El fiscal Carlos Acuña señaló que continúa la investigación sobre la muerte de un recién nacido en Fernando de la Mora y se espera el resultado de los estudios forenses para determinar las causas exactas del deceso del bebé. La madre sigue siendo la principal sospechosa para el Ministerio Público.
“Vamos a realizar las diligencias de la autopsia en la morgue judicial a fin de que los peritos, profesionales en la materia, puedan determinar las causas de muerte de este recién nacido”, explicó el fiscal del caso este martes en comunicación con radio 1000 AM.
El agente del Ministerio Público sostuvo que de momento la principal sospechosa del hecho es la madre del menor y habría dado a luz en el baño de su domicilio. El bebé fue llevado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Fernando de la Mora con restos de arena y hojas secas.
La madre, identificada como Iris Jazmín Correa, de 18 años, se encuentra internada con custodia policial. El caso tomó estado público tras la denuncia de una médica del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, hasta donde acudió la joven con su bebé, pero este ya llegó sin signos de vida.
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“Hasta el momento ella (la madre) es la única sospechosa y se encuentra internada en el Materno Infantil, estamos esperando su alta médica para posteriormente trasladarle al Ministerio Público para su declaración indagatoria. El bebé fue trasladado por la misma madre hasta el Materno Infantil en una caja de cartón”, agregó el fiscal.
El hecho ocurrió el pasado lunes y se sospecha que la criatura sufrió golpes al momento del parto porque presentaba hematomas y hundimiento del hueso cervical. En caso de comprobase que la muerte del recién nacido fue violenta, la madre se expone a una pena de hasta 30 años.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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Gobierno promete impulsar orden y transparencia en educación superior
El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.
Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.
En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES EN CURSO
El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.
Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.
ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.
Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.
MAYOR TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA
El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.
Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario. Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.
Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.
Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público.