Con presencia de la ministra superintendente de la Circunscripción Judicial de Itapúa y enlace de la Secretaría de Género, Carolina Llanes Ocampos, se habilitó la Unidad de Género en la sede del Poder Judicial de Encarnación. La habilitación se realizó en el marco del Plan Piloto de Desconcentración Territorial de la Secretaría de Género del Poder Judicial, con el objetivo de acercar sus funciones y asistencia técnica a magistrados, funcionarios y usuarios del sistema de justicia, y fortalecer el acceso a servicios especializados en el departamento.

La ministra resaltó el trabajo realizado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el acompañamiento del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) para dotar a cuatro circunscripciones judiciales, entre ellas Itapúa, de un plantel profesional y un espacio adecuado para recibir denuncias por violencia contra las mujeres, contra las niñas y violencia en general.

En ese sentido, señaló que la capacitación del personal será constante, mediante la articulación con la Secretaría de Género, con sede en la capital, a cargo de la doctora Silvia López Safi. Asimismo, explicó que las cuatro circunscripciones fueron seleccionadas para iniciar este proceso debido al alto índice de denuncias de violencia registrado en dichas jurisdicciones y adelantó que, de manera gradual, esta unidad será instalada en las demás sedes judiciales.

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En tanto, el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Miguel Ángel Vargas Díaz, brindó las palabras de bienvenida y expresó su deseo de que esta oficina constituya una puerta abierta para escuchar y responder ante situaciones de violencia, discriminación y abuso, protegiendo la dignidad y la igualdad.

A continuación, la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género, Silvia López Safi, realizó una exposición técnica sobre la Unidad de Género y el alcance de esta iniciativa de desconcentración territorial. Durante su intervención, destacó el trabajo interinstitucional que sustenta el proyecto y su aporte al fortalecimiento de la atención especializada.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la sociedad civil y la academia, con especial énfasis en el observatorio que promueve la transparencia y la visibilidad. También se refirió a las herramientas de protección, así como a la participación del Poder Judicial en las políticas públicas y en el Examen Periódico Universal.

Con la habilitación de la Unidad de Género en Encarnación, ya son cuatro las dependencias de este tipo habilitadas en el marco del proceso de desconcentración territorial. Las otras tres se encuentran en las circunscripciones judiciales de Central, Paraguarí y Alto Paraná.

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Vecinos de los barrios Virgen de Fátima y Tablada Nueva de Asunción presentaron una acción de amparo constitucional ante el Poder Judicial, contra frigoríficos de la zona, por el faenamiento de ganado bovino y operaciones conexas, alegando contaminación ambiental y riesgos a la salud. Se sumaron al pedido, algunas empresas.

Según explicación de los afectados, el amparo busca proteger los derechos constitucionales a un ambiente sano, a la salud, a la calidad de vida y a la integridad de las personas que viven, trabajan o estudian en estos barrios densamente poblados.

Los vecinos aseguran sufrir, desde hace años, olores nauseabundos, contaminación de arroyos, especialmente el Mburicao. Asimismo, la invasión de moscas y otros insectos, generando malestares como dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos y problemas respiratorios.

Aseguran que estos problemas están vinculados al faenamiento de ganado y a las actividades relacionadas con procesamiento de vísceras, graserías, curtiembres y quema de huesos, que se realizan en plena zona residencial, cerca de viviendas, escuelas y centros de salud.

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“La acción está basada en que estas actividades generan un daño ambiental continuo, acumulativo y de difícil reparación, que afecta a miles de personas y resulta incompatible con el carácter residencial de la zona y con los derechos constitucionales vigentes”, señala el documento. A esto se suma el peligro de incendios y fugas de gases tóxicos, como los ocurridos en 2021 y 2023.

A pesar de la prohibición vigente de circulación de camiones de ganado en pie en la zona (Ordenanza N° 197/25), las actividades continúan. Según el amparo, esto ocurre en un área donde el Estado está invirtiendo en proyectos de “corredor verde” y mejoras urbanas.

Los vecinos y organizaciones presentaron reiteradas denuncias y reclamos ante la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público. También se realizaron audiencias públicas en el Congreso Nacional (Cámara de Diputados) y en la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, hasta la fecha no se logró una solución efectiva ni un control técnico integral, continuo e independiente que detenga la contaminación y proteja a la población. Por eso recurrieron a la vía judicial.

