Convertir la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría de policía ha despertado sentimientos encontrados en su pueblo de Austria. “Es una espada de doble filo”, afirma Sibylle Treiblmaier delante de la vivienda, en la localidad de Braunau am Inn, en la frontera con Alemania.

Aunque el proyecto podría servir para evitar que los extremistas de ultraderecha se concentren allí, se le podría haber dado “un uso mejor a la casa” o hacer algo “diferente”, dice a AFP esta auxiliar de oficina de 53 años.

El gobierno quiere “neutralizar” ese lugar y en 2016 aprobó una ley para hacerse con el control del destartalado edificio, que estaba en manos privadas. Austria, anexionada por la Alemania de Hitler en 1938, ha sido muy criticada por no haber asumido totalmente su responsabilidad en el Holocausto, en el que fueron exterminados seis millones de judíos europeos.

El año pasado, se cambió el nombre a dos calles de Braunau am Inn que conmemoraban a nazis, algo que grupos de activistas llevaban años reclamando.

La casa en la que Hitler nació el 20 de abril de 1889 y donde residió durante un corto periodo, en sus primeros años de vida, se ubica en el centro de la ciudad, en una estrecha calle llena de tiendas. Delante hay una piedra con la inscripción: “Por la paz, la libertad y la democracia. Fascismo nunca más. Nos lo advierten millones de muertos”.

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Periodistas de la AFP visitaron el lugar esta semana, y vieron a una cuadrilla de obreros dando los últimos toques a la fachada, renovada. Según el Ministerio del Interior, la comisaría debería estar operativa “en el segundo trimestre de 2026”.

Pero para Ludwig Laher, miembro del Comité Mauthausen Austria que representa a las víctimas del Holocausto, “una comisaría de policía es problemática porque la policía (...) está obligada, en todos los sistemas políticos, a proteger lo que el Estado quiera”.

Otra idea que se planteó, la de hacer de esa casa un lugar donde la gente pudiera reunirse para hablar sobre cómo fomentar la paz había “recibido mucho apoyo”, dijo a la AFP.

Para Jasmin Stadler, dueña de una tienda, hubiera sido interesante poner la casa natal de Hitler en un “contexto histórico”, ofreciendo más datos sobre la vivienda. La mujer, de 34 años y oriunda de Braunau, también criticó el costo de la renovación, de 20 millones de euros (unos 23,5 millones de dólares).

Pero también los hay que están a favor de que la casa se haya rediseñado. Años atrás, el Ministerio del Interior la tenía alquilada y albergaba un centro para personas con discapacidad, hasta que, con el tiempo, cayó en abandono.

Wolfgang Leithner, ingeniero eléctrico de 57 años, se mostró esperanzado en que el proyecto “traiga algo de tranquilidad” al lugar y consiga evitar que la vivienda se convierta en un lugar de peregrinación de ultraderechistas.

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“Tiene sentido que se use el edificio y que se dé a la policía, a las autoridades públicas”, señaló. La AFP intentó hablar con la oficina del alcalde, conservador, pero ésta declinó hacer comentarios. El debate sobre cómo abordar la historia del Holocausto no es nuevo en Austria, resurge cada cierto tiempo.

Durante el mandato de los nazis, cerca de 65.000 judíos austriacos fueron asesinados y unos 130.000 se vieron forzados al exilio. El Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha y fundado por exnazis, lidera actualmente los sondeos. En 2024, por primera vez, fue el más votado en las elecciones legislativas, pero no logró formar gobierno.

Fuente: AFP

Representantes del sector docente y de las fuerzas públicas acudieron este lunes al Congreso Nacional con la finalidad de plantear sus inquietudes al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que será analizado este martes 11 de febrero, a las 10:40 por el pleno de la Cámara Alta, después de su aprobación por Diputados.

Las sugerencias o cuestionamientos a la propuesta impulsada desde el Poder Ejecutivo y modificada el pasado jueves por los diputados son expuestos ante cuatro comisiones asesoras del Senado, que deberán dictaminar por aprobar o rechazar la iniciativa. Del encuentro participa el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos.

En la ocasión los docentes plantearon a la cartera económica y a los senadores disminuir el tope de la edad mínima para acceder a la jubilación y elevar la tasa de sustitución, teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados se estableció la edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %.

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Mientras que para la extraordinaria, se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años; además de una tasa de sustitución de 70 %.

El sector de los docentes también sigue cuestionando que el aporte estatal llegue solo al 5 % y que sea aplicado de manera gradual. En la iniciativa aprobada se estipuló que se iniciará con un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir, en el 2030.

Sin embargo, desde el MEF expusieron que lo aprobado en Diputados surgió de un consenso entre la cartera de Estado y la cámara y que lo resuelto satisface al Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal.

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El diputado colorado Carlos Núñez Salinas se refirió al debate de la reforma de la Caja Fiscal, la cual considera una tarea urgente para cuidar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores públicos, de hoy y de mañana. Sostuvo que este debate no es solo responsabilidad del Gobierno o del Congreso Nacional, sino que es un desafío que interpela a toda la sociedad.

Durante una comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que mantener el sistema actual haría que la mayoría pague impuestos para sostener privilegios que ponen en riesgo la jubilación de miles de funcionarios públicos.

