Representantes del gremio de docentes solicitaron al presidente de la República, Santiago Peña, el veto parcial del proyecto de reforma de la caja fiscal, sancionada ayer martes por la Cámara de Diputados. El sector, mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo, alega que la iniciativa atropella los derechos adquiridos relacionados a la jubilación.

Los educadores requieren el veto parcial del artículo 4 en lo correspondiente al aumento del 19 % del aporte obrero dispuesto en el inciso (a) numeral 2, para que el docente no aporte más del 16 %.

“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, alegan.

También requieren el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, segundo párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias. Esta medida solicitada, dice la nota, es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del magisterio nacional, las universidades públicas, los institutos de educación superior, magistrados y fuerzas públicas.

A la vez, solicitan el veto parcial del artículo 21 que elimina los cargos vacantes de los fondos de la Caja Fiscal. El mismo dispone que sea derogado el “umeral 5 del artículo 246 de la Ley ”De organización administrativa", del 22 de junio de 1909. Los cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.

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También piden el veto del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación (año 2027). “La Intersindical de la Educación permanece en alerta permanente y vigilante, sin descartar medidas de fuerza para defender nuestros legítimos derechos. Asimismo, recurriremos a instancias internacionales si fuese necesario”, refiere el comunicado.

El comunicado se encuentra firmado por Gabriel Espínola de la OTEP-A, Rafael Resquín de la UNE-SN, Silvio Piris de la FEP, Blanca Ávalos de la OTEP-SN, Abundio Duarte de ADOFEP y APE SN, Elisio Olmedo de ADP-SN, María Velázquez de SITRAFUMEC, José Ayala de MAS SP SN, Juan Argüello de SINTE.

La lista sigue con Miguel López de SITRAFACSO-UNA, María del Carmen Piris de FENOB-UNA, Diego Stalder de SIUNA, Miryam Franco de SIDUNPI, Mario Toñánez de SIDFUBA, Rolando Candia de SIDFISE, Mario Vázquez de SPD UNVES, Teresita Cortese de SIDOFUNI, Eugenia de Kratsh de ADOHUMA, Claudio Mongelós de FECI y Jaime Torales de SINDIPROD-UNCA.

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La Cámara de Diputados inició la sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con las modificaciones incluidas en el Senado tras una larga negociación y consenso con los sindicalistas y gremialistas de los sectores afectados. Mientras tanto, docentes se encuentran apostados en inmediaciones del Congreso Nacional a la espera de una sanción del proyecto con las modificaciones acordadas.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, realizó las argumentaciones y presentación de las modificaciones incluidas por la Cámara Alta, versión que sería sancionada en esta sesión extraordinaria.

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“Este proyecto de ley que establece las medidas para la reforma del sistema jubilatorio y pensiones del sector público, de la reforma de la Caja Fiscal, remitido por la Cámara de Senadores, busca fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal que actúa en frente a una situación delicada, afectando a más de 150.000 aportantes de los diferentes sectores, entre ellos el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales y las fuerzas públicas”, presentó.

• Se aumenta el aporte estatal del 5 % al 10 % con aplicación inmediata.
• Se disminuye la edad jubilatoria ordinaria de 57 años a 53 años para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, Instituto de Educación Superior y magistrados judiciales, con una tasa de sustitución del 78 % al 90 %.
• Se introduce el beneficio de maternidad para las docentes, un año adicional de servicio por cada hijo hasta un máximo de dos.
• Se establece una jubilación ordinaria transitoria para docentes y magistrados judiciales donde podrán optar por jubilarse de acuerdo a las disposiciones previstas en esta ley o con reglas anteriormente vigentes.
• Para el sector de fuerzas públicas, se disminuye la edad de jubilación ordinaria de 57 años a 55 años y se establece que la tasa de sustitución será del 75 al 90 %.

Tras presentar los cambios incluidos en la Cámara Alta, la diputada Villalba citó algunas observaciones realizadas por la Comisión de Presupuesto en esta versión. Hay que señalar que la Cámara Baja ya no puede incluir modificaciones en el documento, por lo que se deja constancia de estas observaciones.

