La fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación por acoso sexual en la popular cadena televisiva Caracol, un caso que hizo eco en otros medios y destapó un “Me Too” en el periodismo colombiano. Caracol anunció el mismo día la salida de dos periodistas y presentadores de su noticiero denunciados por presunto acoso sexual. Se trata del principal conductor de la edición nocturna del noticiero con más rating del país, Jorge Alfredo Vargas, y el subdirector y reconocido reportero de deportes, Ricardo Orrego.

Con el escándalo, decenas de mujeres que trabajaron en ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria. Más de cien mujeres periodistas señalaron en una carta al director del sistema de medios públicos, Hollman Morris, de intimidar a la activista por los derechos humanos Lina Castillo, que lo denunció en redes sociales por abuso sexual en 2019, cuando el político era concejal de Bogotá.

Morris, que conforma el círculo de confianza del presidente izquierdista Gustavo Petro, acusó a la mujer ante la justicia por supuesta injuria y calumnia, en un proceso que la fiscalía comenzó a investigar en 2023. El ente acusador informó que asignará a una nueva fiscal especializada en género para tratar este caso en el que Morris aparece como víctima.

Las denuncias generaron una ola de comentarios en las redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que se volvieron virales. Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha conseguido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.

Decenas de periodistas colombianas han denunciado en los últimos días casos de abuso sexual por parte de compañeros y jefes de trabajo, un movimiento que se hizo viral en redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. El viernes pasado, la famosa cadena Caracol anunció la activación de “protocolos legales” contra dos de sus periodistas y presentadores de su noticiero por presunto acoso sexual. Tras el anuncio, decenas de mujeres de ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria.

Una carta, firmada por más de 40 mujeres periodistas, también señala al director del canal público RTVC, Hollman Morris, por intimidar a una periodista que lo denunció por abuso sexual en 2019. Miles de mujeres se solidarizaron con las víctimas con mensajes de apoyo en redes sociales.

“Quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal”, denunció en X Juanita Gómez, periodista de la revista Semana que trabajó para Noticias Caracol, sobre una agresión de la que fue víctima en 2015.

Se ha creado un correo electrónico para recibir denuncias de forma confidencial y segura para las víctimas. “Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor”, dijo el domingo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a la emisora Blu Radio en medio del escándalo.

El grueso de las acusaciones también incluye omisión y encubrimiento a los agresores por parte de otros trabajadores. “Muchos conocen quiénes son. En el mismo canal, desde abajo hasta arriba, saben lo que esos y otros personajes han hecho a varias mujeres”, dijo en X Mónica Rodríguez, expresentadora de un programa de variedades emitido por Caracol.

El canal no ha hecho públicos los nombres de los denunciados, aunque circulan versiones en redes sociales. Colombia cuenta con un fuerte movimiento feminista por los derechos de las mujeres, que luchó y logró la despenalización del aborto en 2022.

Fuente: AFP.

Una comitiva fiscal y policial lleva a cabo un allanamiento en un depósito ubicado sobre la calle Azara de la ciudad de Asunción, en el marco de la investigación iniciada tras el asalto tipo comando perpetrado en la ciudad de Luque por un grupo de delincuentes para apoderarse de equipos electrónicos que eran transportados en dos camiones.

Los intervinientes están en busca de los integrantes de la organización criminal, evidencias y manejan información de que en el lugar pudo haber sido guardado parte de los equipos robados el 12 de marzo de vehículos que acababan de salir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con destino a Ciudad del Este.

Los delincuentes estaban fuertemente armados, encapuchados y con chalecos alusivos que utiliza la Policía Nacional. Los camiones transportaban mercaderías por unos USD 360.000, pero el monto de los equipos sustraídos ascendería a aproximadamente USD 200.000, según reporte de la 1020 AM.

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El hecho se registró en la mañana del 12 de marzo sobre la autopista Silvio Pettirossi, a la altura del portón n.° 2 del parque Ñu Guasu. Los integrantes de la banda se desplazaban en una camioneta de la marca Chevrolet, modelo Tracker, y en un automóvil.

Los delincuentes interceptaron los dos camiones, ambos de la marca Mitsubishi, modelo Canter, y se apoderaron de parte de las computadoras que debían llegar hasta la capital de Alto Paraná. Durante el asalto, uno de los conductores fue tomado de rehén por los malvivientes y posteriormente liberado en zona de Capiatá.

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El avión militar transportaba a más de un centenar de efectivos cuando cayó en una zona boscosa.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Al menos 69 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance el martes del siniestro atribuido por el gobierno a una aeronave “chatarra” donada por Estados Unidos. El avión Hércules fabricado en 1983 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones, según un balance oficial revisado a la baja el número de personas a bordo. El accidente aún en investigación dejó 57 militares heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes. Los campesinos sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.

El presidente izquierdista Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) de haber recibido un avión “chatarra” de Estados Unidos. “Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años”?, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto. El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de narcocultivos.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”. Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís.

El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina. Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Departamento de Mapeo Criminal de la Policía de Alto Paraná informó sobre la detención de un ciudadano brasileño con orden de prisión en su país, emitida por el tribunal de justicia del estado de Goiás, República Federativa del Brasil. Se trata de Honassis Vieira Morais de Assunción (37), quien es buscado por intento de homicidio

La aprehensión se concretó ayer a la tarde en la vía pública del Km 10 Acaray, a unos 3 mil metros de la Ruta PY 02, en una vivienda de inquilinato de muralla alta. La orden de prisión fue emitida en junio de 2024 y se sospecha que, desde ese tiempo, el brasileño habría pasado a Paraguay con otro documento.

El hombre presentó documento apócrifo, que tras una revisión inicial, no registraba ningún antecedente, pero al ser verificado en territorio brasileño a través del Comando Tripartito, se detectó su identidad real y la orden de prisión en Goiás.

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El proceso de detención se inició con datos de inteligencia que indicaban la presencia de una persona sospechosa en el lugar y a raíz de eso se montó vigilancia en las adyacencias. Había llamado la atención que se mantuviera dentro de la vivienda y solo saliera regularmente hasta el frente de la vivienda para recibir apoyo logístico, sin conocerse la actividad a la que se dedicaba.

En una de las salidas a la vereda fue abordado ayer por agentes policiales, quienes le pidieron sus documentos y el brasileño entregó un registro general a nombre de Flavio Otaviano Da Silva. Fue trasladado a la Dirección de Policía y una vez verificado el documento se encontró que tenía características apócrifas.

Ante esto, fueron solicitados informes a la Policía Civil y la Policía Militar del Brasil, siendo descubierta la identidad real y la orden de captura existente sobre la persona demorada por los agentes policiales, quienes proporcionaron todos los datos correspondientes al mismo.

Fue trasladado a la Dirección de Policía y el caso quedó a cargo del Ministerio Público. Sería expulsado esta misma tarde y entregado a la Policía Federal de Foz de Iguazú, Brasil.

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