Una nueva movilización nacional de docentes y trabajadores de la educación tendrá lugar hoy para exigir el cumplimiento del reajuste salarial establecido por ley de presupuesto.
La misma está encabezada por los diferentes sindicatos docentes y se llevará a cabo a nivel país, buscando ser escuchados por las autoridades y que de esa manera puedan obtener el tan anhelado ajuste salarial para el sector.
En este sentido, Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-A), dijo que hoy se concentran a partir de las 8:00 en la Plaza de la Democracia. “De allí vamos a marchar hasta el Ministerio de Hacienda. No solamente aquí vamos a concentrarnos, de acuerdo a las condiciones climáticas también en las diferentes cabeceras departamentales”, adelantó en comunicación con la 1020 AM.
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Sostuvo que si no tienen respuesta por parte de las autoridades, no les queda otro camino. “Tenemos que ver la metodología que vamos a aplicar a partir del 4 de octubre. No debería ser normal que los trabajadores tengan que hacer una manifestación para que las autoridades cumplan”, remarcó.
Lamentó que el magisterio nacional fue discriminado durante mucho tiempo. “Aparte del patriotismo nacional por la educación pública, nosotros nos hemos endeudado durante este tiempo”, enfatizó Espínola.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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Nueva Ruralidad: Indert reinvindica derechos de campesinos marginados de la titulación de tierras
El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), elimina las trabas burocráticas históricas que impedían el acceso a la propiedad formal a los ancianos, docentes y personal de salud de comunidades rurales. Reivindicando de esta forma, los derechos de campesinos marginados de la titulación de tierras.
El primer centenar de beneficiados en el marco de la “Nueva Ruralidad” prioriza a la tercera edad, informó el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz. Mencionó que los expedientes se encontraban paralizados, en muchos casos desde el año 2015, debido a interpretaciones administrativas restrictivas.
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Señaló que la medida corrige una situación injusta por la cual se bloqueaba la titulación a pobladores rurales bajo el concepto de “perfil positivo” (por cobrar la pensión de tercera edad, tener cobertura médica familiar o desempeñarse como docentes o enfermeros rurales). “De esta forma, se restituyen los derechos constitucionales de acceso a la tierra a los mencionados beneficiarios”, indicó.
Restricciones injustificadas
Ruiz Díaz mencionó que en el caso de personas de tercera edad, se levantaron las trabas a personas de 70 y 80 años que figuraban en el sistema cobrando la pensión de adultos mayores, pero que siguen viviendo y cultivando en sus comunidades.
Asimismo, se eliminó la restricción a los que prestan servicios esenciales. Explicó que se garantiza la titulación a docentes y enfermeros que residen en las colonias rurales, asegurando que los servicios públicos (escuelas y Unidades de Salud Familiar) permanezcan en el campo.
“La iniciativa responde a una instrucción expresa de la Presidencia de la República para eliminar los obstáculos administrativos que vulneren la garantía constitucional del acceso a la tierra", remarcó.
El titular del ente agrario señaló que los siguientes pasos administrativos consistirán en la reglamentación específica para formalizar que los profesionales rurales (docentes, enfermeros) puedan mantener la titularidad de lotes agrícolas siempre que ejerzan la posesión efectiva y la producción en esos inmuebles.
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“Basta de feminicidios”: Curuguaty reclama y pide justicia para Leticia Marlene
La comunidad de Curuguaty se movilizó para pedir justicia por la muerte de Leticia Marlene Martínez Paredes (34), quien fue víctima de feminicidio hace cuatro días. El autor sigue libre.
La mujer fue brutalmente asesinada de 12 puñaladas, siendo el único y principal sospechoso su expareja, Arnaldo Alider Fernández Vera (36).
La mujer fue salvajemente agredida dentro de una vivienda del barrio San Migue; luego, el agresor la subió a un vehículo intentando huir, hasta que la policía interceptó el rodado camino a la colonia Naranjaty y la halló en el asiento trasero, bañada en sangre y agonizando.
El autor del horrendo crimen logró escapar y continúa prófugo.
Varias organizaciones sociales, colectivas y ciudadanas se unieron para realizar una concentración y marcha por las principales calles de la ciudad, con el objetivo de repudiar el nuevo caso de violencia contra la mujer y pedir que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
Durante la movilización, los manifestantes también exigieron a las autoridades la pronta detención del sospechoso y el esclarecimiento del caso, al tiempo de expresar su solidaridad con la familia de la víctima. La muerte de la mujer deja en la orfandad a una adolescente de 13 años, situación que generó profunda conmoción e indignación entre los pobladores.
“Nos reunimos para decir basta a la violencia, para decir basta a la impunidad, basta a los feminicidios, porque detrás de esto quedan familias destrozadas, niños huérfanos y una sociedad desorientada”, expresó Lucía Figueredo para NPY.
“La violencia machista mata, es lo que queremos dejar como mensaje. Y desde los espacios educativos, universitarios, escuelas, colegios, tenemos que tratar de construir una sociedad más tolerante”, dijo otro de los manifestantes.
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Jubilados se movilizan frente al Congreso y reclaman bonos de auxilio
Los jubilados que pertenecen al sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) exigieron hoy durante una manifestación frente al Congreso Nacional, la aprobación del proyecto de ley que declara emergencia sanitaria en el IPS, presentado por el senador Juan Afara.
El Licenciado Elvio Brun, vicepresidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), mencionó que el principal reclamo es que el Estado cumpla con la deuda histórica con el IPS mediante la emisión de bonos perpetuos.
En ese marco, el gremio amenazó con presentar una demanda internacional que afectaría la calificación crediticia del país.
“No estoy satisfecho de ninguna manera con el resultado de hoy en la reunión del Senado entre las autoridades del IPS y la comisión de Hacienda. El Estado debe honrar su deuda, vemos que el Estado no quiere honrarla por el problema del déficit fiscal.”, dijo Brun.
“Ese grado de inversión tiene el riesgo de perderse, y al gobierno le interesa más el pergamino, si pagan la deuda al IPS se va a superar el nivel déficit fiscal sobre el PIB”, sostuvo.
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Igualmente, el directivo gremial exigió a las autoridades del IPS que expliquen el significado y los alcances de esa reingeniería financiera planteada hoy el titular de la previsional, Dr. Isaías Fretes.
Por su parte, el presidente de la UNJP, Gustavo Canata aclaró que si el proyecto de ley de emisión no bonos no es aprobado “haremos una demanda internacional para el cobro del IPS y esto le va a dar mayor problemas porque una vez que el Estado paraguayo no cubra su deuda interna se le van a cerrar los créditos internacionales”, dijo.
Afirmaron que el Gobierno tiene para construcción de rutas, sin embargo hace caso omiso a la vida. “Este problema de IPS está trayendo muertes sucesivos, debido a la falta de atención y medicamentos”, remarcó Canata.
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