El Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, avanzan en un trabajo conjunto orientado a garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que se encuentren legalmente habilitadas, en el marco de una mesa técnica interinstitucional creada para coordinar acciones y definir mecanismos que hagan posible el ejercicio efectivo del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.

En este espacio, las instituciones analizan distintas alternativas, entre ellas la eventual instalación de mesas de votación en los centros de reclusión, evaluando las condiciones logísticas, de seguridad y de transparencia necesarias para asegurar un proceso electoral ordenado y conforme a la normativa vigente.

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Las autoridades coinciden en que la privación de libertad no implica la pérdida automática de los derechos ciudadanos, por lo que se busca identificar y remover las barreras operativas que impiden el ejercicio del voto de aquellas personas que mantienen este derecho conforme a la ley.

El trabajo conjunto permitirá establecer responsabilidades, procedimientos claros y mecanismos de coordinación que hagan compatible la organización electoral con la realidad de los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo así la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional en favor de una democracia más inclusiva.

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Sigue la campaña de vacunación contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial.

• HOY.COM.PY

El Ministerio de Salud informó que ya fue­ron administradas 1.219.204 dosis dentro de la Campaña Invierno 2026, que busca reforzar la protección de la población contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial. Las vacu­nas están disponibles de forma gratuita en vacunatorios habi­litados de todo el país.

A través del Programa Ampliado de Inmunizacio­nes (PAI), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recuerda que la campaña continúa vigente e insta a la ciudadanía a com­pletar los esquemas de vacuna­ción, especialmente los grupos con mayor riesgo de desarro­llar complicaciones por enfer­medades respiratorias.

Del total de dosis aplicadas, la mayor cantidad corres­ponde a la vacuna contra la influenza, con 1.138.305 apli­caciones registradas.

En el marco de la campaña también se aplicaron 50.564 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que brinda protección inmediata contra el virus respiratorio sincitial (VRS), principal cau­sante de bronquiolitis y neu­monía en lactantes. Aunque no es una vacuna, representa una estrategia para proteger a los bebés durante su primer invierno.

Asimismo, se administra­ron 26.272 dosis contra el neumococo, una vacuna que previene enfermedades como neumonía bacteriana, menin­gitis e infecciones invasivas graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades de base.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, fueron aplicadas 4.063 dosis de Spikevax LP.8.1 (Moderna), una vacuna monovalente de ARN mensajero actualizada, orientada principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar formas gra­ves de la enfermedad, como adultos mayores, embara­zadas, personal de salud y pacientes con enfermeda­des crónicas.

Las personas interesadas pueden consultar los vacu­natorios habilitados en todo el país a través de www.vacunate.gov.py. Las vacu­nas incluidas en la Campaña Invierno 2026 son gratuitas.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, realizó un informe en conferencia de prensa sobre el operativo Umbral 3.5 que se desarrolló entre la noche de ayer domingo y las primeras horas de este lunes, en el cual fueron trasladados más de 600 reos con condena firme del Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) a otros centros penitenciarios.

“Hoy queremos anunciar queremos anunciar la culminación del operativo Umbral 3.5, que es la continuidad del operativo 3.0, que consistió en la reconversión de la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú al nuevo Centro Nacional de Prevenidos”, informó el secretario de Estado.

“En la fecha de hoy y ayer domingo fueron trasladadas en total 618 personas privadas de libertad, tanto del Centro Nacional de Prevenidos a ‘Martín Mendoza’ de Emboscada, como de Ciudad del Este a la penitenciaría Centro de Reinserción Social de Minga Guazú”, agregó.

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“Este operativo conlleva el gran trabajo articulado, desde una política del Gobierno, a través del Consejo de Defensa Nacional, y tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas de la Nación con el Ministerio de Defensa, involucrados en estos operativos que ya nos tiene acostumbrados a esa coordinación entre las fuerzas y los resultados previstos”, resaltó Nicora.

En el marco de este trabajo conjunto “fueron empleados 24 ómnibus de traslado para este operativo, 420 agentes de la Policía Nacional, 182 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación y 137 funcionarios administrativos de seguridad del Ministerio de Justicia”, de acuerdo al informe del ministro de Justicia.

“Con este nuevo operativo podemos concluir que finalmente, tanto el Centro Nacional de Prevenidos como la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con personas procesadas y ya la penitenciaría regional de centro de reinserción Minga Guazú cuenta con casi el 90 % de su capacidad y en Martín Mendoza se encuentra ya a un 80 % de su capacidad. Con todos estos traslados que responden a un nuevo modelo de gestión penitenciaria, pero que se enmarca en los programas de seguridad del Gobierno nacional”, resaltó el ministro.

Puntualizó que el traslado de las personas privadas de libertad hace parte de la política e seguridad del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña. “Este resultado tiene para la ciudadanía mayor seguridad, mayor control, y también de esta forma, al reordenar el sistema penitenciario podemos ejercer de mejor manera los programas de reinserción social y también separar aquellos altos perfiles que no quieren reinsertarse a la sociedad con toda la fuerza y toda la firmeza del Estado paraguayo”, sentenció.

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Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.