Lideresas comunitarias, indígenas y sindicales demandan protección social, condiciones de trabajo dignas, derechos y servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad para avanzar hacia políticas públicas que reconozcan el valor de su labor.

Dichas demandas fueron presentadas por trabajadoras del cuidado de la primera infancia y trabajadoras del servicio doméstico ante representantes de instituciones públicas a fin de avanzar en el reconocimiento y garantizar sus derechos en Paraguay.

Indicaron que la iniciativa surge en un contexto marcado por la precariedad laboral que enfrentan.

Las demandas fueron presentadas durante el foro “Más derechos, mejores cuidados. Realidades y desafíos desde las experiencias de mujeres trabajadoras del cuidado de la primera infancia”, realizado en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre.

El encuentro reunió a lideresas comunitarias, indígenas y sindicales, junto con instituciones públicas vinculadas al trabajo, la protección social, la educación, las políticas de cuidado y los derechos de la niñez. Las participantes compartieron experiencias y propuestas construidas colectivamente para impulsar respuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

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Según resultados de la encuesta exploratoria de 2025, solo una de cada diez percibe el salario mínimo o cuenta con un contrato escrito, mientras que apenas el 10 % tiene cobertura del IPS.

Las jornadas extensas y la falta de descanso también forman parte de esta realidad: cuatro de cada diez encuestadas trabajan más de ocho horas al día y tres de cada diez no cuentan con días de descanso.

A ello se suman situaciones de violencia y acoso laboral, reportadas por el 20 % de las participantes. Sin embargo, solo el 7 % realizó una denuncia, principalmente por temor a perder su empleo.

Durante el encuentro, las organizaciones y lideresas participantes destacaron que garantizar los derechos de las trabajadoras del cuidado requiere políticas públicas que respondan a las distintas realidades de las mujeres, reconozcan el valor económico y social de su trabajo y promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado.

Desde Conamuri, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, se destacó la necesidad de crear y fortalecer espacios de cuidado comunitarios e institucionales que respondan a las necesidades reales de las trabajadoras. Asimismo, se planteó la importancia de impulsar oportunidades de formación, certificación de competencias, protección social y mejores condiciones laborales.

Por su parte, las cuidadoras comunitarias de Mil Solidarios, del Bañado Sur de Asunción, exigieron salarios dignos, acceso a la seguridad social y programas gratuitos y permanentes de capacitación. También plantearon la necesidad de fortalecer los servicios de salud, mejorar el acceso al agua potable, el transporte y la infraestructura comunitaria, así como garantizar respuestas oportunas ante inundaciones y situaciones de violencia que afectan a niñas, niños y familias.

En tanto, representantes de cuatro sindicatos de trabajadoras domésticas exigieron el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico, que reconoce sus derechos laborales y la igualdad salarial. Entre sus principales demandas destacaron facilitar el acceso al IPS mediante aportes compartidos entre empleadores para quienes trabajan en varias casas, fortalecer los controles para verificar que se respeten sus derechos y promover la certificación de sus competencias laborales. También solicitaron medidas para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo.

Como resultado del foro, representantes de las instituciones públicas asumieron el compromiso de tomar en cuenta las demandas presentadas e impulsar acciones concretas que mejoren sus condiciones laborales.

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En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que modifica los artículos 1º y 6º de la Ley Nº 7349/2024 - De pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”, presentado por la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central). El documento se deriva ahora a la Cámara de Senadores para su consideración.

Durante su tratamiento en el plenario, la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Cristina Villalba brindó detalles del dictamen de aprobación con modificación, conforme a las sugerencias técnicas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El diputado Rubén Rubin, explicó que “son variantes pequeñas, pero de enorme significado: técnicamente pequeñas, de forma, pero de fondo enorme, con un impacto social gigante”, expresó.

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A su turno, la diputada colorada Rocío Abed valoró el alcance de la referida normativa y recomendó su aprobación en carácter de presidente de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer. De esa manera, quedó aprobada una nueva redacción para dar mayor claridad y al mismo tiempo reflejar mejor el objeto del proyecto de ley, según expresaron en el plenario.

La propuesta introdujo la modificación del artículo 6º de la Ley Nº 7349/2024, teniendo en cuenta que el proyecto original proponía únicamente la modificación del artículo 1º.

La iniciativa busca ampliar el alcance del régimen de asistencia económica mensual destinado a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que quedan en situación de vulnerabilidad como consecuencia del feminicidio u homicidio de uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar, a fin de garantizar que la protección estatal no esté condicionada al vínculo biológico con el autor del crimen.

Es importante mencionar que la redacción vigente de la Ley Nº 7349/2024, limita el acceso a la pensión a los descendientes del autor del feminicidio u homicidio. Según los fundamentos del proyecto, esta disposición deja fuera a otros menores de edad y personas con discapacidad que, pese a no ser hijos biológicos del agresor, convivían con la víctima y dependían de ella emocional y económicamente.

Se señala además que, hijastros y otros niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad que integraban el entorno familiar de la víctima también pueden sufrir consecuencias devastadoras, como traumas psicológicos, pérdida del sustento económico, interrupción de su entorno escolar y social, además de una profunda desestabilización de sus condiciones de vida.

Mencionan que esta exclusión puede generar una doble victimización, al privar de asistencia a personas que también quedaron en situación de desamparo como consecuencia de la violencia familiar. Se consideró necesario establecer criterios de protección que contemplen la vulnerabilidad real de quienes sufrieron las consecuencias de estos hechos, independientemente de su vínculo de consanguinidad con el agresor.

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“Es importante elegir a un candidato que defienda la naturaleza”, dice el jefe de la comunidad indígena amazónica de Três Unidos, Waldemir da Silva, para explicar su voto por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas.

