La joven Analía Rodas se encuentra desaparecida desde noviembre del 2020, por lo que su familia exige que busquen a la mujer y la Fiscalía investigue el caso. Hoy, el abogado de la familia, Diego Lansac, cuestiona que en la carátula de la carpeta fiscal aún figura como “hecho a determinar” luego de siete meses de que haya presentado la denuncia por desaparición de persona.
“Desde noviembre y hasta el miércoles en que recibí la carpeta fiscal para elaborar mi carta poder, la causa está como causa a determinar, ni siquiera está como persona desaparecida. Hablé con la fiscala general del Estado (Sandra Quiñónez), ella nos recibirá la próxima semana entre el lunes y martes. Desde noviembre esto y la carpeta fiscal no se movió tanto”, expresó Lansac.
El representante legal de la familia de la joven desaparecida valoró el apoyo de los medios de prensa para poder acceder a una reunión en la Fiscalía. Adelantan que luego se brindarán informaciones sobre posibles sospechosos de la desaparición de la joven.
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“Analía es una persona que actualizaba mucho sus estados en sus redes, pero lo llamativo es que después de un tiempo ya no lo hacía. Vamos a conversar con la fiscala Laura Ávalos porque aquí lo único que queremos saber es dónde está Analía”, manifestó el abogado.
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La mujer habría salido de su vivienda ubicada en San Antonio para ir hasta San Bernardino, pero desde ese día se desconoce su paradero. El representante legal de la familia Rodas pide que se forme un equipo de investigadores para seguir con el caso. “Vamos a conversar con la fiscala Laura Ávalos porque aquí lo único que queremos saber es dónde está Analía”, señaló Lansac.
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La comunidad ayoreo Totobiegosode cuenta con su primer abogado, tras jurar ante la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.
Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.
Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.
Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.
Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.
“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Metrobús: “No creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens”, afirma Preda
El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.
Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.
“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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Sobreseimiento definitivo
Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.
“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.
Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".
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Fiscalía allanó una vivienda en Luque en el caso de joven de 23 años desaparecido
El agente fiscal Jorge Escobar encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque, en el marco de la investigación por la desaparición de Bruno Rafael Ojeda Alfonsi, de 23 años de edad.
El procedimiento fue realizado anoche viernes con acompañamiento de agentes de la Comisaría 3.ª Central, personal del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
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Durante la intervención, los investigadores buscaban prendas de vestir que habría utilizado la persona desaparecida al momento de ser vista por última vez. Sin embargo, no fueron halladas las vestimentas pertenecientes al joven. En el lugar sí fueron incautadas cuatro prendas de vestir pertenecientes a un sospechoso, entre ellas pantalones tipo jeans y un pulóver azul, que presentaban manchas de origen a determinar.
Las evidencias fueron remitidas para análisis laboratoriales especializados a fin de establecer la naturaleza de las manchas y determinar si corresponden a sangre humana u otro elemento de interés para la investigación.
De acuerdo con los antecedentes, Bruno Rafael Ojeda Alfonsi fue visto por última vez en la madrugada del 24 de mayo de 2026, luego de salir de su vivienda ubicada sobre las calles Alto Paraguay casi Gumarelos, en el barrio Loma Merlo de Luque. La investigación continúa con la realización de diligencias que permitan determinar el paradero del joven y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
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