los peritajes correspondientes para ver las acciones que vamos a tomar y, de acuerdo a eso, saber cuáles son los pasos siguientes, ya sea qué intervenciones vamos a tomar, cuánto es el costo que va a llevar, porque ahora mismo no podemos decir, no tendría los números. Eso normalmente lleva unos 10 días aproximadamente; ahora, prioritariamente, es la parte de seguridad”, indicó el director a los medios de prensa.

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El área afectada fue clausurada y aislada para la realización de los trabajos de prevención y luego el peritaje, que también contará con el apoyo de profesionales externos al Congreso para determinar no solo los daños, sino también la reparación del área afectada por la caída de los materiales y la estructura que se desprendió desde el quinto piso.

“Ahora estamos haciendo la parte preventiva, priorizando la seguridad del entorno y lo que es la parte de seguridad de los ocupantes; de hecho, clausuramos todo el acceso al sector, solamente gente nuestra del área que está trabajando en instalar la parte de seguridad”, aclaró el funcionario del Congreso.

Por otro lado, aclaró también que ya se venía realizando un trabajo de relevamiento sobre la estructura edilicia con una universidad. “Estamos trabajando justamente, a pedido del presidente del Congreso Basilio Núñez; estuvimos trabajando de manera conjunta con la Facultad de Ingeniería para unas revisiones de la infraestructura edilicia, dentro de las cuales está previsto el trabajo de refacciones externas del edificio, que son justamente los revestimientos, partes de revisiones de los techos”, apuntó.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, adelantó que los pedidos de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre entidades bancarias de plaza a partir de ahora serán analizados minuciosamente para evitar violar el deber del secreto. El parlamentario sostuvo que el sistema financiero en el país goza de buena salud y se debe evitar todo tipo de suspicacias.

“Vamos a evaluar los pedidos de informes, así como se está haciendo en la Cámara de Diputados, sí puedo adelantar que nosotros los legisladores tenemos que tener en cuenta que hay un sistema financiero, hablo del Banco Central del Paraguay saludable, y en algunos casos puntillosamente vamos a ver los pedidos de informes en el sentido de cuidar una ley que habla del deber del secreto, que acá en el Senado fue bastardeado”, señaló a los medios de prensa.

Núñez explicó que se habló y se acordó con los colegas que los pedidos de informes que hablan del sistema bancario de Paraguay, sea cual fuese el banco, se tratará puntillosamente, teniendo en cuenta el cuidado del deber del secreto, y que el último informe fue filtrado a los medios.

“Yo no estoy a favor de un terrorismo financiero, de crear pánico financiero, hay proyectos de ley, voy a empezar por lo menor, pánico financiero, que se puede crear porque da suspicacias y replican de acuerdo a qué banco, en el medio A o en medio B”, señaló el presidente del Senado.

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Por otra parte, en la Cámara de Diputados ya se encuentra el pedido de informe al Banco Central sobre el banco Atlas. El documento ya fue recibido por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, y fue socializado en la mesa directiva que se reunió este miércoles.

El diputado Alejandro Aguilera adelantó que el documento será entregado a todos los diputados que soliciten y también a los medios de prensa. El legislador indicó además que en este pedido se incluye varios puntos, uno de ellos las actividades fiduciarias del banco.

“En el Senado creo que se hizo siete pedidos a entidades bancarias, en este caso particular es interesante saber, por ejemplo, sobre las actividades fiduciarias del banco, ya que el IPS también tiene una importante cantidad de dinero en este banco de plaza”, mencionó.

Así también, citó otros hechos en los que aparecen actividades del banco Atlas, que están siendo investigados por el Ministerio Público. “Fueron varias consultas, creo que son entre 30 o 31 preguntas, entre ellas las más importantes son las actividades fiduciarias del banco, hay pedido de informe sobre el caso Nicolás Leoz, que bien sabemos que hay investigaciones por lavado de dinero, también el caso que se había presentado como garantía un departamento de Darío Messer estando ya Messer condenado por lavado de dinero, entre otras cosas”, sentenció.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, concurrió este jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, en el Congreso Nacional, donde defendió el presupuesto para la cartera a su cargo en el marco del estudio del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2027.

Defensa tendrá en este presupuesto un reajuste del 14 %, lo que representa unos USD 60 millones, y en su mayoría será destinado al despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Comando de Operaciones De Defensa Interna (Codi), de acuerdo a las explicaciones del ministro Óscar González a los medios.

“Mayormente va para el Comando de Operaciones De Defensa Interna, el Codi, que extendió su área de responsabilidad a toda la región Oriental. Eso implica que también se aumente la cantidad de efectivos militares, que aumentó en 150 en número de efectivos militares, y eso implica mayor presupuesto para transporte, comida y servicios personales”, detalló.

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El ministro también señaló que están conformes con el presupuesto asignado en el proyecto presupuestario que fue estudiado previamente. “Nosotros estamos conformes con el presupuesto, esto estuvo en mesa de trabajo con el Ministerio de Economía. Obviamente nunca uno va a tener el presupuesto ideal que se requiere, pero no solo nosotros estamos así”, indicó.

Explicó, además, que para el siguiente año no se prevén compras de aeronaves o radares como se dieron este año, y reiteró que el ajuste se dará en mayor parte para el Codi, debido a la expansión de las operaciones militares en otros departamentos.

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Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.