Mediante movilizaciones, trabajadores del Hospital de Clínicas piden al Ministerio de Salud que se apure el proceso para poner en funcionamiento el nuevo pabellón de contingencia COVID-19. Al respecto, el licenciado Derlis Torres, del Sindicato de Trabajadores de Clínicas, indicó que ayer estuvieron frente a la sede ministerial y fueron recibidos por el ministro.
Aseguró que no quieren más promesas. “Gracias a las movilizaciones de ayer pudimos tener reunión con las autoridades y se comprometieron en tener una comunicación más fluida con nosotros”, dijo en contacto con la 800 AM. Mencionó que el ministerio se comprometió en contratar personal y de la provisión de oxígeno para inaugurar el pabellón de contingencia. “No podés estar habilitando un pabellón de contingencia sin tener lo esencial para su funcionamiento. Lo que pedimos es que en ese sentido haya un apresuramiento para que se pueda poner en funcionamiento”, apuntó.
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Torres mencionó además que si bien tienen garantizado mínimamente el oxígeno, al habilitar el pabellón van a requerir más. “Tenemos esperanzas con el ministro Borba porque en medio de todo está siempre tratando de solucionar los problemas”, sostuvo.
Hay que recordar que la habilitación del nuevo bloque respiratorio fue hecha por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con el apoyo de la cartera sanitaria en el predio del hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, donde en los próximos días se habilitarán más camas destinadas a terapia respiratoria en dicho bloque.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.
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Mercado laboral registra su menor tasa de desocupación para un segundo trimestre, según el MTESS
El mercado laboral mostró un comportamiento positivo durante el segundo trimestre del 2026, con un crecimiento de la fuerza de trabajo y un incremento aún mayor de la ocupación, de acuerdo con el reporte del segundo semestre publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
La fuerza de trabajo aumentó en 86.346 personas frente al mismo trimestre del 2025 y en 24.120 personas respecto al primer trimestre del 2026. La expansión de la oferta laboral estuvo acompañada por un mayor dinamismo en la generación de puestos laborales.
La población ocupada aumentó en más de 114 mil personas en comparación interanual y en más de 62 mil frente al trimestre anterior. Como resultado, la cantidad de desocupados disminuyó en 28 mil personas en términos interanuales y en 38 mil en la comparación intertrimestral.
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Desocupación en su menor nivel
En este contexto, la tasa de desocupación se ubicó en 4,1 % en el segundo trimestre del 2026, el valor más bajo registrado para un segundo trimestre en toda la serie. La evolución de los últimos diez años muestra una reducción sostenida de este indicador, asociada a un mayor dinamismo de la demanda laboral frente al crecimiento de la fuerza de trabajo.
Sector privado impulsa el empleo
El crecimiento de la ocupación se reflejó en casi todas las categorías, con excepción de los familiares no remunerados. La mayor variación se registró entre los trabajadores por cuenta propia, con más de 44 mil nuevos ocupados, seguido por los empleados privados, con más de 31 mil, los empleadores, con 29 mil, y los empleados públicos, con 9 mil nuevos ocupados.
Por actividad económica, el comercio, restaurantes y hoteles encabezó la generación de puestos de trabajo, con aproximadamente 73 mil nuevas ocupaciones. Le siguieron los servicios comunales, sociales y personales, con cerca de 50 mil ocupaciones adicionales, y la construcción, con alrededor de 21 mil.
En contrapartida, algunas actividades registraron reducciones interanuales en la ocupación. Las industrias manufactureras disminuyeron en 8 mil ocupaciones, mientras que finanzas, seguros e inmuebles y agricultura, ganadería, caza y pesca registraron una reducción de 14 mil ocupaciones cada una.
Baja la informalidad y aumenta el empleo formal
La tasa de informalidad mostró una tendencia descendente frente al segundo trimestre de 2025, tanto entre el total de ocupados no agrícolas como entre los empleados y obreros del sector privado. En este último grupo, la tasa pasó de 59,2% a 56,9%, lo que representa una reducción de 2,3 puntos porcentuales.
La población ocupada no agrícola registró un incremento interanual de 128.745 personas. En términos absolutos, los ocupados formales aumentaron en 57.435 personas a nivel país, mientras que el empleo formal privado explicó una parte sustantiva de este crecimiento, con 46.461 nuevos empleos formales, aproximadamente el 80 % del incremento total de la ocupación formal. En paralelo, los registros administrativos del Instituto de Previsión Social (IPS) muestran que los trabajadores cotizantes del régimen general pasaron de 799.354 en junio de 2025 a 848.280 en junio de 2026, un aumento de 48.926 empleados formales.