Este sábado, un choque entre motocicletas se reportó sobre la ruta D027 en la ciudad de Julián Augusto Saldívar, donde uno de los conductores falleció en el instante y el otro luego de llegar al hospital de Guarambaré. A consecuencia del accidente fue afectada una tercera moto, en que iban una mujer y su hijo, quienes cayeron, pero resultaron ilesos.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de este sábado sobre la ruta D027. Los vecinos de las zona indicaron que no se trata de la primera vez que ocurre un accidente similar en el mismo sitio por la falta de iluminación. Se cuenta con imágenes cámaras de seguridad, pero no se logra ver como ocurrió el percance.

“Rescatamos el video donde se puede ver que uno de ellos iba a gran velocidad y ninguno de los conductores llevaba casco. Ambos venían con dirección contraria e impactaron de frente, por ese impacto otra moto cayó en el que iban una mujer con su hijo”, puntualizó la oficial Elizabeth Palacios, en entrevista con canal Trece.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Eudes Alfonso Araujo, de 28 años, que falleció en el instante y Édgar Alberto Centurión Segovia, de 40 años, quien falleció en el Hospital de Guarambaré. En tanto que, las otras dos personas involucradas fueron Alan Giovani Alcaraz Capdevila, de 22 años, quien viajaba acompañado por su madre Catalina Capdevila, de 43 años.

Se constató que estuvieron involucrados una motocicleta Motostar SK200 que era guiado por el joven de 28 años y una motocicleta Kenton GTS200 conducido por el hombre de 40 años. La tercera moto era de la marca Maruti HB110 Buzz en el que iban una mujer y su hijo. “Los otros dos involucrados fueron derivados al Hospital del IPS Ingavi para recibir atención médica”, indicó.

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El avión militar transportaba a más de un centenar de efectivos cuando cayó en una zona boscosa.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Al menos 69 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance el martes del siniestro atribuido por el gobierno a una aeronave “chatarra” donada por Estados Unidos. El avión Hércules fabricado en 1983 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones, según un balance oficial revisado a la baja el número de personas a bordo. El accidente aún en investigación dejó 57 militares heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes. Los campesinos sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.

El presidente izquierdista Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) de haber recibido un avión “chatarra” de Estados Unidos. “Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años”?, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto. El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de narcocultivos.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”. Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís.

El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina. Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, acompañado del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, y el ministro del Mades, Rolando de Barros Barreto, dieron los detalles de lo que fue la reunión del presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el municipio de Campo Grande, Mato Grosso, ayer domingo.

“Hubo una reunión privada de ambos jefes de Estado para avanzar en una coincidencia plena en que los resultados de la evaluación del Anexo C de la Itaipú Binacional tienen que ser mutuamente beneficiosos para ambos países, y en ese contexto instruyeron a los equipos técnicos y a los cancilleres avanzar en el menor tiempo posible”, expuso el jefe diplomático.

Señaló que se realizó una evaluación del Anexo C de la Itaipú con todos los elementos que tienen que ver con la binacional. Anunció que ambos mandatarios acordaron realizar visitas recíprocas y pidieron a los equipos de ambos gobiernos cerrar esta negociación en la brevedad posible.

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“Se ha acordado visitas recíprocas atendiendo la invitación del presidente Santiago Peña al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a visitar nuestro país, y al mismo tiempo, el presidente Santiago Peña visitará oficialmente la República Federativa de Brasil a invitación del presidente Lula”, informó en la conferencia de prensa.

Ramírez Lezcano también destacó las buenas relaciones diplomáticas y de amistad entre ambas naciones, lo que se refleja en un momento muy importante y muy positivo, de mutuo reconocimiento de los desafíos compartidos y una agenda sumamente amplia, constructiva y auspiciosa.

“En ese contexto puedo señalar que, durante este primer semestre, que además en el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur vamos a tener la cumbre de jefes de Estado, las visitas recíprocas se van a desarrollar durante este primer semestre para alcanzar los acuerdos que pretendemos y que estamos trabajando en ello para que podamos concluir las negociaciones del Anexo C de Itaipú”, detalló el canciller.

Por su parte, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, resaltó que estas negociaciones están avanzando y durante la reunión que se dio entre ambos mandatarios se discutieron los aspectos técnicos, “no con mucha profundidad” teniendo en cuenta que se dio en un contexto de una COP 15, y el abordaje de otros temas de las relaciones bilaterales.

“Hay una convergencia de ideas, hay una visión compartida entre los presidentes, tenemos que hacer el esfuerzo los equipos técnicos de bajar al decimal, muchas veces preguntan por qué se demoran tanto, porque a veces cuesta bajar esa visión compartida al decimal, a la letra fina”, explicó.

Agregó que el Gobierno está trabajando “con estrategia, con previsibilidad, con armonía con nuestros socios brasileños en esto que tiene que ser el objetivo de la Itaipú que es motor de desarrollo para los países”.

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La Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, acompañado de su equipo técnico.

Durante la sesión, las autoridades del ente previsional respondieron a observaciones formuladas en el marco de la auditoría realizada por la Contraloría. El titular del IPS señaló que dicha auditoría fue solicitada por la propia institución tras su asunción, ante la detección de problemas administrativos que requerían una evaluación integral.

La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, indicó que el informe presenta un dictamen con salvedades. Entre las principales observaciones se mencionan pagos de bonificaciones por G. 3.471 millones que superaron lo establecido en la normativa vigente, así como la asignación de beneficios a funcionarios de alto rango que no correspondían.

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También se detectó el ejercicio de funciones por parte de profesionales de la salud sin habilitación vigente, quienes percibieron remuneraciones en contravención a las disposiciones institucionales.

Desde el IPS, la directora de Recursos Humanos, Diana Giménez, informó que se realizaron ajustes en los pagos y procedimientos administrativos. Asimismo, se suspendieron ciertos beneficios hasta contar con dictámenes vinculantes y se iniciaron procesos de revisión interna.

En relación con otras observaciones, se reportaron auditorías internas y sumarios administrativos por casos de reposos médicos falsificados. En situaciones de faltas graves, se aplica la desvinculación de contratados o la instrucción de sumarios para funcionarios permanentes, conforme a la normativa.

El informe también refiere acerca de irregularidades como pagos fraccionados de subsidios, falta de registro en el sistema SINAR, omisión en la publicación de remuneraciones, inconsistencias en contrataciones y pagos sin respaldo documental.

En el área asistencial, se identificaron limitaciones en la cobertura de servicios, escasez de profesionales en algunas especialidades y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades atribuyeron estas situaciones a factores como reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias, señalando que se trabaja en el fortalecimiento del sistema.

Finalmente, la Contraloría informó que continúan las auditorías en distintas áreas del IPS y que se prevé la presentación de un informe ampliado en los próximos meses, instando a la institución a reforzar sus mecanismos de control interno.

Seguidamente, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral recibieron a los viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron sobre observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Posteriormente, el senador Dionisio Amarilla, en consulta con los miembros de la comisión, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10:00, a fin de recibir a Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Viviana Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

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