Agentes del Ministerio Público y del Departamento de Automotores de la Policía Nacional allanaron una vivienda que fungía de escribanía en pleno centro de Asunción. Se procedió a la detención de Julio Ramón Cáceres Carrillo (52), escribano público que contaba con matrícula suspendida por la Corte Suprema de Justicia por falsificación de documentos públicos.

La oficina funcionaba sobre las calles Milano casi Juan E. O´Leary de la capital del país, hasta donde llegó la comitiva fiscal policial y procedió a la detención del denunciado. Se hallaron evidencias de sobre presunta falsificación de documentos que habrían sido proveídos a robacoches.

A pesar de la casación de su matrícula, el hombre seguía ejerciendo la profesión en una residencia particular y principalmente colaborando con personas vinculadas a la expedición de documentos de contenido falso para facilitar la comercialización de vehículos.

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“Se procedió al allanamiento de una vivienda que fungía de escribanía, que no tenía cartel ni nada. El propietario o la persona encargada ahí, el profesional que hacía los trabajos ahí se trata de una persona de 52 años de nombre Julio Ramón Cáceres”, señaló el comisario Abelardo Acosta a los medios de prensa.

Confirmó que el profesional se “encuentra suspendido desde el mes de julio del 2023 por hechos similares de producción de documentos públicos con contenido falso”. El policía aseveró que durante el procedimiento se pudo corroborar en los cuadernos de actas y anotaciones los detalles de los trámites hechos sobre ciertos rodados que estaban consignados plenamente. “También se pudo encontrar en el lugar chapas de vehículos denunciados como hurtados y extraviados”, puntualizó.

Tras ser aprehendido, el sujeto fue derivado a la comisaría de la zona y ya se encuentra a cargo del Ministerio Público, luego de ser acusado por las víctimas de que estaba operando a favor de una red de robacoches. Se dedicaba a la elaboración de contratos privados fraguados para facilitar la entrega de automóviles que posteriormente eran revendidos y de esta manera se concretaba la estafa.

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Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.

“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.

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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.

Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.

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“Por la cantidad de talento humano disponible se nos hace muy difícil dar una cobertura mucho más aceptable”, indicó el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, ante la ola de asaltos tipo comando en el departamento de Itapúa. Actualmente, los efectivos manejan la hipótesis de que los asaltantes serían integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y que respondían al liderazgo del abatido Carlos Carrera Cabrera.

“Itapúa es un caso bastante atípico. Asunción tiene 24 comisaría, Central tiene 60 comisarías y ese departamento tiene un total de 117 comisarías. Con la ocurrencia de estos hechos se lleva adelante una reingeniería de ir solicitando refuerzos a diferentes comisarías jurisdiccionales de los diferentes departamentos a tal manera de ir reforzando la zona de Itapúa”, manifestó

Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media afirmó que “se está haciendo una reevaluación para ir reforzando ciertos sectores críticos de tal manera en un futuro tratar de evitar la ocurrencia de estos hechos. Cuando hablamos de elementos del PPC es justamente porque tienen mucha experiencia en cometer este tipo de hechos utilizando dispositivos explosivos”.

Las afirmaciones de Benítez surgieron tras registrarse este último sábado un asalto en una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), ubicado en la ciudad de Natalio. Los delincuentes lograron llevarse G. 1.000 millones aproximadamente de la bóveda.

“Hubo un ataque de manera simultanea, lo que fue propiamente el ataque a la sucursal del banco por un lado y por otro a la comisaría, esto se hace para evitar la presencia policial en la inmediaciones del banco. Los efectivos que estaban dentro de la comisaría tuvieron la posibilidad de repeler este ataque y respondieron a los disparos de armas de fuego, la comisaría no fue tomada por el ataque de estos delincuentes”, comentó.

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Asimismo, Benítez siguió sosteniendo que “el personal apostado en el BNF también logró parapetarse atendiendo a que la cantidad de delincuentes que llegaron en el sitio según los testigos oscilaría entre 15 a 18 con armas largas y bombas, lo que hace una diferencia bastante significativa ante una posible reacción policial”.

Por otra parte, sostuvo que es un hecho “común” que este tipo de grupos delincuenciales vuelvan a reagruparse con la finalidad de cometer atracos. “Han sido detenido varios de ellos y el que emergía como líder fuerte Carlos Cabrera también fue sacado de circulación, dado de baja, pero es común que en este tipo de grupos delincuenciales se reagrupen para algún tipo de asalto, volviendo a cometer el hecho”, indicó.

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Un hombre de 33 años de edad fue aprehendido por la Policía Nacional por un supuesto hecho de tentativa de hurto domiciliario. El mismo ya posee antecedentes por robo agravado y varias prohibiciones dictadas en otras causas penales por el juzgado competente, que evidentemente fueron violadas. El procedimiento fue realizado en Asunción por el personal de la Comisaría 19°, lugar donde se encuentra el detenido a disposición del Ministerio Público.

Ahora la Fiscalía deberá convocar al detenido para la audiencia indagatoria, donde tendrá el derecho a declarar y contar lo sucedido. Una vez que declare, el Ministerio Público podrá presentar la imputación correspondiente y a su vez, deberá pedir las medidas cautelares correspondiente. Para este tipo de hechos punibles, se podría solicitar la prisión preventiva, debido a que el aprehendido violó sus reglas de conducta y a su vez, por la gravedad del hecho indagado.

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Una vez presentada la imputación, el detenido tendrá que ser trasladado hasta la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial, donde un juez de turno tendrá que realizar la audiencia de imposición de medidas cautelar. En la referida diligencia judicial se definirá si el imputado será trasladado hasta una penitenciaría de nuestro país o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

En caso que se decrete la prisión del imputado, la defensa del mismo podría presentar la apelación correspondiente y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudiará si corresponde ratificar la prisión o revocarla y ordenar una medida menos gravosa que podría ser el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria.

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