Productores agrupados en la Cooperativa Agronorte Ltda. lograron concretar el primer envío de 22 toneladas de pasta de ají picante hacia Estados Unidos; los mismos celebraron la oportunidad de diversificar sus opciones de producción, generando a su vez un escenario mucho más favorable respecto a sus ingresos.

En conversación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Rolando Chávez, gerente general de la cooperativa Agronorte, explicó que este proceso inició en el 2024 gracias al trabajo por parte de Rediex, que logró el contacto con la empresa ecuatoriana UCHU Spice en la feria Seoul Food.

“Nosotros tenemos un contrato inicial de 1.000 toneladas, pero con el mismo cliente tenemos la posibilidad de llegar a 8.000 toneladas; significa que solamente con este cliente podemos aumentar la mano de 2.500 a 3.000 productores de la zona”, comentó Chávez.

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Además, señaló que esta es una oportunidad única para los productores de San Pedro, ya que el rendimiento económico que ofrece el cultivo de ají es superior a otros cultivos más tradicionales de la zona, como el sésamo, maní y poroto.

“San Pedro tiene 20% de la agricultura familiar en el país, casi 60.000 pequeñas fincas, y todas estas hoy están desesperadas por un cultivo alternativo; por eso les digo que se animen a diversificar y entrar a un nuevo rubro que también deja ganancias bastante significativas para el productor”, indicó.

En este sentido, explicó que hace aproximadamente cinco años la zona de San Pedro tiene que enfrentar dificultades climáticas, hecho que les generó la necesidad de apostar por mayor tecnología e infraestructura para no contar con dependencia continua del clima, pero que igualmente muchos cultivos no logran su rendimiento total.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que el gremio mantuvo una nueva reunión con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y acordó la conformación de un equipo técnico y jurídico para ordenar el presupuesto, adecuar líneas de pago y avanzar en mecanismos financieros que permitan normalizar la ejecución de obras viales.

En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, Sarubbi detalló que se trabajará en dos frentes; la primera corresponderá a una mesa técnico–económica para reprogramar partidas y mejorar el plan de caja, y otra jurídica para reglamentar herramientas como la cesión de créditos (factoraje), con participación de constructoras y bancos. “La idea es calendarizar pagos y aliviar la presión financiera, cuidando el déficit fiscal”, explicó.

El mundo nocturno de Central está de fiesta porque la Red Buho cumplió un año de operatividad ininterrumpida. El servicio de autobuses en Asunción y Área Metropolitana comenzó a operar oficialmente el 21 de febrero de 2025. El primer recorrido lo realizó la línea B1, que conectaba Asunción con San Lorenzo.

“A un año de la puesta en marcha de los buses Búho, casi 34.000 pasajeros fueron beneficiados con su operación en el área metropolitana”, indicaron desde el MOPC y agregaron que el servicio acumula 159.719 validaciones y 13.860 servicios realizados.

El precandidato a la intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, recibió el apoyo de la Coordinadora de Funcionarios Públicos, durante un encuentro en el marco de su campaña electoral con el proyecto Asu Puede. Con este respaldo fortalece su equipo desde las bases partidarias con miras a las internas partidarias del 7 de junio para las Elecciones Municipales 2026.

Más de 30 representantes de todo el sector del servicio público y privado de las coordinadoras, que participaron en este encuentro, expresaron el apoyo total al proyecto electoral del oficialismo para el municipio capitalino.

La obra que conectará Puerto Indio con el empalme de la supercarretera, en el departamento de Alto Paraná, avanza hacia una fase clave en el Lote 1 y desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informaron que la próxima semana se prevé la llegada del equipo asfáltico que permitirá completar el último cuadrante de la rotonda principal de Mbaracayú.

Al margen de estos trabajos, las cuadrillas ejecutan trabajos de drenaje y terminaciones entre los km 15,3 y 16. En este tramo se construyen cordones simples y cordón cuneta en ambos márgenes, además del revestimiento de cunetas tipo R1, fundamentales para una correcta evacuación de aguas y la protección estructural de la calzada.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ahora pasará a debate en el Senado. El pacto entre los dos bloques fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, luego de 25 años de negociaciones, y Brasil espera que beneficie a su poderoso sector agrícola y ganadero.

El Senado de Uruguay aprobó también ayer por unanimidad el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se espera sea refrendado el jueves por la Cámara de Diputados. Uruguay busca ser el primer país del bloque sudamericano, que comparte con Argentina, Brasil y Paraguay, en ratificar el acuerdo con la UE, firmado en enero en Asunción tras un un largo proceso de negociación iniciado en 1999.

