Este domingo fueron hallados dos cadáveres en el lado brasileño, pegado a la colonia San Luis de Pedro Juan Caballero. Según medios de Amambay, familiares y allegados de Marcelo Adrián Benítez Ortiz (26), alias “Chelo”, confirmaron que se trata del mismo, por las tomas fotográficas del tatuaje en una de sus piernas.
Así también, portales brasileños refieren que el documento de Chelo fue encontrado cerca de donde estaban los cuerpos envueltos y también se halló un celular roto.
El mismo se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles 29 de setiembre junto con Cornelio Ramón Jara Bogarín (27), quienes salieron con la intención de vender una camioneta Toyota Fortuner de color beige, año 2015, chapa BGS 135 PY, pero no regresaron, por lo que sus familiares realizaron la denuncia de desaparición.
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Según el informe de la Policía de Investigaciones de Amambay, Karina Carballo, concubina de Marcelo Adrián, reconoció el cuerpo. En tanto que Vicente Jara identificó el cuerpo de Cornelio.
Los cuerpos fueron arrojados en el camino vecinal y, al parecer, la muerte ya se habría producido hace algunos días, por el estado de descomposición de los mismos.
Igualmente, medios de la zona informaron que este sábado la Policía Nacional con acompañamiento del Ministerio Público allanó una vivienda situada en la excolonia Cerro Corá’i del barrio María Victoria. El procedimiento se realizó en el marco de las investigaciones que se llevaban a cabo para tratar de ubicar a los dos jóvenes denunciados como desaparecidos.
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Indicaron que en el lugar se encontraron cerca de 100 proyectiles y cargadores de fusil. Además, una camioneta que estaba en el lugar fue incautada y no hubo detenciones durante el procedimiento.
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Asesinan a balazos a un joven de 28 años en Pedro Juan Caballero
A las 21:00, aproximadamente de este sábado, Roberto Álvarez Leguizamón, de 28 años, fue asesinado a balazos por dos personas que estaban a bordo de una motocicleta mientras circulaba en su camioneta por la fracción Ciudad Nueva, en Pedro Juan Caballero. Tras ser trasladado a la clínica privada Viva Vida por su hermano, se confirmó su fallecimiento, mientras las autoridades investigan el hecho presuntamente perpetrado con un arma calibre 9 milímetros.
Según los datos policiales, las dos personas que circulaban a bordo de un biciclo interceptaron a la víctima y efectuaron varios disparos contra la humanidad de Álvarez Leguizamón. El joven fue auxiliado, pero ya desde un centro asistencial confirmaron su fallecimiento.
Los intervinientes presumen que se utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros y levantaron evidencias en el lugar del atentado. Agentes de Investigación de Delitos, Homicidios y Criminalística trabajan para identificar a los responsables y esclarecer el crimen.
Igualmente, el Ministerio Público intervino en el caso y está investigando el suceso para tratar de llegar hasta los responsables del sicariato en la zona de Pedro Juan Caballero.
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El Gobierno nacional entrega 216 viviendas en Amambay
Gobierno nacional continúa fortaleciendo su política habitacional con la entrega de 216 viviendas en los distritos de Capitán Bado y Karapaí, en el departamento de Amambay. Las soluciones habitacionales benefician a familias organizadas y a comunidades indígenas, ampliando el acceso a una vivienda digna en el decimotercer departamento.
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, compartió con las familias beneficiadas durante los actos de entrega, acompañado por el gobernador Juan Silvino Acosta, los intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, y concejales municipales.
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS
La distribución de las viviendas se dio de la siguiente manera: en Capitán Bado, 65 viviendas para la Comisión de Viviendas Populares San José; Karapaí, 35 viviendas para el Comité Provivienda, y 35 para el Comité Vecinal San Andrés.
Mientras que para comunidades indígenas de ambos distritos 81 viviendas fueron para las comunidades Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty.
En el caso de las comunidades indígenas, las viviendas fueron construidas mediante un convenio con el Parque Tecnológico Itaipú (PTI). Estas soluciones habitacionales contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias, con respeto a sus costumbres y particularidades culturales.
Con estas entregas, el Gobierno reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la vivienda en todo el país. La política habitacional registra 46.140 viviendas gestionadas y 34.850 entregadas a familias paraguayas, un alcance sin precedentes que refleja el impulso del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana en el mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos.
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La decisión que transformó una frontera disputada en una zona de paz
- Embajador Carlos José Fleitas
- Fotos: Gentileza
A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.
Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.
DE LA TREGUA AL ARBITRAJE
El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.
Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.
Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).
ACUERDO RESERVADO
Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.
Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.
El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.
El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).
Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.
El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.
CONTROVERSIA
El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.
BASE JURÍDICA
El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.
A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.
El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.
Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).
EL FALLO
Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.
Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.
La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.
El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.
DELIMITAR VS. DEMARCAR
El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.
El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.
La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.
LEGADO
El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.
Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.
El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.
Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.
El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.
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MUVH entrega más de 200 viviendas a familias de Capitán Bado y Karapaí
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, desarrolló este viernes una jornada de gobierno en el departamento del Amambay, entregando un total de 216 viviendas a familias de los distritos de Capitán Bado y Karapaí.
El secretario de Estado resaltó que estas nuevas viviendas fueron entregadas en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El ministro Baruja estuvo acompañado por el gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta; los respectivos intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, además de concejales municipales.
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Distribución de las viviendas
Desde el MUVH informaron que en el distrito de Capitán Bado fueron entregadas 65 viviendas a integrantes de la Comisión de Viviendas Populares San José. En Karapaí, otras 35 corresponden al Comité Pro Vivienda y 35 al Comité Vecinal de Producción Agrícola San Andrés.
Asimismo, 81 viviendas fueron destinadas a las comunidades indígenas Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty, de ambos distritos. Estas soluciones habitacionales fueron construidas a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se registran 34.850 viviendas entregadas y 46.140 gestionadas en todo el país, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a una vivienda digna.
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