“En el artículo 14 que dejemos una constancia desde la Comisión de Presupuesto, que tuvo un error el dictamen del Senado, incluye como requisito para acceder a la jubilación transitoria la edad de 58 años a los magistrados judiciales”, detalló la diputada.

Otra observación señalada en el dictamen es el artículo 12, “donde mujeres docentes en general, se contempló un año adicional de servicio por cada hijo hasta un máximo de dos y no así para las mujeres de otros sectores, desde la comisión que presido no acepta esta inequidad y dejamos constancia y nuestro desacuerdo”.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, citó el impacto del escenario en la reducción proyectada del déficit, señalando que con un estudio donde sin esta reforma el déficit sería de USD 800 millones, aprobando la versión del Senado queda en USD 600 millones. “Es un paso importante lo que estamos dando hacia la sostenibilidad de la Caja Fiscal con un ahorro de 200 millones de dólares”, destacó.

“La Comisión de Presupuesto acepta las modificaciones introducidas por el Senado, resaltando que esta caja ya es insostenible, y por lo cual, es muy importante que hubo una actitud asumida por un Gobierno, ya que ha sido postergado por varios gobiernos sucesivos”, concluyó.

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Héctor Ortiz, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), dijo que este martes nuevamente los docentes llegarán hasta Asunción con la finalidad de seguir el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, aguardando por la sanción de la versión del Senado.

Detalló que el punto de encuentro será la plaza Uruguaya para luego dirigirse hasta la plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional. “Estaremos vigilantes, avanzamos un poco con el aporte patronal”, indicó Ortiz al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la convocatoria es para las 8:00 y que el sector aguarda que los diputados sancionen las modificaciones aprobadas el pasado 11 de marzo por la Cámara de Senadores. Los diputados habían dado media sanción al proyecto del Ejecutivo, también con importantes ajustes, el pasado 5 de febrero.

“El punto de concentración también será en las cabeceras departamentales, en mi caso estaré en la ciudad de Caaguazú y esperamos reunir cerca de 3.000 a 5.000 docentes, mientras que otros irán a Asunción”, refirió.

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Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.

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Más de un millón de chicos no podrán alimentarse a través del programa Hambre Cero este martes.

El paro docente convo­cado para este mar­tes provoca la suspen­sión de clases en numerosas instituciones educativas y deja sin almuerzo a más de un millón de estudiantes que dependen del programa de alimentación escolar. La medida de fuerza fue impul­sada por gremios del magis­terio para presionar por el tratamiento legislativo de la reforma de la Caja Fiscal, que genera fuerte resistencia en el sector educativo.

La Cámara de Diputados desarrollará hoy martes, a partir de las 10 horas, la sesión extraordinaria para estudiar los cambios introducidos por los senadores al proyecto de reforma. La idea es según el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, aprobar la ver­sión Senado, que introdujo importantes modificaciones al proyecto original.

El secretario general de la OTEP-A, Gabriel Espínola, señaló que la movilización responde a la preocupación de los docentes por los cam­bios propuestos en el sistema jubilatorio. El sector docente realiza esta medida de pre­sión porque la reforma afecta directamente a los trabajado­res de la educación. Es decir, el paro busca llamar la aten­ción de las autoridades sobre el impacto de la iniciativa.

La suspensión de clases tiene consecuencias en las escue­las ya que –tal como sucedió durante las jornadas de la semana pasada cuando para­ron por dos días– los niños no recibirán alimentación. Esto afecta a todos los alumnos de los colegios públicos del país, que incluye a los estudiantes de los colegios bajo respon­sabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y las restantes 15 gobernacio­nes del país.

En total, más de un millón de estudiantes no recibirá la alimentación escolar, lo cual representa un gran inconve­niente para aquellas fami­lias de escasos recursos que ven un alivio económico con la implementación del pro­grama Hambre Cero en las Escuelas.

