El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, expresó nuevamente su preocupación por un grupo de adultos mayores que presuntamente fueron abandonados frente a la institución por el dirigente social de Canindeyú, Elías Cabral, a quien acusó de adoctrinarlos con el fin de que presionen por reclamos que no contempla la ley 7322/2024 de pensión universal.

“Es muy preocupante para nosotros porque vemos que se encuentran expuestos a situaciones peligrosas, están apostados ahí hace dos meses o más. Esta es una cuestión que no se puede interpretar, creo que están con una actitud totalmente distorsionada y manipulada por una persona que les tiene y trata como soldados, les adoctrina y fanatiza con sus ideas que colisionan tremendamente con la ley”, comentó el titular del MDS, este miércoles, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Entre los reclamos se encuentra el pago inmediato de la pensión para las personas de 65 años de edad así como el aumento de la pensión al 100 % del salario mínimo. “Ellos están entorpeciendo la normal circulación de las personas, cierran el acceso a la institución que recibe un promedio de 2.000 personas semanalmente que van a hacer trámites de diferentes índoles, ya que manejamos entre 6 a 7 programas sociales. Exigen cosas que deben ser establecidas mediante una modificación de la ley y también se debe contar con con disponibilidad financiera”, sostuvo.

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Rojas acotó: “Ellos se vuelven incluso agresivos, tienen actitudes de rebeldía contra otras personas. Ahora el caso está en instancias judiciales esperando que se pueda dar alguna solución porque consideramos que la presencia de los mismos al frente del ministerio representa un riesgo enorme”.

La situación de vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores ya fue expuesta por el ministro a finales del mes de abril, sin embargo, el grupo de adultos mayores conformado entre 25 a 30 personas se resiste a abandonar las veredas de la cartera.

“Uno de ellos incluso llegó a descompensarse y hoy está en una situación crítica en el Hospital de Clínicas, ellos no permiten que se le asista, aunque desde el Ministerio de Salud Pública se mantienen atentos para cuidarles en caso de que sea necesario. Ya hemos recurrido a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en estos días de frío para ofrecele asistencia, pero se niegan, ya hemos recurrido a la Defensoría del Pueblo para buscar una mediación e instalar una mesa de trabajo, pero también rechazaron”, recordó.

Con relación a Cabral, el alto funcionario de Estado expuso que “todo esto es encabezado por este señor, es una persona que se jacta de ser un militar frustrado, anda con una boina verde olivo y una campera con bandera paraguaya, les trata a estos adultos como soldados, les miente, se burla de ellos”.

Detalló que Cabral cuenta con el respaldo de otros dirigentes sociales como Rodrigo Piatti y Manuel Ferreira “quienes siempre andan recorriendo la zona del ministerio, reclamando cosas sin fundamentos. Estas personas se encuentran imputadas y entiendo que el próximo lunes 8 de junio será su audiencia de imposición de medidas. Como ministerio estamos proveyendo todas las documentaciones, los materiales audiovisuales y las denuncias de maltratos y agresiones hacia los funcionarios del ministerio y esperamos que se pueda demostrar que todo lo que hacen estas tres personas es irracional e innamisible”.

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El senador liberal Dionisio Amarilla denunció públicamente una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral. En su denuncia señala que supuestamente el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación.

El legislador presentó el memorándum remitido por la coordinadora de local y delegado electoral del TSJE, dirigido al Comité Liberal y representantes apoderados de los diferentes movimientos del PLRA, en el cual se presenta el Presupuesto de los gastos previstos para la jornada de las elecciones internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo,

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El líder político del movimiento Diálogo Azul, Lista 100, cuestionó que bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, alquiler de mesas, sillas y toldos, además de materiales como papel, bolígrafos, papeles higiénicos entre otros elementos, se estaría requiriendo una suma que totaliza G. 7.217.000, según detalla el documento.

Ante este requerimiento, Amarilla cuestionó además, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación. “Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.

El senador Amarilla también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores. “Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.

Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.

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Este viernes, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), realizó un recorrido sorpresivo por el hospital en el departamento de Caaguazú y recibió denuncias de las trabajadoras de limpieza. La empresa tercerizada desvinculó a la mujer que confesó cuánto gana y el monto por el que firma sus recibos de pagos.

El doctor Isaías Fretes, llegó hasta el quinto departamento y recorrió las instalaciones de la previsional donde recibió reportes de las trabajadoras, quienes denunciaron explotación laboral. Rechazó totalmente el pago menor al salario mínimo de las mujeres que son jefas de hogar.

Las trabajadoras de limpieza se acercaron al director y denunciaron que perciben un salario de G. 1.600.000 monto que no alcanza el salario mínimo de G. 3.150.000. “¿Por qué tiene que ocurrir esta irregularidad? El Paraguay hay que cambiar. Cómo una empresa va a lucrar a costa del prójimo", fueron las palabras de Fretes, tras la denuncia presentada por las mujeres.

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Al finalizar el recorrido, detalló que encontraron una irregularidad enorme que atenta contra las trabajadoras de limpieza de una empresa tercerizada. “Una mujer tuvo la valentía de denunciar inducida por mí. No pasaron 10 minutos y la señora estaba llorando en una esquina porque le echaron, pero eso ya se resolvió, le devolvieron el trabajo”, expresó.

Dijo además que repudia totalmente la injusticia y no acepta al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre. Se constató que las limpiadoras recibían transferencia de G. 1.700.000 y que firmaban sus recibos por sueldo mínimo. “No acepto al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre”, señaló.

Finalmente, resaltó que ya inició una auditoría interna contra esta firma y que buscarán esclarecer este sistema de injusto que se está teniendo contra estas mujeres trabajadoras. Aseguró también que ya encontraron ciertas inconsistencia en cuanto al pago de las mujeres y que seguirán con los trabajos para corregir el sistema.

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El principal sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, podría recuperar su libertad antes de que se inicie el juicio oral y público en su contra. El Tribunal de Sentencia a cargo del proceso penal aún no fijó una fecha para el inicio de la audiencia.

El acusado es B.S., quien actualmente tiene 18 años de edad. El próximo mes de julio cumplirá seis meses en prisión preventiva, por lo que podría ser excarcelado. El fiscal Fermín Segovia explicó al canal C9N que, en el caso de los adolescentes, se establece una revisión de la prisión preventiva a los seis meses para cualquier tipo de hecho punible. “La defensa podría solicitar medidas menos gravosas”, indicó.

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Ante este escenario, el joven podría abandonar la cárcel antes del arranque del juicio, el cual se postergó para inicios del mes de junio, según la información que maneja el Ministerio Público. Segovia recordó que la Fiscalía formuló la acusación contra el adolescente el pasado mes de noviembre. Desde ese momento se aguarda el debate público, trámite que sigue pendiente.

Independientemente de la gravedad del crimen, B.S. no podrá ser condenado a más de ocho años de prisión. El agente fiscal reiteró que el procesado será juzgado bajo la responsabilidad penal de la adolescencia, debido a que era menor al momento del hecho.

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