Este viernes se reportó un trágico accidente de tránsito con derivación fatal sobre la ruta PY02, en la ciudad de Capiatá. Un joven motociclista perdió la vida luego de rozar contra un vehículo y caer al pavimento, donde fue arrollado por un camión de gran porte. En la zona se reporta una gran congestión vehicular e instan a evitar la arteria.

Según el reporte policial, el fatal accidente se registró durante la tarde de hoy, sobre la ruta PY02 en el carril que va con dirección a la ciudad de Itauguá, específicamente a la altura del kilómetro 22 en inmediaciones de la ciclovía y del arroyo Capiatá.

En el percance rutero se vieron involucrados una motocicleta de color negro, guiada por Aníbal Valdéz Romero, identificado como la víctima fatal. Además, un automóvil y un camión de gran porte tipo cisterna. El hombre estaba por llegar a su vivienda y se presume que realizó una maniobra de adelantamiento.

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Testigos indicaron que Romero estaba circulando sobre la ruta y ante la gran cantidad de vehículos decidió realizar una maniobra de adelantamiento, durante ese procedimiento terminó rozando contra un automóvil que iba delante suyo. En ese momento perdió el equilibrio y cayó sobre la capa asfáltica.

Lastimosamente, en ese mismo carril circulaba el camión cisterna cuyo conductor ya no pudo evitar el trágico desenlace. El motociclista falleció de manera instantánea y el conductor del vehículo pesado indicó a los intervinientes que solo sintió el impacto y que no vio cuando el hombre cayó.

El tránsito está siendo reorganizado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y familiares de la víctima, quien aparentemente reside en las inmediaciones y estaba apunto de llegar a su vivienda.

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La Policía Nacional reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que fue denunciada como desaparecida, en el departamento de Amambay. Se presume que el hombre fue asesinado el mismo día de su desaparición, fue envuelto con una bolsa negra y arrojado en una zona boscosa.

Según el reporte de los intervinientes, un vecino que estaba recorriendo el área en búsqueda de remedio avisó que encontró el cadáver de una persona en una zona boscosa en Zanja Pytã, de la Colonia Virgen de Caacupé, localidad del citado departamento. El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición.

Al llegar al sitio se pudo constatar que se trataba del cuerpo de un hombre y convocaron a la esposa de Eleuterio Espinoza Borba, de 54 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 24 de agosto. La mujer, identificada como Cristina Mendoza Medina, reconoció al cadáver como el de su marido y se procedió al levantamiento.

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Hasta el lugar llegó el fiscal Emilio Álvarez y un médico forense, este último inspeccionó el cuerpo y pudo determinar que estaba totalmente embalado con la bolsa, lo que aceleró su descomposición y presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que habría provocado su muerte.

El hombre estaba desaparecido desde el mediodía del lunes, luego de haber salido de su vivienda para buscar señal y poder realizar unas llamadas, pero ya no volvió. Su esposa lo llamó en reiterada ocasiones y no respondió, por lo que fue a denunciar que estaba con paradero desconocido.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.

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De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.

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La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.

Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.