Un trágico accidente se cobró la vida de un niño de apenas dos años en la tarde de este lunes, en la zona de Campichuelo, distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.

Según los datos preliminares, el menor cayó accidentalmente en un pozo y fue rescatado en estado crítico por los bomberos. De inmediato fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde el equipo médico intentó reanimarlo.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el niño no resistió y se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro asistencial. El hecho ha conmocionado profundamente a la comunidad local.

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El caso está siendo investigado para determinar las circunstancias exactas del accidente y si el pozo contaba con algún tipo de protección o señalización. Las autoridades instan a extremar los cuidados en zonas donde existan estructuras similares, especialmente cuando hay niños pequeños en los alrededores.

Vecinos de la zona y familiares del niño expresaron su dolor por la pérdida y pidieron mayor atención y prevención en casos de riesgo para evitar que tragedias como esta se repitan.

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En la madrugada de este lunes, un hombre fue detenido por efectivos de la Policía Nacional luego de que el mismo fuese descubierto intentando forzar un cajero automático ubicado en un supermercado en la ciudad de Asunción.

El detenido fue identificado como Gerónimo Jesús Estigarribia, de 24 años, quien tras el procedimiento fue puesto a disposición del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente. El joven no cuenta con antecedentes policiales.

Según el reporte del comisario Pablo González, los efectivos fueron notificados por las autoridades del banco luego de que la alarma de seguridad se activara, atendiendo a que el hombre logró violar la ranura externa del cajero e intentaba ya acceder a la zona de bóveda.

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“Este sujeto actuaba solo, al parecer; en el momento en que llegamos, lo descubrimos intentando abrir el cajero con la mano y un hierro con el que quería forzar la ranura. No logro extraer nada de la máquina ya que los sistemas de seguridad se activaron y el personal del banco llegó proactivamente a la par que nosotros para bloquear todo”, explicó el comisario González en conversación con la 1020 AM.

El interviniente remarcó que los cajeros automáticos cuentan con una serie de normas de seguridad, entre las que se encuentran la activación de la alarma y el monitoreo de cada cajero en tiempo real con la cámara de seguridad del cubículo y de la máquina en sí, con las cuales se registra cualquier movimiento extraño y se notifica a las autoridades.

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Un hombre de 63 años de edad falleció en un hospedaje ubicado en el barrio Residencial de la localidad de Carlos A. López, en el departamento de Itapúa. El hombre fallecido fue identificado como Pascual Brunaga Zárate. El hecho se registró a las 15:00, de este domingo último.

El reporte policial señala que “se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica recibida por parte de la señora Felisa Almada de Díaz, comunicando que una persona se había descompensado en su hospedaje”.

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También dice el parte policial que inmediato el agente del orden acudió al lugar, donde dialogaron con la dueña del hospedaje quien manifestó que día de la fecha, siendo la 15:30 horas, una persona de género masculino había ingresado en su hospedaje acompañado de una persona de 19 años edad y minutos después le tocaron el timbre como para avisarle que la persona de género masculino se había descompensado. Los intervinientes observaron en unas de las piezas el cuerpo recostado sobre la cama, sin remera y ya sin signos de vida.

Se dio intervención a la agente fiscal de turno, Giovanna Vera así como al médico forense Darío López, quien inspeccionó el cuerpo diagnosticando como probable causa de muerte infarto agudo de miocardio.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.