Según datos oficiales, se ha informado la distribución de más de 200 millones de racio­nes de alimentos, cubriendo el 100 % de la educación inicial y básica.

En este 2026, el programa beneficiará a 7.000 institucio­nes educativas con almuerzo completo, además de desa­yuno y merienda, según el horario de las clases. La ini­ciativa retorna con más fuerza, colocando a los niños en el cen­tro del desarrollo comunita­rio, impulsando la educación, la salud y la economía local.

Cuando todo hacía suponer que la reforma de la Caja Fiscal satisfaría al sector docente, uno de los princi­pales gremios, la Organi­zación de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN) mostró sus divergencias. Blanca Ávalos, dirigente de este gremio que aglutina a los maestros del inte­rior, aseguró que peticionarán al Poder Ejecutivo el veto parcial. Según la sindicalista, los docentes no están de acuerdo puntos como el 19 % de aporte de los maestros, la edad mínima estable­cida (53 años) y reclaman que el Estado aporte el 14 %.

“Iremos a paro, no hay una confianza establecida con Diputados, por eso justamente hoy no participamos de la reunión de esta tarde”, precisó Ávalos, al tiempo de admitir que ni bien se san­cione en el Senado la reforma plantearán que Peña vete parcial­mente el proyecto.

El Ministerio de Desarrollo Social y las gobernaciones departamentales suspenderán la provisión de la alimentación escolar a raíz del paro docente anunciado para este martes. La cartera estatal tiene a su cargo la provisión mediante el servicio de catering de los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de las escuelas del área de Asunción, lo cual totalizan más de 500 mil alumnos.

Asimismo, las gobernaciones tampoco proveerán la alimentación según lo anunció el presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa, quien ayer señalaba a Universo 970 AM/Nación Media, que ya las jefaturas departamentales se ocuparon de dar el aviso a sus comunidades sobre la suspensión de la merienda escolar. Sosa recordó que otros 500 mil niños de las escuelas públicas no recibirán la provisión.

La firma negó que haya enviado carne en mal estado como lo señala una publicación de prensa.

Ladero Paraguayo SA, una de las firmas encargadas de eje­cutar el programa Hambre Cero en las Escuelas, emitió un comunicado rechazando que haya proveído alimentos en mal estado a una institu­ción educativa en el depar­tamento de Concepción. La aclaración surge ante las imá­genes que fueron difundidas por el medio de comunicación Abc Color.

“En relación con la publica­ción realizada en la fecha por el citado diario, la empresa Ladero Paraguayo SA con­sidera oportuno realizar las siguientes aclaraciones a la opinión pública: Ladero SA es una empresa con amplia tra­yectoria en la implementación de programas de alimentación escolar, cumpliendo estricta­mente con las normativas sani­tarias, técnicas y de calidad exigidas por las autoridades nacionales y por los estánda­res internacionales aplicables a la provisión de alimentos", detalla el comunicado.

Agrega que “en el marco del Programa Hambre Cero en las Escuelas, la empresa tra­baja exclusivamente con fri­goríficos debidamente habili­tados, los cuales cumplen con todos los requisitos sanitarios y de control establecidos por las autoridades competentes. Asimismo, todos los insumos remitidos para la preparación del almuerzo escolar se ajus­tan rigurosamente a las espe­cificaciones técnicas conte­nidas en el recetario oficial del programa, incluyendo los parámetros correspon­dientes al porcentaje de grasa permitido para cada tipo de corte”.

Señala que “la cantidad de insumos enviados a cada ins­titución educativa se calcula conforme a la cantidad auto­rizada en la Orden de Servicio y al peso bruto establecido en el recetario oficial para cada menú. Los productos son trasladados desde el centro de distribución de la empresa hasta las instituciones edu­cativas con la debida antici­pación, a fin de garantizar la correcta planificación del ser­vicio y prever cualquier even­tualidad que pudiera surgir durante el proceso de prepa­ración”.