Situado a orillas del Río Negro, uno de los principales afluentes del Amazonas, su pueblo de 120 habitantes de la tribu Kambeba ha sufrido mucho en las últimas semanas por el humo de los incendios forestales.

Y Silva teme que la situación empeore con el fenómeno de El Niño, que se anuncia particularmente severo este año en Brasil. “Los incendios perjudican la calidad del aire. Los niños y las personas mayores están en peligro de muerte, varios habitantes han tenido problemas de tos o de visión”, cuenta a la AFP el líder comunitario, de 67 años.

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De su lado, Tatiane Costa, de 38 años, está preocupada por su hija, que estudia en Manaos, la mayor metrópolis amazónica, que el mes pasado fue cubierta durante varios días por una espesa nube de humo.

“Me llamó para decirme que quería regresar al pueblo porque había inhalado mucho humo”, relata. El domingo, los habitantes de la comunidad Três Unidos tuvieron que recorrer diez minutos en barco para votar en un pueblo vecino.

En el trayecto, varios formaron una letra “L” con la mano para mostrar su apoyo al presidente candidato Luiz Inácio Lula da Silva frente a su rival conservador, Flávio Bolsonaro.

En la víspera de las elecciones, Waldemir da Silva organizó un ritual, con cantos, danzas y maracas, para darle al izquierdista Lula “el coraje y la fuerza del jaguar”. Lula cuenta con amplio apoyo de los pueblos indígenas. Al inicio de su tercer mandato, en 2023, creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas.

También reanudó la delimitación de reservas indígenas, interrumpida durante el mandato de su predecesor de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro.

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación aumentó fuertemente en la Amazonía. Su hijo ha prometido frenarla aunque su respaldo al agronegocio genera dudas sobre su cumplimiento.

La familia Bolsonaro “es una amenaza para mí y mi familia”, afirma Tatiane Costa. “Los pueblos indígenas sufrimos mucho los impactos ambientales”, dice por su parte Tainara da Costa Cruz, de 22 años, que ha decidido votar por Lula porque “defiende nuestro territorio y la naturaleza”.

El viernes una enorme porción de selva fue devastada por un incendio en Iranduba, parte del municipio vecino de Manaos, constató un reportero de la AFP. Vistas desde el cielo, las nubes de humo arrastradas por el viento ocultan las grandes extensiones de vegetación verde esmeralda ardiendo.

En el suelo, los bomberos libran una batalla encarnizada para apagar los numerosos focos con mangueras. Cenizas y animales muertos, entre ellos dos iguanas calcinadas, cubren el terreno.

El estado de Amazonas, cuya capital es Manaos, fue afectado por más de 3.700 focos de incendio en septiembre, casi cuatro veces más que en el mismo mes de 2025, según imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

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En 2024, El Niño ya había provocado una sequía y unos incendios forestales excepcionales en Brasil. El gobierno brasileño anunció en julio un fondo de unos 330 millones de euros para prevenir los estragos causados por este fenómeno climático.

“Brasil nunca se había preparado tanto para afrontar El Niño. Todavía no sabemos si lo vamos a lograr, porque aún no sabemos cuál será su magnitud, pero nunca habíamos trabajado con tanta rapidez para evitar que la población sufra”, declaró Lula el mes pasado.

Fuente: AFP

Desde las primeras horas de este domingo, los electores comenzaron a acercarse a los locales de votación de todo el país para participar de las Elecciones Municipales 2026. La jornada electoral se inició a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00, horario establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Entre los ciudadanos que concurren a sufragar se encuentran también adultos mayores y personas con discapacidad, quienes acuden a ejercer su derecho al voto en los 263 distritos donde se desarrollan los comicios. En los distintos locales se observa la presencia de electores que llegan acompañados por familiares o personas de confianza, así como ciudadanos que se movilizan en sillas de ruedas u otros elementos de apoyo.

Para estos electores, la Justicia Electoral dispone de mecanismos destinados a facilitar el acceso a las mesas receptoras de votos y garantizar su participación durante la jornada. El voto preferente es uno de los mecanismos contemplados para esta jornada y se aplica en todos los locales de votación.

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Las personas con discapacidad y los adultos mayores tienen prioridad para sufragar, por lo que no están obligados a permanecer en las filas de espera. Esta preferencia también alcanza a mujeres embarazadas y mujeres con niños lactantes. Asimismo, cada local cuenta con una Mesa de Consulta, ubicada en un lugar de fácil acceso, donde se brinda información y asistencia a las personas que requieren apoyo para ejercer su voto.

Los facilitadores pueden orientar sobre los mecanismos de Voto Accesible y colaborar con el traslado del elector hasta la mesa correspondiente. Las personas con dificultades para movilizarse pueden acceder a las mesas accesibles, mientras que quienes presentan determinadas discapacidades que dificultan la emisión autónoma del voto pueden recurrir al voto asistido.

Para las Elecciones Municipales 2026, la Justicia Electoral estableció que el acompañamiento dentro del cuarto oscuro está limitado a electores con discapacidad visual o discapacidad en los miembros superiores, con el objetivo de preservar el secreto del sufragio.

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La jornada electoral contempla además el programa Voto en Casa para electores que, debido a una discapacidad motora severa o a determinadas condiciones de salud, no pueden trasladarse hasta su local de votación. Esta modalidad se encuentra habilitada en 13 ciudades, entre ellas Asunción, Capiatá, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Ñemby y Ciudad del Este.

Mientras avanza la mañana, los locales de votación reciben a electores de distintas edades que concurren para elegir a sus próximas autoridades municipales. La votación se desarrollará hasta las 17:00.