Tanto el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) como el Instituto Nacional del Indígena (Indi), defienden la legalidad de los títulos de propiedad que otorgaron a colonos e indígenas respectivamente.

El conflicto de tierras en cuestión se presenta desde el año 2018, en la colonia Tape Yke del distrito de Itakyry (Alto Paraná), lugar donde ya se han producido denuncias por supuestos atropellos a la propiedad privada por parte de los indígenas de la comunidad Ka’a Poty y los desalojos que afectaron a los miembros de esta comunidad.

Rossana Galván, directora general del departamento de Asesoría Jurídica del Indert, explicó que 35 lotes de los 38 ya cuentan con títulos de propiedad de la institución.

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Mismos lotes con dos títulos

“El caso de la colonia Tape Yke es una colonia del Indert, en la que han sido correctamente expedidos títulos de propiedad en más del 90 por ciento y ahora existe una comunidad indígena que dice tener título del Indi sobre los mismos lotes”, explicó la directora.

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La asesora jurídica explicó que para su institución esos títulos expedidos por el INDI no corresponden a la colonia que ellos crearon, por lo que sería conveniente realizar una mensura a fin de comprobar ambos títulos.

Mensura judicial, la solución

“Lo único que puede corroborar fehacientemente esto es una mensura judicial y con sentencia también judicial. Es importante realizar esta mensura y nosotros como institución nos ofrecimos para realizar esta mensura para poder dilucidar esta situación y poder tener paz en la zona”, añadió.

Explicó que según la comunidad indígena, estos títulos se contraponen en la misma propiedad, algo que el Indert niega. “Nuestros títulos están correctamente ubicados y son anteriores a lo que tiene el Indi. Nuestros títulos son ‘sanos’ y tengo entendido que el Indi no mensuró su propiedad”, respondió la asesora jurídica.

Denuncia de invasión

El 14 de agosto pasado, seis familias de colonos denunciaron que sus propiedades habían sido invadidos por un grupo de alrededor de 100 indígenas, todos ellos de la comunidad Ka’a Poty.

En el lugar se generaron discusiones e incidentes entre estos propietarios y los miembros de la comunidad indígena, quienes llegaron acompañados por algunos activistas de organizaciones de Derechos Humanos, supuestamente apoyados por políticos.

El doctor Basilio Franco, asesor jurídico del Indi explicó que su institución no va a tomar parte en situaciones donde existan invasiones a la propiedad privada y que en este caso concreto de la colonia Tapa Yke, las cosas son totalmente distintas.

Obligados a pelear por la propiedad

“Nosotros tenemos un título de propiedad y eso nos obliga a pelear por reivindicar esa propiedad”, señaló el representante jurídico del Indi durante un debate televisivo.

Para dejar en claro la situación, el Indi planteó un juicio de mensura pero hasta ahora se ha podido llevar adelante. Confirmó que la institución “adquirió estas propiedades en el año 1996 durante la administración de Valentín Gamarra, quien había sido condenado dos veces por lesión de confianza. Es lo que nosotros heredamos y tenemos un título de propiedad que creemos es legítimo ”, explicó el doctor Franco.

El Indi no los puede abandonar

Aclaró que el Indi no puede dejar abandonados a los miembros de la comunidad quienes fueron desalojados de estas propiedades y presentaron un juicio de reivindicación y una medida cautelar para que puedan volver a ingresar a esas tierras, “interín se sustancie el juicio y por eso no se puede hablar de invasión, es solo una medida hasta que el juzgado dicte una sentencia definitiva”, aseveró.

Aseguró que existe una superposición de los títulos en estas propiedades y es la justicia quien deberá decidir sobre esto. En el caso del Indi, Franco explicó que “la propiedad está inscripta como finca número 1.628 con 1.364 hectáreas a favor de la institución”.

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La colonia Tape Yke, es una propiedad adquirida por el Estado paraguayo a través del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), del señor Batista Lozzio en el año 1994, y estaba destinada a ser una colonia agraria según la resolución de la Presidencia del IBR N° 149 del año 1995, con un plan de loteamiento de 37 parcelas.

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