Este martes, desde la Policía Nacional informaron que iniciaron las investigaciones tras el hallazgo del cadáver de un bebé de ocho meses en un pastizal en zona de una comunidad indígena de Capitán Bado, departamento de Amambay. Todo apunta a que la madre de la pequeña, una adolescente de 15 años, fue quien acabó con su vida y luego arrojó el cuerpo.

Según el comisario Francisco López, el hallazgo se produjo durante la noche de ayer lunes, por pobladores de la comunidad indígena, quienes dieron aviso a las autoridades. Teniendo en cuenta a que se encuentran a unos 160 kilómetros de la ciudad, la Policía llegó al sitio esta madrugada y se encontraron con el cuerpo de la bebé de ocho meses, que presentaba una herida a la altura del mentón.

Tras realizar una serie de preguntas a los pobladores, pudieron constatar que la beba era de una adolescente indígena de 15 años, que fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. “No pudimos hablar con la madre sobre el hecho, porque parecía que no entendía lo que estaba pasando”, detalló el comisario, en entrevista con la 1.000 AM.

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Resaltó que aparentemente la bebé estaba llorando mucho y eso disgustó a la madre, que decidió tomarla del cuello con mucha fuerza provocando su muerte. La médica forense Eliana Oliveira, confirmó que la menor llevaba 18 horas de fallecida. “Le apretó el cuello y murió por asfixia”, detalló López.

La bebé sería la segunda hija de la adolescente, esta última permanece en la sede policial de Pedro Juan Caballero. Hasta el momento la madre no fue imputada y la fiscal que lleva el caso trabajará con un organismo de protección de la infancia, teniendo en cuenta que se trata de una niña madre.

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Este sábado, la Policía Nacional detuvo al propietario del arma de fuego que se disparó accidentalmente mientras era manipulada por una niña de 10 años, en el departamento de Paraguarí. La menor falleció anoche mientras estaba internada en el Hospital Nacional de Itauguá.

El hecho se reportó durante la jornada de ayer viernes, en la compañía Mbatoví, del citado departamento. La fiscal Milena Basualdo explicó que la niña que estaba en la casa de sus tíos realizando sus tareas en compañía de sus primos y, aparentemente, necesitaba un lápiz para seguir desarrollando sus actividades, por lo que fue hasta el escritorio donde estaba guardada el arma de fuego.

Cuando se encontró con el arma, la menor decidió tomarla en manos y se salió el disparo. Sus tíos escucharon el disparo y rápidamente llamaron a los bomberos, que la auxiliaron hasta el Hospital Regional de Paraguarí, donde recibió las primeras atenciones, pero debido a la gravedad del caso fue trasladada hasta el Hospital Nacional donde, estuvo internada por varias horas y finalmente se constató su deceso.

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La fiscal ordenó la detención de Iván Guillermo Paredes Davalos, de 64 años, militar jubilado, que sería el propietario del arma de fuego del cual salió el disparo que terminó matando a la niña de solo 10 años. El hombre sería tío de la víctima y permanece recluido en la comisaría primera de Paraguarí.

Basualdo explicó que el militar se expone a una imputación por el supuesto hecho de violación del deber del cuidado. La misma ordenó que el cuerpo de la pequeña sea sometido a una autopsia y luego será entregado a sus familiares.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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En el marco del trabajo en conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Policía Federal del Brasil, se llevó adelante el operativo “Nueva Alianza 49″ en el departamento de Amambay. El despliegue duró 10 días y culminó con 859 toneladas de marihuana eliminadas.

Las incursiones se realizaron en zonas como Itapopó, María Auxiliadora, Alpasa y Ñe’ã, a las que los equipos accedieron por vía terrestre y aérea, debido a la difícil accesibilidad de algunas ubicaciones.

Según el informe de las autoridades, se logró la erradicación de 253 hectáreas de cultivos de marihuana y se eliminaron 100.150 kilogramos de marihuana lista, hallados en bases de producción ilícita. Así también fueron desmantelados 170 campamentos.

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“Esta es una cooperación que lleva sus años ya y los resultados son altamente positivos para ambos países. Estamos hablando de un golpe muy importante a las estructuras criminales cuyo mercado o destino final es casi siempre la República del Brasil. Sabemos que es una temporada de alta demanda de la marihuana y es por eso que nuestros esfuerzos se redoblan para evitar su circulación”, comentó el ministro de la Senad, Jalil Rachid, durante el informe oficial sobre el operativo.

Según estimaciones técnicas, las acciones evitaron la circulación de aproximadamente 859 toneladas de droga, representando un perjuicio económico de 25.774.000 dólares, según su valor en Paraguay, pero se estima que, de haber ingresado al mercado brasileño, las ganancias ilícitas podrían haber superado los 128 millones de dólares.

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