La comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.

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La Cámara de Senado­res oficializó la desig­nación de los legis­ladores que integrarán la comisión especial de inves­tigación encargada de inda­gar presuntos actos punibles de corrupción detectados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministe­rio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

A través de la Resolución N.º 2944, firmada ayer 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará con­formado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego Gonzá­lez y Esperanza Martínez de Portillo. La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.

Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cum­plimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolu­ción N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa. Con la conformación defi­nida, la comisión especial queda habilitada para ini­ciar las tareas de investiga­ción, seguimiento y esclareci­miento de las irregularidades detectadas en ambas institu­ciones sanitarias.

La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judi cial que inves­tiga irregularidades y aden­das en contratos adjudica­dos a la firma Neighpart SA para la instalación de qui­rófanos modulares que no se concluyeron. De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la pre­visional. El caso derivó en la imputación de los expresi­dentes del IPS Jorge Brítez y Vicente Bataglia.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Con­trataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Mar­celo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Asimismo, el informe y dicta­men sobre las finanzas públi­cas correspondiente al año 2025 realizado por la Contra­loría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado para­guayo debido a la gran canti­dad de irregularidades.

Entre los casos detectados por la Contraloría que luego debe­rán ser remitidos al Ministe­rio Público figuran, por ejem­plo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue adver­tida y la utilización de cuen­tas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Basilio Núñez.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, brindó algunos detalles de lo que plantea el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027, que fue presentado en la jornada del martes ante el Congreso Nacional. Se tiene previsto un incremento importante en el gasto en obras públicas, además de un ordenamiento en las erogaciones por las deudas con el sector de las farmacéuticas.

En la visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el secretario de Estado precisó que aumento en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es del 34 %, respondiendo a las necesidades de solventar las construcciones en marcha, como así también las que están previstas para iniciar en el próximo año.

“El proyecto que presentamos pasa de un presupuesto aprobado de USD 738 millones, que es lo que tenía este año, por más que estemos haciendo ajustes para poder responder a los atrasos, pasa a un presupuesto de USD 1.000 millones aprobado, que es básicamente el número que naturalmente siempre hablamos”, citó.

Hizo especial mención a la cartera de viviendas sociales que posee el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). “Estamos sosteniendo todo lo que hace a viviendas sociales a través del MUVH, estamos hablando de más de USD 130 millones”, manifestó.

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Con relación a la cuestión de la salud, el secretario de Estado recordó que, a través de la herramienta de cesión de deuda, se cerró un pago de USD 394 millones a las farmacéuticas. De esta manera, ahora el Estado debe desembolsar alrededor de USD 11 millones de manera mensual a bancos que tomaron el pasivo de los proveedores. Amplió explicando que ese gasto representa una línea en el presupuesto, mientras que otra corresponde al remanente.

Finalmente, un tercer espacio significa el monto anunciado días atrás, de USD 760 millones, para la compra de medicamentos; es decir, en el proyecto se discriminan los gastos, no como ocurre en el presupuesto vigente, de USD 500 millones, del cual se utilizó dinero para el pago de obligaciones atrasadas.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, abogó por una solución rápida a las exigencias del gremio médico del sistema de Salud Pública. Mientras tanto, también se mostró a favor de la carrera sanitaria o carrera médica, para establecer mecanismos claros de remuneración en base a la formación.

“Tiene que haber un planteamiento en la brevedad que tiene que tener las siguientes características, porque hay cuatro puntos, la doble remuneración por feriado, la contratación de más médicos, la desprecarización y los insumos siempre se pueden mejorar”, dijo en rueda de prensa antes del inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, este lunes.

Agregó que: “Hay un planteamiento de desprecarización, sé que están planteando con buenos ojos la doble remuneración, el desafío es hacer un acuerdo con la cuestión salarial”, para establecer como propuesta al sector médico movilizado.

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Mientas tanto, también expresó su postura a favor de reorganizar el sistema de salud público, haciendo referencia a la carrera médica o sanitaria que plantea el Ministerio de Salud Pública.

“Creo que debe haber un planteamiento, que por un lado contemple el salario médico básico, que es lo que ellos están exigiendo y que a su vez se plantee mecanismos claros de mejoramiento de la remuneración en base a la formación del médico, creo que tiene que haber las dos cosas”, apuntó.

Sobre la postura del presidente de la República, Santiago Peña, ante esta situación, sostuvo que durante la reunión entre ambos que se desarrolló la semana pasada luego de la reunión entre diputados y médicos, lo encontró predispuesto a buscar una solución.

“Al presidente de la República yo lo encuentro predispuesto a encontrar una solución. A mi parecer, el siguiente paso es que la cartera sanitaria, el Ministerio de Salud haga un nuevo planteamiento, un planteamiento que trascienda hablar de la carrera sanitaria, a la carrera médica, que son absolutamente necesarias, ellos están requiriendo una solución más inmediata”, refirió.

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“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar este lunes al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.

“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.

Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.

Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Existe una deuda flotante de más de G. 1 billón que se arrastra año a año, es decir cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos no tiene el dinero para pagar. La imagen financiera del IPS ya da pena”, mencionó como otra de las grandes falencias dentro de la institución.

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Durante la conferencia de prensa, Benítez puntualizó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.

Agregó que el 40 % de dicho trabajo de auditoría se concentró en la previsional. A la vez comentó que existe un desfasaje entre lo que cobra el IPS en concepto de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.

Con relación al tema refirió que los funcionarios de la previsional no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron. “Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, dijo.

A todas las irregularidades se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1 % de rentabilidad.

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