El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.

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Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.

El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.

Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.

“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.

Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.

Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.

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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios  conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.

Fuente: AFP

Cerró mayo con 104 puntos básicos, ubicándose como el tercer mejor desempeño de la región, solo por detrás de Uruguay (61 puntos) y Chile (86 puntos).

De acuerdo con datos del indicador de riesgo país elabo­rado por JP Morgan y difun­didos por Bloomberg Línea, Paraguay cerró mayo con 104 puntos básicos, ubicándose como el tercer mejor desem­peño de la región, solo por detrás de Uruguay (61 puntos) y Chile (86 puntos). El resul­tado coloca a nuestro país por delante de economías como Perú (113 puntos), Panamá (115), Brasil (175), México (205) y Colombia (240), con­solidando su lugar dentro del grupo de países considerados más estables por los mercados financieros internacionales.

Para Daniel Núñez Martínez, abogado y asesor estratégico de inversiones, este posicio­namiento no responde a un hecho aislado, sino al resul­tado de una política econó­mica sostenida durante varios años. “El informe de JP Mor­gan confirma algo que quienes seguimos la economía para­guaya veníamos observando: Paraguay no es solo estable en términos relativos, está com­pitiendo con los mejores de la región”, afirmó a La Nación/Nación Media.

Según explicó, hace apenas 15 años Paraguay era percibido como un mercado periférico y de mayor riesgo. Sin embargo, hoy comparte el podio regio­nal junto a Uruguay y Chile, dos economías históricamente reconocidas por su estabili­dad macroeconómica. Núñez Martínez atribuye este des­empeño a tres factores prin­cipales. El primero es la disci­plina fiscal, respaldada por la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece límites al déficit público y otorga previsibilidad a las finanzas estatales.

El segundo es el nivel de deuda pública, que ronda el 41 % del producto interno bruto (PIB), cifra que continúa siendo infe­rior al promedio de varios paí­ses latinoamericanos. El ter­cer elemento son las reservas internacionales administra­das por el Banco Central del Paraguay, consideradas sufi­cientes para cubrir compro­misos externos y generar con­fianza en los mercados. “Los mercados no premian las bue­nas intenciones; premian la consistencia. Y Paraguay ha sido consistente”, sostuvo. El especialista destacó que el bajo riesgo país tiene efectos concretos sobre la economía. Uno de los más importantes es la posibilidad de acceder a financiamiento internacional a tasas más competitivas.

Cuando un país presenta un menor riesgo soberano, los inversionistas exigen meno­res rendimientos para com­prar sus bonos, lo que reduce el costo de endeudamiento para el Estado. Esto, a su vez, libera recursos que pueden desti­narse a infraestructura, edu­cación, salud u otras inversio­nes públicas. Pero el beneficio no se limita al sector público. Núñez Martínez explicó que el riesgo país funciona como una referencia para todo el sistema financiero, por lo que una mejor calificación también favorece a las empresas priva­das que buscan financiamiento en el exterior. “El riesgo país es el piso sobre el que se constru­yen las tasas de financiamiento privado. Cuando el Estado es percibido como confiable, el crédito tiende a abaratarse para toda la economía”, indicó.

Asimismo, resaltó el impacto que este indicador tiene sobre la atracción de inversiones extranjeras. Según señaló, los fondos de inversión y las multinacionales suelen ana­lizar el riesgo país como uno de los primeros parámetros antes de decidir dónde colo­car capital. En un contexto en el que Europa vuelve a mirar a América Latina tras los avances del acuerdo entre la Unión Europea y el Mer­cosur, el hecho de que Para­guay aparezca junto a Chile y Uruguay entre las econo­mías más seguras de la región constituye una señal posi­tiva para la llegada de nue­vos proyectos productivos. “Paraguay llega a esa conver­sación con credenciales sóli­das. Hoy el país ofrece esta­bilidad macroeconómica, previsibilidad y una reputa­ción financiera que tiene un enorme valor estratégico”, concluyó el experto.

Paraguay podría dar un salto estratégico en materia energética y logística si avanza una de las iniciativas analizadas recientemente por los países del Mercosur y Chile dentro del “Proyecto de Integración Gasífera Regional”.

La propuesta contempla utilizar territorio paraguayo como ruta para transportar gas natural desde el yacimiento argentino de Vaca Muerta hasta los principales centros de consumo de Brasil, una alternativa que podría posicionar al país como un actor clave en la integración energética sudamericana.

Según explicó a La Nación/Nación Media, Mauricio Maiulini, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), una de las opciones evaluadas consiste en conectar la producción gasífera argentina con los mercados brasileños atravesando el Chaco paraguayo.

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La iniciativa cobra relevancia por la ubicación geográfica del país. Paraguay se encuentra entre dos de las economías más grandes de Sudamérica y podría transformarse en un corredor de infraestructura energética de alcance regional, generando oportunidades vinculadas a inversiones, servicios, desarrollo industrial y fortalecimiento de su seguridad energética.

Uno de los principales atractivos para Paraguay es que el proyecto no se limita únicamente al transporte de gas. La disponibilidad de este recurso permitiría impulsar nuevas actividades productivas en el Chaco, una región que históricamente enfrentó desafíos para atraer grandes industrias debido a las limitaciones energéticas.

El acceso al gas natural abre además la posibilidad de desarrollar proyectos de generación termoeléctrica y actividades industriales asociadas al procesamiento de materias primas, agregando valor a la producción local y ampliando las oportunidades de empleo.

Maiulini explicó que existen diferentes esquemas para financiar este tipo de obras. Mientras algunos países históricamente recurrieron a inversiones públicas para construir gasoductos, actualmente varios proyectos son desarrollados mediante iniciativas privadas respaldadas por contratos de largo plazo con los futuros usuarios de la infraestructura.

Si bien el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis y planificación, los estudios realizados identifican una importante cartera de inversiones potenciales para toda la región. Los escenarios de mayor integración energética estiman proyectos por hasta USD 25.000 millones, con desembolsos que podrían alcanzar USD 5.000 millones anuales en infraestructura relacionada con el transporte y aprovechamiento del gas natural.

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