Un grupo de hombres fuertemente armados atacó en la madrugada de este jueves una sucursal del banco Sudameris en Naranjal, departamento de Alto Paraná. Los delincuentes usaron explosivos para acceder a la bóveda de la entidad bancaria y llevarse el dinero que se encontraba en el lugar, de acuerdo con el reporte policial.

El hecho se produjo alrededor de las 01:20 y fue perpetrado por unos 20 hombres que llegaron a bordo de seis camionetas. Hasta el momento se desconoce el monto llevado por la banda de delincuentes. Los intervinientes aguardan que amanezca para ingresar al lugar y seguir con los procedimientos acompañados de explosivistas.

“Las funciones constitucionales de la Policía Nacional siguen intactas”, dijo el Carlos Benítez, comandante de la institución policial, al referirse sobre los alcances del decreto 5.554, el cual dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna.

“Acá no se habla de que la Policía Nacional haya sido sobrepasada. Esto viene a ser una tarea conjunta en el ámbito específico de lo que es combatir el crimen organizado, que constituyen elementos armados que puedan representar un riesgo o amenaza directa a la democracia o instituciones legalmente constituidas”, indicó en el programa “El Péndulo” de Unicanal.

El contraalmirante Cíbar Benítez, minis­tro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), puntualizó que la intención de ampliar la operatividad de la Fuerza de Tarea Con­junta (FTC), fuera de su área de cobertura, no se trata de una militarización, sino de una estrategia de seguridad nacional para contribuir al combate de estructuras cri­minales.

“Es importante aclarar muchas cosas, se habla de una militarización, de tomar roles policiales y eso no es así. Se trata de un trabajo en con­junto con todas las institu­ciones del Estado que ten­gan que ver con la seguridad y defensa”, refirió al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, ordenó, mediante decreto, la amplia­ción del área de operaciones de la Fuerza de Tarea Con­junta (FTC) en aquellos terri­torios donde pudieran detec­tarse eventuales amenazas contra la seguridad y la sobe­ranía del país.

El decreto presidencial lleva el número 5554 y se dispone el empleo de ele­mentos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna.

La exministra de Defensa, María Liz García, afirmó que el decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es legal y legítimo dentro del marco constitucional.

En una entrevista radial, en la 780 AM, indicó que ante situaciones de extrema gravedad en las que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente, el mandatario puede disponer el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad.

En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más importantes del decreto es que el despliegue militar debe realizarse en un área territorial claramente delimitada y por el tiempo estrictamente necesario. Posteriormente, añadió, la Policía Nacional debe retomar el control exclusivo de la situación una vez superada la contingencia.

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“Puedo decir que el decreto está conteste a esta Ley 5036 del año 2013, y un decreto del Poder Ejecutivo, en aquel entonces, el decreto 103; cuando yo en aquel tiempo estaba todavía en ejercicio ministerial; se había modificado la Ley 1337, de Defensa Nacional y Seguridad Interna”, recordó.

Explicó que hasta aquel momento, para poder movilizar a las tropas militares, el presidente de la República, que es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no podía hacerlo si no era con pedido y autorización del Poder Legislativo.

La exministra García señaló que debido a las difíciles situaciones que se estaban generando, en diferentes países y también en Paraguay, con la presencia del EPP se vio que ya era insuficiente esa capacidad de reacción para poder tomar medidas correctivas, en situaciones que comprometía la vida, la liberdad, los derechos de las personas y la defensa nacional.

Señaló que con la modificación que se realizó vía decreto en el 2013, permitió al presidente de la República y comandante en Jefe en ejercicio, hacer frente a situaciones como ser un Estado de excepción, aclarando que no es nuestra condición actual, o frente a situaciones de extrema gravedad en el que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente insisto.

Por tanto, señaló que esta modificación de la ley permitió al presidente Peña decidir el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas, pero de manera transitoria; hasta que la Policía Nacional o en su efecto la Prefectura General Naval, puedan estar nuevamente en condiciones de hacerse cargo por sí solos de esa situación.

“Este es el documento que le ampara a esta disposición y decreto 5524 del 24 de febrero del 2026, que fue lo que dispuso el presidente de la República y comandante en jefe Santiago Peña. Absolutamente no tiene nada irregular el documento firmado, así hasta el momento lo dispuesto, yo me refirí a lo que dice con claridad el artículo 56, específicamente de la Ley 5036. En cuanto a esta disposición del presidente Peña, es legal y es legítima, siempre y cuando no se salga de lo estrictamente dispuesto”, sentenció.

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