Concluyen que el hombre internado en PJC no es Alejandro Ramos
Compartir en redes
El comisario Rafael González, jefe de Criminalística de Asunción, confirmó que ya se realizaron todas las pruebas y se comprobó “fehacientemente” que el hombre internado en un hospital en Pedro Juan Caballero no es Alejandro Ramos, líder del grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML).
“Se realizaron todos los trabajos con las huellas dactilares de esta persona y se concluyó fehacientemente que no se trata de Alejandro Ramos”, refirió en entrevista con la 1020 AM.
Así mismo, el comisario González explicó que se realizaron las pruebas dactilares en los diez dedos y se comprobó que el hombre no cuenta con cédula de identidad, por lo menos paraguaya. “Se digitalizaron los diez dedos, eso utilizamos de comparación y se concluyó que no se trata de Alejandro Ramos; él tiene cédula y nosotros tenemos sus huellas dactilares. Tenemos entendido que es una persona que nunca tuvo cédula, al menos en Paraguay”, indicó.
El comisario confirmó que ya se concluyeron los trabajos para identificar al hombre. En un principio se sospechó que este ciudadano era la cabeza de uno de los grupos criminales que azotan la zona Norte del país. “Con esto concluimos el informe. Quedará a cargo de los investigadores averiguar por otros medios la identidad del hombre porque por el sistema manual, AFIS y biométrico, no aparece”, puntualizó.
Alejandro Ramos es un exintegrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fundador del Ejército del Mariscal López (EML). El hombre es considerado como un peligroso delincuente prófugo de la justicia, ya que se le atribuyen varios secuestros en la zona Norte del país.
La Justicia autorizó a realizar una constitución judicial a la propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. FOTO: GENTILEZA
Ypyta: juez ordenó constitución judicial en propiedad donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián en PJC
Compartir en redes
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, autorizó la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Rivas dispuso que el Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero realice la diligencia judicial, la cual había sido solicitada en febrero de este año y autorizada recién el pasado 9 de septiembre. Ahora, el magistrado de Paz de la zona será el encargado de constituirse en el inmueble para realizar el relevamiento de datos sobre la costosa propiedad en litigio.
Actualmente, el caso se encuentra en discusión en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, el entonces síndico de quiebras, Blas Velázquez, había autorizado la venta irregular de la valiosa propiedad. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
Unifican causas por secuestros de Edelio y Arlan: juicio para acusada comenzará en abril de 2027
Compartir en redes
El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado fijó para abril de 2027 el inicio del juicio oral y público unificado para Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, exintegrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La decisión judicial unifica las causas pendientes contra la procesada, optimizando los tiempos procesales para resolver su situación jurídica en un solo litigio.
Ramírez de Ramos enfrenta severos cargos relacionados con su presunta participación en actividades terroristas, apoyo logístico a la banda criminal y otros hechos punibles tipificados dentro de la ley de financiamiento del terrorismo y asociación criminal en el norte del país.
La mujer está acusada por hechos vinculados a los secuestros del suboficial Edelio Morínigo y del joven Arlan Fick.
Aunque inicialmente debía afrontar dos juicios por separado, los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano solicitaron unificar ambos expedientes.
El colegiado dio lugar al pedido, suspendió el juicio previsto por el caso Morínigo y programó el inicio del juzgamiento conjunto para el 19 de abril de 2027. Ramírez de Ramos enfrenta cargos por terrorismo, homicidio doloso, secuestro, toma de rehenes, asociación terrorista y transgresión a la ley de armas. El Tribunal está integrado por los jueces Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza.
De acuerdo con la acusación, el 2 de abril de 2014, la mujer y otros integrantes del EPP ingresaron a la vivienda de la familia Fick en Paso Tuya, Azotey.
Tras reducir a los miembros de la familia, sustrajeron dinero y alimentos, y secuestraron a Arlan Fick Bremm, por cuya liberación exigieron USD 500.000.
El pago se habría realizado el 10 de abril de ese año. La Fiscalía también la acusa por su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido durante la huida del grupo armado, en la que murió el vicesargento Hugo Monges y fueron abatidos los criminales Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva Cáceres. Arlan permaneció 267 días en cautiverio y fue liberado el 25 de diciembre de 2014 en Yby Yaú.
En relación con Edelio Morínigo, se sostiene que la acusada participó en su secuestro el 5 de julio de 2014 en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.
Según la Fiscalía, los miembros del EPP emboscaron a varias personas y se llevaron al suboficial, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Como evidencia clave, el Ministerio Público menciona un video hallado en octubre de 2014 en el que aparecían ambos secuestrados en cautiverio junto a miembros armados de la organización.
La acusada habría sido identificada en las imágenes vistiendo ropa de camuflaje y portando un fusil.
