La deuda del Estado con dos sectores, vialeras y farmacéuticas, ya ascienden a más de USD 1.000 millones, gran parte de estas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, la mayor parte por intereses generados por los retrasos.

En el programa Fuego Cruzado del canal GEN, representantes de las cámaras de ambos sectores dieron detalles sobre el estado de estas deudas por parte del Gobierno.

Gustavo Masi, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que la deuda con la industria de la construcción parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Cerramos el 2025 con 250 millones de dólares de deudas en certificados y 110 millones de dólares en deudas en intereses atrasados, lo que totalizó la deuda en 360 millones de dólares”, mencionó.

Mencionó además que “la deuda se genera a partir del no pago de los certificados, es importante aclarar que a principios del 2025 se dio un fenómeno atípico, lo que estábamos acostumbrados a recibir del plan de caja mensualmente a partir de febrero del 2025 sufrió un declive importante”.

Con respecto a los montos que corresponden a los intereses, argumentó que es un reclamo legítimo que tiene la industria, atendiendo a que está establecido en todos los contratos, “que en el caso del no pago de parte del Gobierno se establecen una tasa de interés como en cualquier situación se requiere”.

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Explicó que “se hizo una salvedad, cuando ingresó el nuevo Gobierno existía una deuda muy fuerte con la industria de la construcción, ellos a principio del 2024 salieron a emitir bonos y honraron una parte importante de esa deuda y una vez que se paga el capital se está habilitado a facturar los intereses, porque hasta ese momento siguen corriendo los intereses porque hasta la fecha efectiva del pago”.

Agregó que con eso “se totalizó una deuda de 110 millones que nosotros venimos reclamando desde el principio del 2024, los intereses, y en la actualidad, una vez que honren los 250 millones de dólares se estará hablando de una nueva cifra de intereses por el retraso que se está generando, son 50 millones de dólares aproximadamente más, 160 millones de dólares en intereses, más los 250 millones, que llegarían a los 450 millones aproximadamente”.

Eso solamente para el Ministerio de Obras Públicas, “eso es muy bueno aclarar, estamos cerrando la deuda total, pero estamos hablando de una deuda en torno entre los 500 a 600 millones de dólares con el sector de la construcción de parte de todas las entidades contratantes, llámese Essap, EBY, Ande, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que también llevó adelante cierto tipo de construcciones que hasta hoy día no fueron honrados”, de acuerdo a las explicaciones de Masi.

En el MOPC existe una deuda de 350 millones de dólares y entre los otros entes del Estado, aproximadamente 200 millones de dólares más.

Por su parte, la representante de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, indicó que el Ministerio de Salud Pública no solo adeuda por medicamentos, sino también por otras contrataciones de servicios en todo lo que es equipamientos, análisis clínicos, laboratoriales, el mantenimiento de esos equipamientos para los equipos de diagnósticos.

“Si vamos a hablar de la deuda global, porque todos los gremios ya estamos trabajando juntos para poder cobrar, está en más de 1.000 millones, hoy vamos a tener el número real porque en la última reunión que tuvimos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos nos ha pedido que podamos elaborar un documento por objeto de gastos y de todo lo que sería por ejecutar, que son las facturas ingresadas ya al Ministerio de Salud en espera de cobro y las facturas que en teoría van a ejecutarse durante todo el año 2026”, detalló.

Indicó que actualmente, con el corte de marzo de este año la deuda estaba en USD 1.027 millones, sin embargo, se está compilando todos los datos que nos mandaron los presidentes de todas las otras cámaras. “Finalmente creo que va ser un poco más y eso queremos presentar mañana en la mesa de trabajo que se conformó en la Cámara de Senadores con la Comisión de Salud para que ellos también puedan ayudarnos a legar a una solución”, agregó.

Coincidió que estas deudas, “hay una parte heredada, porque hay expedientes que ingresan para ser cobrados en el Ministerio de Salud y los contratos por ejecutarse, es decir, si hay un contrato de 100, se ejecuta 50 queda 50 para que vayan saliendo las ordenes de compra de acuerdo a la necesidad y el consumo, eso no se tuvo en la administración anterior”.

Asimismo, explicó que “cuando el gobierno de Santiago Peña asume, el ministro Fernández Valdovinos pide el corte administrativo para poder hacer la emisión de bonos no se le tuvo en cuenta a los contratos que estaban terminando de ejecutarse y quedó un saldo de 260 millones de dólares, se pagó 300 millones de dólares, quedó un saldo de 260 millones que se pasó para el presupuesto del 2024, se pagó por el presupuesto de salud del 2024, quedó otro monto y así sucesivamente se fue arrastrando y terminamos con más de 800 millones de dólares”.

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El proyecto “Rompiendo cadenas: efectividad de estrategias innovadoras para contribuir a la eliminación de la tuberculosis, VIH y otras ITS en poblaciones vulnerables de Paraguay” fue adjudicado con un financiamiento de G. 9.500.000.000 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La iniciativa es liderada por la doctora Gloria Aguilar, en conjunto con un equipo orientado a generar soluciones innovadoras con impacto directo en la salud pública nacional.

El proyecto tiene como eje central la implementación de una estrategia digital innovadora basada en un chatbot, integrado a plataformas de uso cotidiano como WhatsApp.

Esta herramienta permitirá ofrecer orientación, responder dudas frecuentes, brindar información confiable y acompañar procesos preventivos y terapéuticos durante varios meses.

Con la iniciativa se generará un vínculo más cercano, continuo y privado con los usuarios, especialmente en temas sensibles como la salud sexual y las enfermedades infecciosas.

El proyecto prioriza dos grupos poblacionales estratégicos, que son los jóvenes de Asunción y el Área Metropolitana, y personas adultas que viven con VIH y presentan dificultades en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Esta selección responde a criterios epidemiológicos y sociales, considerando tanto la necesidad de adaptar los canales de comunicación a los hábitos reales de los jóvenes, como la importancia de fortalecer el acompañamiento en pacientes que enfrentan barreras sostenidas para mantener sus tratamientos.

El proyecto “Rompiendo cadenas” incorpora un enfoque basado en derechos humanos y equidad en salud, lo que implica garantizar confidencialidad, respeto por la autonomía, consentimiento informado y un lenguaje no discriminatorio, evitando cualquier forma de estigmatización asociada a la enfermedad, la sexualidad o las condiciones socioeconómicas.

La investigación también contempla el abordaje de la tuberculosis en contextos de alta vulnerabilidad, como los establecimientos penitenciarios. En estos espacios, condiciones como el hacinamiento, la ventilación insuficiente y las dificultades para sostener tratamientos completos favorecen la transmisión de la enfermedad.

El chatbot busca reducir la dificultad de dar el primer paso, que es animarse a consultar, por lo que, al ofrecer un canal confidencial desde el teléfono personal, el proyecto facilita el acceso a información sin exposición inicial, lo que puede dar paso a una mayor predisposición al testeo temprano y al inicio oportuno del tratamiento.

Detectar antes implica tratar a tiempo, cortar cadenas de transmisión y reducir complicaciones tanto individuales como colectivas. La doctora Gloria Aguilar explicó que la innovación no consiste en reemplazar el vínculo humano en salud, sino en abrir una puerta más accesible, confidencial y cercana para personas que muchas veces quedan fuera del sistema.

Con esta iniciativa, Paraguay avanza hacia un modelo de salud más inclusivo, preventivo y centrado en las personas, incorporando tecnología con sentido social para enfrentar desafíos sanitarios persistentes.

Este sábado, un choque entre motocicletas se reportó sobre la ruta D027 en la ciudad de Julián Augusto Saldívar, donde uno de los conductores falleció en el instante y el otro luego de llegar al hospital de Guarambaré. A consecuencia del accidente fue afectada una tercera moto, en que iban una mujer y su hijo, quienes cayeron, pero resultaron ilesos.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de este sábado sobre la ruta D027. Los vecinos de las zona indicaron que no se trata de la primera vez que ocurre un accidente similar en el mismo sitio por la falta de iluminación. Se cuenta con imágenes cámaras de seguridad, pero no se logra ver como ocurrió el percance.

“Rescatamos el video donde se puede ver que uno de ellos iba a gran velocidad y ninguno de los conductores llevaba casco. Ambos venían con dirección contraria e impactaron de frente, por ese impacto otra moto cayó en el que iban una mujer con su hijo”, puntualizó la oficial Elizabeth Palacios, en entrevista con canal Trece.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Eudes Alfonso Araujo, de 28 años, que falleció en el instante y Édgar Alberto Centurión Segovia, de 40 años, quien falleció en el Hospital de Guarambaré. En tanto que, las otras dos personas involucradas fueron Alan Giovani Alcaraz Capdevila, de 22 años, quien viajaba acompañado por su madre Catalina Capdevila, de 43 años.

Se constató que estuvieron involucrados una motocicleta Motostar SK200 que era guiado por el joven de 28 años y una motocicleta Kenton GTS200 conducido por el hombre de 40 años. La tercera moto era de la marca Maruti HB110 Buzz en el que iban una mujer y su hijo. “Los otros dos involucrados fueron derivados al Hospital del IPS Ingavi para recibir atención médica”, indicó.

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El avión militar transportaba a más de un centenar de efectivos cuando cayó en una zona boscosa.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Al menos 69 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance el martes del siniestro atribuido por el gobierno a una aeronave “chatarra” donada por Estados Unidos. El avión Hércules fabricado en 1983 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones, según un balance oficial revisado a la baja el número de personas a bordo. El accidente aún en investigación dejó 57 militares heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes. Los campesinos sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.

El presidente izquierdista Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) de haber recibido un avión “chatarra” de Estados Unidos. “Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años”?, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto. El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de narcocultivos.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”. Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís.

El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina. Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.