El exministro Walter Bower planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución que consiguió en primera instancia. Específicamente el recurso judicial presentado ante la máxima instancia judicial fue promovido a fin de anular la decisión de la Cámara de Apelación, integrada por los jueces Cristóbal Sánchez, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández.

Estos magistrados anularon la absolución de culpa y pena del exministro del Interior Walter Bower y otras dos personas más, acusadas por hechos de tortura. Asimismo, el tribunal de alzada ordenó el reenvío del caso para que se realice otro juicio oral y público con otro tribunal juzgador.

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El 30 de diciembre del 2019, el Tribunal de Sentencia conformado por los magistrados Carlos Manuel Hermosilla, en calidad de presidente, Víctor Medina y Rossana Maldonado, quien votó por la condena; había resuelto absolver (por mayoría) de culpa y pena del delito de tortura a Bower, aOsvaldo Vera y Merardo Palacios.

De acuerdo al fallo del colegiado, no se han valorado correctamente las pruebas en el juicio oral por lo que corresponde que se vuelva a analizar el cúmulo de elementos que pesa sobre los acusados, refiere parte de la resolución del tribunal de alzada que dispuso que los tres procesados vuelvan a estar sentados en el banquillo de los acusados.

La apelación fue promovida por los agentes fiscales Fabián Centurión y Santiago González Bibolini, quienes no estuvieron de acuerdo con la absolución de los tres acusados y el día de hoy se hizo lugar a su pedido, anulando el fallo de primera instancia. Ahora en caso de que las defensas de los procesados no recurran a la Corte, el expediente deberá bajar para que otro Tribunal de Sentencia fije la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

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Antecedentes

El presente caso penal se inició en julio del 2000, es decir hace casi 21 años. Bower, Palacios y Vera fueron acusados por supuestamente haber torturado, en fecha 21 de mayo del 2000, al comisario Alfredo Cáceres y al oficial inspector Jorge López en sede de la Marina. Los responsabilizaron de un supuesto golpe contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.

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