Riera revela que autoridades detenidas en Bolivia ayudaron a escapar a las hermanas Villalba
Compartir en redes
El ministro del Interior, Enrique Riera, reveló que el exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, y el fiscal general de dicho país, Roger Mariaca, ambos detenidos en las últimas horas por su presunto vínculo con una red de protección del narcotraficante Sebastián Marset; también habrían protegido a las hermanas Villalba al frustrar su detención en territorio boliviano a pedido de las autoridades paraguayas. Según Riera, estas referentes del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) lograron escapar hacia Venezuela gracias al amparo directo brindado por las altas autoridades bolivianas que hoy se encuentran aprehendidas.
“Marset cayó allá porque le estaban protegiendo y ahora ya se hablan de sumas que se pagaron, y debo dar un dato más, este mismo Del Castillo fue el que me negó y me mintió en la cara tres veces, porque nosotros teníamos a las hermanas Villalba ubicadas, primero en Santa Cruz, después en Camiri, y luego La Paz, pero con fotos, filmaciones”, señaló el ministro, este jueves, a la 1020 AM.
Riera relató que las autoridades paraguayas lograron obtener una orden de captura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oruro, porque el fiscal general de Bolivia, que acaba de caer, “se negaba a dictar una orden de detención a pesar que tenía código rojo de la Interpol”.
El ministro Enrique Riera reveló que las altas autoridades de Bolivia ayudaron a escapar a las Villalba, brazos del EPP. Foto: @PatoBullrich
“Una vergüenza”
Detalló además que desde Paraguay fueron enviados efectivos para fiscalizar la detención, ya que no cuentan con jurisdicción en ese territorio, pero fueron engañados por el fiscal general boliviano.
“Este tipo (fiscal general) le llamó a nuestros efectivos, que eran de la más alta calidad, y les dijo que pasaba a buscarlos a las 2 de la mañana, pero solo verán el proceso de detención, pero no van a intervenir, desde luego que esas son las reglas del juego, le tuvieron a la embajadora desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas, a una representante diplomática, una vergüenza. Nunca les pasaron a buscar a las 2 de la mañana”, mencionó.
Siguió relatando que “dieron la excusa que la orden de detención del presidente de la Corte Suprema de Bolivia, estaba con un dictamen negativo de una asesoría jurídica de la Cancillería, imagínense, una orden de la Corte tenga un dictamen negativo de una oficina administrativa, impensable”, y agregó que “para terminar la historia, le embarcaron en el aeropuerto de Viru Viru, y hoy están en Venezuela”.
El ministro del Interior reclamó que en esa ocasión dejaron escapar a las Villalba. “Les acompañó al aeropuerto y les protegió. El mismo esquema con Marset, es un tipo que por lo visto estaba metido en cosas muy raras. Les permitieron subir en un vuelo internacional como si no tuvieran restricciones, de un aeropuerto internacional, con protección policial, y no pudimos hacer nada, realmente fue una vergüenza”, sentenció.
En el 2024, miembros del clan Villalba fueron detenidos en Argentina: José Mariano, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, fundadores del grupo terrorista con sus hermanos Carmen Villalba, Liliana Villalba, Laura Villalba y Osvaldo Villalba, en el marco de un operativo binacional entre Paraguay y Argentina. Desde allí lograron ingresar a Bolivia, desde donde pasaron a Venezuela, donde se encuentran en este momento de acuerdo a las últimas informaciones.
Hija de Alejandro Ramos fue condenada a 16 años de cárcel por vínculos con el EPP y EML
Compartir en redes
Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias “Yvera”, hija de Alejandro Ramos y exintegrante de los grupos armados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Ejército del Mariscal López (EML), fue condenada a 16 años de cárcel tras ser hallada culpable de extorsión agravada, asociación terrorista y transgresión a la Ley de Armas.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Federico Rojas, Rossana Maldonado y María Luz Martínez, determinó que quedó probado en el juicio que Ramos Ramírez integró desde su adolescencia estructuras criminales armadas; primero el EPP y, posteriormente, el EML, liderado por su padre, Alejandro Ramos Morel.
Los fiscales Lorenzo Lezcano y Pablo Zárate pudieron demostrar que durante ese periodo la acusada participó de forma activa en funciones operativas y de propaganda, incluyendo secuestros, extorsiones, atentados contra las fuerzas públicas y el cobro de “impuestos revolucionarios” a productores de la zona norte del país. Entre las pruebas principales se incorporaron registros audiovisuales en los que se la observa dando instrucciones a víctimas de extorsión, quienes también testificaron en el juicio.
Ramos Ramírez había sido capturada el 15 de febrero de 2025 en Brasil Cué, Horqueta, durante un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el que se incautaron de armas de fuego y otras evidencias.