La coalición Juntos por los Bosques, que integra a más de 30 organizaciones ambientales, realizó este miércoles un urgente llamado a los tres poderes del Estado para intervenir de manera coordinada en la caótica situación de destrucción de la reserva natural San Rafael, ubicada entre Caazapá e Itapúa. Desde la nucleación llaman a las autoridades a cuidar el último fragmento del Bosque Atlántico en nuestro país.
El licenciado Óscar “Nacho” Rodas, director de la WWF Paraguay, denunció que en los últimos meses las actividades de degradación ilícita de los bosques se incrementaron en la reserva natural. Mencionó que desde Juntos por los Bosques luchan arduamente por velar por el cuidado de los recursos naturales de la reserva, la cual también es espacio de vida de 20 comunidades indígenas Mbya que decidieron vivir en aislamiento voluntario y regresar a la naturaleza.
“Nos preocupa porque estuvimos intercambiando información entre las organizaciones que forman parte de la coalición y encontramos que hay un problema de inseguridad física, jurídica y de derechos humanos. La reserva, desde el 2004, viene haciendo uso de cultivos ilícitos, incendios provocados y víctima de desmanes causados por personas desconocidas”, expresó Rodas en entrevista con La Nación.
El activista ambiental expresó que ahora volvió a ingresar un grupo de personas desconocidas en una propiedad de un ciudadano de origen japonés, ubicada en la zona sur y este de San Rafael, donde se cuenta con buena cobertura boscosa. Estos invasores procedieron a talar y quemar árboles, ejecutando la destrucción total de al menos 200 hectáreas hasta el momento.
“Hay otros habitantes de la zona que incluso denunciaron que recibieron amenazas por parte de este grupo, a quienes algunos se los ve armados y siempre destruyendo recursos ecológicos”, comentó.
Esta situación de zozobra motivó a la colación a escribir notas a todas las instituciones relacionadas y a los tres poderes del Estado para informar sobre la situación de riesgo de la integridad de la última reserva del bosque atlántico que hay entre Itapúa y Caazapá, la cual está totalmente protegida por convenios internacionales firmados por Paraguay y la cual no se puede dejar a su suerte, según afirmó.
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“Específicamente, solicitamos una intervención coordinada a los tres poderes del Estado, en el sentido de que esta es una cuestión de soberanía nacional y tiene aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial, donde jueces de Garantías deben actuar con sendas sentencias que castiguen a las personas para disuadir estas acciones tipificadas en la Ley 1.516 de 1.996 de delitos ecológicos”, expresó.
Por último, Rodas lamentó que actualmente ven la ausencia total del Estado, por lo que desde la sociedad civil se vieron obligados a formar una coalición para exigir a las autoridades la presencia activa, permanente y decidida en una zona abandonada y riquísima en recursos naturales.
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