El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deli­beradamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguri­dad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquili­dad interna como la imagen país.

Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fue­ron intencionalmente favorables para el nar­cotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin prece­dentes.

Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonis­tas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Mar­ques de Padua.

Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más bus­cados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.

Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puer­tos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vaca­cionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.

¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato espe­cial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Inte­rior.Subordinados del mismo Giuzzio confir­maron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en conti­nuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.

Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.

Los informes de inteligencia sindican a Mar­ques de Padua como narcotraficante, lava­dor, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blin­daje de vehículos que se presume proveía al cri­men organizado.

Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un sus­picaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser alla­nado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversacio­nes en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo con­firmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.

Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exse­cretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodi­cho. La oscura gestión de Giuzzio y sus teme­rosos vínculos desde el poder político, mere­cen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.

El cuerpo presentaba signos de tortura y de una muerte muy violenta, según el forense.

Vecinos de la ciu­dad de Pedro Juan Caballero, departa­mento de Amambay, halla­ron el cuerpo sin vida de una mujer al costado de un camino vecinal y junto a ella había una nota firmada por Los Justicie­ros de la Frontera. El médico forense confirmó que la víc­tima fue degollada.

Según el reporte policial, el hallazgo se registró durante la tarde del martes, al costado de un camino vecinal de la fracción Portera Ortiz en la localidad de Cerro Cora’i de PJC, por un vecino que circu­laba por la zona. El cuerpo de la mujer estaba atado tanto en el miembro inferior como superior.

La víctima fue identificada como Jaqueline Duarte Vega, de 25 años, de nacionalidad brasileña, y su cuerpo fue identificado por su cuñada Blanca Estela. Junto al cuerpo fue encontrado un panfleto con el mensaje: “No robar. + 1 aviso. Los Justicie­ros de la Frontera”.

Según la evaluación del médico forense, Marcos Prieto, el cuerpo presenta una grave lesión a la altura del cuello y la muerte se habría producido unas 12 horas antes del hallazgo. Presentaba hematomas en el rostro que podrían indicar signo de tortura y que podría haber sido asestada por un machete.

“Presenta una herida punzo­cortante a la altura de la nuca que le causó una hemorragia aguda, debido a las lesiones de los bazos del cuello, fue prácticamente degollada en el lugar. Tiene una rigidez cadavérica de 12 horas, pro­bablemente la muerte se pro­dujo en la madrugada”, pun­tualizó Prieto, en entrevista con la 106.7 FM.

El funcionario de la firma Gilberto Enciso ratificó que Marcus le prestó a Giuzzio una camioneta de la empresa Ombú para vacacionar en Brasil.

En el marco del jui­cio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por presunto cohe­cho pasivo agravado, declaró Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombú SA (propie­dad del presunto narcotrafi­cante brasileño Marcus Vini­cius Espíndola).

Enciso aportó datos explosivos que compro­meten la situación procesal de Giuzzio en el caso. El testigo fue tajante al mencionar que Marcus Vinicius y el entonces ministro del Interior conver­saron en varias oportunida­des sobre licitaciones para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pretendía ser provee­dora de chalecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados. Añadió que “Marcus Vinicius era quien tenía el contacto en el Minis­terio del Interior, y sus enla­ces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”.

Asimismo, admitió que la firma se estaba preparando para participar en licitaciones estatales y que el empresario brasileño compartía informa­ción sobre el tema con el exmi­nistro Giuzzio. Indicó que los preparativos cesaron cuando Marcus Vinicius tuvo proble­mas con la Justicia por narco­tráfico. Por otra parte, Enciso señaló que conocía a Lindomar Reges Furtado en calidad de cliente, ya que le realizaron un trabajo de blindaje.

Enciso reconoció que rea­lizaron trabajos de mante­nimiento en una camioneta Dodge Ram del Ministerio del Interior y manifestó que des­conoce si se llegó a pagar algo por el servicio. También hicie­ron retoques a otros vehículos tácticos del Estado y elabora­ron presupuestos para prestar sus servicios.

El testigo también aseguró que Giuzzio utilizó una camio­neta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directamente por su dueño. Además, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré sim­bólico de USD 700 que nunca se cobró”. Otro punto clave de la declaración fue la con­firmación de que Sebastián Marset, hoy detenido en los EE. UU., también fue cliente de la empresa para el blindaje de un vehículo.

El juicio oral prosigue la próxima semana donde va a continuar la declaración del funcionario de la firma Ombú Gilberto Enciso. El tribunal de sentencia que tiene su cargo juzgar el caso está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

“Tienen una memoria frágil y selectiva porque los números sobre casos de gatillo fácil efectivamente han descendido mucho“, afirmó el ministro del Interior, Enrique Riera, al defender la incorporación anual de 5.000 agentes a la Policía Nacional que impulsa el Gobierno actual, esto en relación al caso de negligencia policial ocurrido el 12 de julio en Alberdi, durante un operativo tras un asalto, donde perdió la vida un conductor de 22 años.

“No se ajusta la crítica a los que ellos llaman como policía exprés, ya que todos los efectivos policiales que estuvieron en ese procedimiento están por arriba de los 25 años y los que dirigían tienen más de 40 años”, puntualizó este martes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Riera surgen ante las declaraciones del senador opositor y exministro del Interior, Rafael Filizzola, quien en busca de réditos políticos utilizó el caso registrado el último domingo referente al joven fallecido en la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú en manos de policías para embarrar el plan de aumentar la presencia policial a nivel nacional.

“Ahí hubo un hecho de negligencia policial que suceden en situaciones críticas, pero hay que mirar el contexto. Probablemente el muchacho se habrá asustado, no habrá tomado la necesidad de parar e identificarse, dándose a la fuga. En una persecución, el protocolo de uso de armas de fuego es bastante estricto y tiene que ser en proporción a la amenaza recibida”, afirmó al detallar que un día previo al trágico hecho, se produjo en la localidad un robo a mano armada que mantuvo a los efectivos en constante alerta en la zona.

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El alto funcionario de Estado mencionó: “Yo le dije al comandante de la Policía Nacional y a los fiscales del caso, que la Policía colaborará para identificar a los responsables que lamentablemente apretaron el gatillo, entregando las armas, los casquillos, haciendo la prueba de parafina, que se tomen todas las medidas sin presiones políticas”.

Riera afirmó incluso que los agentes policiales de la División de Apoyo Táctico involucrados en el hecho, hubiesen tomado otras decisiones como cerrar el paso, realizar una persecución o disparar a las llantas.

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