Ante dicha situación, piden el cese de la faena de ganado y de todas las actividades conexas de los frigoríficos demandados. Suspender la circulación de camiones de transporte de ganado en pie por la zona. La mudanza definitiva de las instalaciones, con un plazo máximo de seis meses y el cierre de los establecimientos conexos que procesan subproductos animales (vísceras, huesos, grasas, etc.).

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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Inició para el paso de transporte en lastre, seguido por la circulación de buses de turismo y ahora para cruce de ciudadanos.

La habilitación del Puente de la Integra­ción, paso interna­cional que conecta la ciudad de Presidente Franco (Para­guay) con Foz de Iguazú (Bra­sil), continúa ejecutándose de manera gradual conforme al plan acordado con las autori­dades brasileñas.

El director de Migraciones, Jorge Kro­nawetter, explicó que la apertura por fases responde a la necesidad de no colap­sar la red vial de la zona y dar tiempo a la finalización de obras complementarias pendientes, aclarando que el tránsito pleno aún no cuenta con una fecha fija.

El pro­ceso de apertura progresiva comenzó con la autorización para el paso de transporte en lastre, seguido por la circula­ción de buses de turismo en horarios restringidos durante la temporada alta. Kronawe­tter precisó, en una comuni­cación con 780 AM, que desde la semana pasada se puso en marcha una tercera etapa enfocada en el tránsito veci­nal fronterizo. Para utilizar este cruce,

los ciudadanos de ambas nacionalidades deben pre­sentar de manera obligatoria la tarjeta que acredita su resi­dencia en los municipios limí­trofes. Respecto a las demoras para el libre tránsito, el funcio­nario aclaró que el Gobierno paraguayo siempre mantuvo la postura de permitir la circu­lación de todo tipo de vehícu­los. Sin embargo, admitió que el principal obstáculo del lado paraguayo radica en los retra­sos de infraestructura, especí­ficamente en la culminación del puente sobre el río Mon­day, una obra indispensable para encauzar el flujo pesado sin saturar el casco urbano de Presidente Franco.

Un segundo factor determi­nante ha sido la situación de las obras de acceso y control en el lado brasileño, lo que motivó a las cancillerías de ambos países a acordar una agenda de habilitación escalonada para no mantener inactiva la nueva infraestructura vial. De acuerdo con el titular de Migraciones, las autoridades binacionales tienen previsto realizar una segunda evalua­ción técnica de este esquema hacia finales de este año.

Por el momento, las autorida­des reconocen que la apertura parcial del Puente de la Inte­gración amortigua de forma limitada la congestión del his­tórico Puente de la Amistad. La expectativa de la Direc­ción Nacional de Migraciones se enfoca en avanzar progre­sivamente hacia un flujo más dinámico y masivo, siempre sujeto al avance de las obras complementarias y a las deci­siones que adopten de forma conjunta ambos gobiernos.

La solicitud es ante avance de la obra de duplicación de la ruta PY01, explicaron.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) solicitó el despeje de la franja de dominio de la ruta PY01, especialmente en las ciudades de Villa Elisa, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñemby y San Anto­nio. El pedido es con motivo del avance de las obras de duplicación y mejora de una de las principales vías del país. En la publicación de la cartera de obras se hace alu­sión a carteles comerciales, nichos, cruces y recordato­rios familiares. Los propie­tarios o quienes reconozcan alguno de estos elementos disponen de 30 días desde la fecha de la comunicación, es decir, este lunes 21, para coor­dinar su reubicación.

Para gestionar el traslado o retiro, los interesados pue­den comunicarse al What­sApp (0984) 968-931 o al correo electrónico consul­tas@rutasdelmercosur.com, canales habilitados para coordinar el procedi­miento correspondiente. El proyecto de duplicación de la ruta incluye la rehabilitación del pavimento, la adecuación de más de 20 intersecciones, la instalación de al menos 17 semáforos y la construcción de 35 paradas de ómnibus, además de nuevas calzadas, intercambiadores, pasarelas peatonales, variantes viales y la reconstrucción de al menos 7 puentes.

El corredor abarca 108 km desde Cuatro Mojones, en Asunción, hasta Quiindy, en el departamento de Para­guarí, y beneficiará directa­mente a más de 2.600.000 personas de Central y Para­guarí, mientras el Tramo 1, situado en el sector más próximo a la capital, será el primero donde se aplique este procedimiento. Actual­mente, se están llevando ade­lante diferentes labores para mantener la transitabilidad de la vía de manera óptima.