Trabajo coordina con interventores del Banco Central del Paraguay la preparación de las liquidaciones laborales de los 490 trabajadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana.

Por instrucciones del presidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) anunció nuevas medidas para proteger los derechos de apro­ximadamente 7.000 trabajado­res afectados por la situación de Ueno Bank y las empresas vin­culadas al Grupo Vázquez, que actualmente atraviesan dificul­tades laborales tras el cierre de sus operaciones, informó el sitio de la Presidencia.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, informó que, mediante el Dictamen N.º 377, se estableció que los trabajado­res que no reciben tareas ni per­ciben sus salarios pueden acce­der a otro empleo, aun cuando sus contratos contemplen cláu­sulas de exclusividad, sin que esto implique renunciar a sus derechos laborales. La ministra explicó que ya fueron atendidos más de 3.050 trabajadores y que se mantiene una mesa de tra­bajo con representantes de las 37 empresas identificadas. Asi­mismo, aclaró que los emplea­dos continúan formalmente en las nóminas y que, hasta el momento, el Ministerio no reci­bió solicitudes de suspensión de contratos laborales.

Entre las medidas anuncia­das, el MTESS coordina con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) la preparación de las liquidacio­nes laborales de los 490 traba­jadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana, conforme al calenda­rio de los interventores.

Tam­bién se solicitó al Instituto de Previsión Social garantizar la atención médica de los trabaja­dores que la necesitan, especial­mente mujeres embarazadas, madres en periodo de lactan­cia y personas con tratamientos en curso. Además, se coordinó con el Ministerio de la Defensa Pública la asistencia jurídica para quienes necesiten iniciar reclamos laborales.

Recalde recordó que la legislación esta­blece prioridad para el cobro de los créditos laborales frente a otras deudas de las empresas. Finalmente, aseguró que el Ministerio continuará con la atención en horario extendido y el acompañamiento a los afec­tados con el objetivo de proteger sus derechos y facilitar respues­tas a las familias afectadas.

Los fiscales Christian Benítez Cáceres y Verónica Valdez Rivas encabezaron un allanamiento en la vivienda particular del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo en el marco de la causa penal por lesión de confianza y otros delitos. También se allanó la residencia del exjefe de Estado Santiago Peña.

Durante el procedimiento, la comitiva fiscal incautó documentos vinculados a los hechos investiga­dos, así como equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a análisis técnicos para determinar su contenido y eventual relevancia en la causa. Los ele­mentos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia a fin de preservar su integridad para las pericias correspondientes.

Funcionarios de la empresa Itti, del Grupo Vázquez, se manifiestan este lunes frente al Ministerio del Trabajo a los efectos de tratar de conversar con las autoridades para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.

Gran cantidad de personas afectadas por el cierre de empresas asociadas se acercaron hasta la oficina pública en busca de orientación y respuestas sobre su futuro como empleados cesados.

“Venimos a reivindicar nuestros derechos porque actualmente no tenemos un norte, no tenemos claridad sobre nuestro futuro laboral, y eso es lo que venimos a exigir, que también sean escuchadas nuestras necesidades de cobertura de parte del gobierno”, expresó Verónica Barrios, colaboradora de Itti en contacto con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Universo 970AAM.

Te puede interesar: Psicólogos alertan sobre el impacto de la crisis de Ueno en la salud mental de la población

Añadió que muchas familias paraguayas se quedaron en la calle a raíz de esta situación. “Nosotros queremos que se cumplan nuestros derechos laborales. Nosotros no podemos estar en esta incertidumbre de no saber qué va a pasar de nosotros”, indicó.

Asimismo, mencionó que ninguna autoridad se comunicó con ellos hasta el momento. “Oficialmente, no tenemos una comunicación clara de cuál va a ser nuestro futuro laboral. Por eso, estamos pidiendo que nos puedan ayudar, que nosotros también podamos ser amparados bajo la Ley del BCP”, apuntó.

Señaló que son aproximadamente 1.600 los colaboradores afectados. “Hay compañeros que no cobraron su último salario, hay compañeros en Argentina que fueron cesados y en otros países donde no tienen representación. O sea, el impacto es enorme”, subrayó.

Leé más: Concepción: voraz incendio se cobró la vida de una persona y dos siguen en grave estado

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.

“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.

En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.

“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.

Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.

Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.

Le puede interesar: Paraguay Business Week ya cuenta con más de 8 mil inscriptos, con mayoría de empresas brasileñas

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.

La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.

Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.

Lea más: De 50 a 500 canastas: una colecta solidaria moviliza a voluntarios y empresas tras el caso ueno

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.

El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.

La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.

A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.

Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.

Te puede interesar: Certificación laboral busca facilitar la contratación y reconocer la experiencia de los trabajadores

Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.

El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.

Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.

Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.

La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.

Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.

La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.

El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.

Lea más: