El Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) impulsa una propuesta especial con miras a las celebraciones de mayo, invitando a la ciudadanía a adquirir piezas únicas elaboradas por manos artesanas de distintas comunidades del país.

La iniciativa pone a disposición lazos, pulseras y accesorios inspirados en los colores rojo, blanco y azul, como una forma de celebrar las fechas patrias con identidad y compromiso con la producción nacional. Las creaciones incorporan técnicas tradicionales como el ñandutí y el ao po’i, además de trabajos realizados por artesanas de la comunidad Maká.

Desde la institución destacaron que cada pieza refleja historia, creatividad y saberes transmitidos de generación en generación, al tiempo que representa una oportunidad concreta para apoyar el trabajo de las artesanas y fortalecer la economía local.

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En ese contexto, el IPA invita a la ciudadanía, así como a empresas e instituciones, a sumarse a esta propuesta mediante la adquisición de productos artesanales, como una forma de vestir los colores patrios y, a la vez, impulsar el desarrollo del sector.

Los pedidos pueden realizarse a través de WhatsApp al (0991) 740 833, mientras que para coordinar visitas de artesanas a instituciones o empresas, se encuentra habilitado el número (0986) 197 666, de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 15:00.

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Cada 6 de enero, el Día de los Reyes Magos se vive en Paraguay como una jornada de regalos, juegos y sonrisas infantiles. Sin embargo, detrás de esta tradición persiste una realidad que interpela a la sociedad: miles de niñas, niños y adolescentes no celebran ni juegan, porque siguen atrapados en la práctica del criadazgo, una forma de trabajo infantil doméstico aún naturalizada en el país.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, organizaciones de la sociedad civil realizaron una activación simbólica que llamó la atención por su fuerte carga visual y emocional.

La intervención simuló una promoción de juguetes, con cajas que replicaban la estética de un producto infantil. No obstante, al abrirlas, el mensaje era otro: jornadas extensas, silencio, desarraigo, daños físicos y emocionales, y la ausencia de derechos básicos como la educación, la salud, la protección y la recreación.

La acción buscó generar una pausa reflexiva en una fecha emblemática. “La idea fue detenernos en medio de un día marcado por los regalos, para pensar en las infancias que hoy no están jugando ni celebrando. Porque mientras algunos niños reciben juguetes, otros continúan trabajando en casas ajenas, lejos de sus familias”, explicó Marta Benítez, directora de Global Infancia.

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El criadazgo implica el traslado de niñas, niños y adolescentes, en su mayoría provenientes de zonas rurales o en situación de pobreza, a hogares de terceros, donde realizan tareas domésticas a cambio de comida, techo o la promesa de acceso a la educación.

Aunque suele presentarse como un “acto de ayuda” o una “costumbre cultural”, la práctica expone a estas infancias a situaciones de abuso, explotación, aislamiento familiar y abandono escolar, con consecuencias profundas y duraderas.

Según la última Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, realizada en 2011, al menos 47.000 menores se encontraban en situación de criadazgo en Paraguay. La falta de datos actualizados agrava el problema, ya que dificulta el diseño y la implementación de políticas públicas efectivas para su erradicación.

“Esta campaña busca interpelar y recordar que el juego también es un derecho, y que junto a muchos otros se les está privando a niñas y niños en situación de criadazgo”, sostuvo Cynthia Florentín, directora de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

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Durante la jornada, la intervención generó reacciones de impacto entre quienes transitaban por el lugar. El espacio incluyó instancias de sensibilización e interacción, donde las personas pudieron dejar mensajes y compromisos en favor de una infancia libre de criadazgo.

La acción se enmarca en el proyecto Mombyry che tapyigui: Abordaje integral del criadazgo, impulsado por Global Infancia, Enfoque Niñez, Fundación Buen Pastor y la CDIA, con el apoyo de la Unión Europea. La iniciativa apunta a erradicar esta práctica mediante la concienciación ciudadana, la generación de información y el fortalecimiento de las políticas públicas.

En un día que celebra la ilusión y la magia, la campaña recuerda que ninguna tradición puede justificar la vulneración de derechos, y que el verdadero regalo pendiente para miles de niñas y niños en Paraguay es una infancia protegida, libre y con oportunidades.

Un tribunal argentino fijó para el 17 de marzo de 2026 el comienzo del nuevo juicio sobre la muerte de Diego Maradona, tras la bochornosa suspensión del primer proceso en mayo de este año, según la resolución judicial compartida el miércoles a la AFP.

El primer juicio en San Isidro, en el norte de Buenos Aires, fue anulado luego de que una de las juezas fuera apartada del caso por participar en un documental no autorizado del propio proceso.

El escándalo concluyó con la renuncia de los otros dos magistrados que integraban la corte.

En su resolución de este miércoles, el tribunal de San Isidro convocó a las partes a una audiencia preliminar el 12 de noviembre “para el tratamiento y admisión de la prueba ofrecida”.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras estaba en internación domiciliaria donde se recuperaba de una neurocirugía.

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Ocho miembros del equipo médico del astro futbolístico están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

En este proceso se juzgará a siete acusados mientras que la restante, una enfermera, enfrentará un juicio separado.

La defensa de una de las acusadas, la psiquiatra Laura Cosachov, había pedido anular el nuevo juicio por considerar que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

L tres nuevos jueces rechazaron en su resolución el planteo de la prohibición de doble juzgamiento.

En el primer juicio se buscaba determinar la responsabilidad del equipo médico en la muerte del Maradona.

A lo largo de ese proceso se puso en cuestión tanto las condiciones como la pertinencia de atender al exfutbolista en su residencia en Tigre, una localidad cercana a San Isidro, luego de la operación por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

Varios médicos declararon al inicio del proceso que la habitación donde murió Maradona “estaba muy sucia, muy desordenada” para una persona recién operada y carecía de desfibrilador, entre otros equipos médicos.

La jueza removida de su cargo es Julieta Makintach, que participó en filmaciones de un documental sobre el juicio por la muerte del “Diez” que iba a titularse “Justicia divina”.

Makintach quedó expuesta mediáticamente y las tomas del documental fueron difundidas en los medios argentinos sin parar durante días. La aventura cinematográfica le valió un pedido de juicio político que comenzará este jueves.

• Fuente: AFP

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El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observa­torio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últi­mos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que ame­rita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.

Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últi­mas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el fla­gelo continúa siendo una gran preocupación.

El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estran­guló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.

Otra triste realidad es que los casos de abu­sos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es impor­tante prevenir desde el hogar. Los profesio­nales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chi­cos que nadie les puede tocar en las zonas pri­vadas de su cuerpo.

Aunque parezcan mensajes repetitivos y gas­tados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son funda­mentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compro­miso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.

Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministe­rio Público, a través de las oficinas de denun­cias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adqui­riendo con el desarrollo personal.

El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron repor­tadas 1.136 causas en la Fiscalía.

El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presun­tos agresores tiene entre 18 a 29 años, mien­tras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que tam­bién se trata de menores de edad.

Otros datos igual de hirientes que propor­ciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.

Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud men­tal que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.

Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.

La tarea no es fácil, desde luego; se torna com­pleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.

El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recupe­ración de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visi­bles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.