“La urgencia es evidente. Resulta insostenible que en el futuro la Caja Fiscal se financie plenamente con los impuestos del 65 % de los trabajadores que, paradójicamente, jamás accederán a una jubilación. Por ello, debemos escuchar y respetar a docentes, policías y militares, pero también corregir las desigualdades: no es justo que algunos se jubilen muy jóvenes mientras otros esperan hasta los 60″, expresó Núñez a LN.

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El congresista recordó que, en la última década (2015-2025), el sistema jubilatorio fiscal ha acumulado un déficit superior a los 1.100 millones de dólares, generado principalmente por los sectores de docentes, militares y policías.

Señaló que esta brecha financiera se ha convertido en una pesada carga para la clase trabajadora, que sostiene al Estado a través de sus impuestos, mientras el costo se traduce en una menor capacidad de inversión en servicios públicos esenciales. Indicó que el problema no es solo contable: ha profundizado inequidades y amenaza la sostenibilidad de la jubilación de todo el servicio civil, comprometiendo el futuro de miles de trabajadores.

“Los especialistas advierten que la reforma no admite más demoras. Si el proyecto de ley no avanza, para el año 2028, el déficit deberá ser cubierto íntegramente con impuestos, desfinanciando áreas igualmente prioritarias como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad ciudadana. En otras palabras, el costo de la inacción será pagado por toda la sociedad, y no únicamente por quienes hoy se benefician de un sistema desbalanceado", remarcó Núñez Salinas.

“El proyecto afecta principalmente a docentes, policías y militares, servidores públicos que merecen respeto y reconocimiento por su labor, pero cuya situación dentro del sistema genera un marcado desbalance e inequidad intergeneracional, pues en promedio, acceden a la jubilación alrededor de sus 50 años, aún en plena edad productiva, mientras que otros sectores deben superar los 62 años para obtener los mismos beneficios”, puntualizó Núñez a Nación Media.

Agregó que esta diferencia no solo es injusta, sino que erosiona la confianza de un sistema difícil de sostener. No obstante, señaló que es comprensible que los gremios perciban la reforma como una amenaza a derechos adquiridos.

Sin embargo, sostuvo que sostener las reglas actuales compromete la jubilación de miles de otros servidores públicos y perpetúa un modelo financieramente inviable. Por lo que considera que la verdadera discusión debería centrarse en como garantizar un sistema justo, equitativo y sostenible para todos.

“Como sociedad, debemos aspirar a mejorar las condiciones de todos los trabajadores, otro desafío acuciante es extender el derecho a la jubilación a toda la clase trabajadora. Hoy, apenas tres de cada siete personas ocupadas acceden a la seguridad social, un dato que refleja la fragilidad del mercado laboral paraguayo y coloca al país entre los de menor protección social en la región", analizó.

“La reforma de la Caja Fiscal, por tanto, debe ser vista como el primer paso de un proceso más amplio: el de construir un sistema de seguridad social inclusivo, equitativo y sostenible. No se trata únicamente de corregir un déficit financiero, sino de redefinir el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. La pregunta que debemos hacernos no es si la reforma es necesaria, sino que, si estamos dispuestos a asumirla con la responsabilidad y la unidad que el momento exige", concluyó.

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El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, destacó que el debate sobre la Reforma de la Caja Fiscal “está en buen camino”, tras culminar una nueva reunión desarrollada en el Congreso Nacional a instancias de la Comisión Permanente, con los diferentes representantes de gremios y sindicatos de la educación.

En conversación con varios medios de prensa, Piris señaló que salieron satisfechos de la reunión, porque fue muy fructífera la charla que mantuvieron con los legisladores.

Mencionó que el presidente de la Permanente, el senador Colym Soroka, se comprometió a realizar las gestiones con el ministro de Economía y su equipo para la instalación de una mesa técnica en la que se estará analizando artículo por artículo la propuesta de reforma.

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Posterior a eso se estará charlando con los líderes de bancada de ambas cámaras, ya que finalmente es en el ámbito político donde se estará definiendo la reforma.

“Creo que estamos yendo por buen camino, vemos que hay buena predisposición de parte de los miembros de la Permanente, si bien es un porcentaje menor del parlamento, lo que pudimos constatar de las visitas particulares que hemos hecho a algunos legisladores o diputados es que desconocen aun lo que dice el proyecto de ley, por eso sería un despropósito tratarlo durante el receso parlamentario”, explicó.

A su turno, Soroka coincidió en que se está avanzando en el estudio de la propuesta presentada por el Ejecutivo, por el debate que se está teniendo y las sugerencias que se están recibiendo por parte de los sectores afectados, lo que calificó de importante para el momento que sea analizada por el plenario, ya que nadie podrá decir que este tema no fue analizado o no se difundió de la forma correcta.

Destacó que en cada reunión que está llevando la Permanente está contando con la presencia de los representantes técnicos del Ministerio de Economía, que está llevando adelante un seguimiento muy cercano al debate.

“Hemos recibido las consultas necesarias de los gremios, representantes y demás. Estas consultas y las propuestas que han enviado a la Comisión Permanente ya están siendo pulidas para remitir a la Cámara de Diputados y al ministerio de Economía”, precisó.

Aclaró que igualmente se están enviando todas las propuestas y consultas de todos los gremios al despacho de cada senador para que vayan teniendo conocimiento al respecto.

“La comisión Permanente hace que siga vigente ambas cámaras durante el receso parlamentario, porque necesitamos que cada legislador cuente con la información correcta en caso de que sean llamados a tratar en plenario”, acotó.

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